Por medio de sus heraldos, los banqueros y políticos que tienen la larga cola atrapada en la ratonera del Fobaproa han mandado decir que si el PRD quiere de veras ocupar ``el centro político'' y transformarse en un partido de izquierda ``moderno'', debe, pero ya, hacer lo siguiente:
-Cancelar el plebiscito del 30 de agosto sobre la iniciativa presidencial del doctor Ernesto Zedillo.
-Ordenar a sus diputados que aprueben, sin chistar, el paquete de 552 mil millones de pesos donado generosamente por el régimen a los hombres más ricos del país y al PRI.
-Votar en el Congreso de la Unión, junto con el PRI, de modo que tan extraordinaria suma se convierta en deuda pública.
-Olvidar la exigencia de que se investigue y sancione con el máximo rigor a quienes se robaron toda esa montaña de dinero, protegidos por la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
-Renunciar, de manera indefinida, al propósito de crear nuevas leyes para castigar con penas corporales los llamados delitos de cuello blanco, que permitieron a banqueros y empresarios recibir 350 mil pesos cada hora de cada día de 1994 a 1998, hasta el minuto en que usted, o usted, o usted también, está leyendo esta línea, y...
-Por todo ello, dedicarse única y exclusivamente a competir en las elecciones, sin criticar en modo alguno las políticas públicas, privadas o secretas del régimen, ni oponerse al puñado de hombres de negocios que controla 70 por ciento de la Bolsa de Mexicana de Valores, produce 70 por ciento de las mercancías que salen de las fábricas mexicanas, posee 70 por ciento del dinero depositado en los bancos del país y aspira a quedarse, por lo menos, con 70 por ciento de la industria petroquímica, de los ferrocarriles nacionales y de los aeropuertos, que tratan desesperadamente de privatizar.
Ocupar ``el centro político'', según los heraldos del dinero, significa adoptar como programa de lucha los designios de los grupos financieros --y de los gansters aledaños a ellos--, que hoy por hoy son dueños de 70 por ciento de México. Para tal efecto, dicen los patrones, el PRD ha de comportarse como un partido de izquierda ``moderno'', esto es, obediente, obsecuente y sumiso. De otra forma, que se despida del 2000.
Tal fue el mensaje. Veamos la respuesta.
Lunes 10 de agosto de 1988 en el Salón Riviera del Distrito Federal, 5 pm. Abarrotados la planta baja y el primer piso del local, Andrés Manuel López Obrador encabeza un encuentro con las organizaciones sociales del PRD capitalino, para explicar el Fobaproa y la importancia del plebiscito.
La asamblea es una réplica de aquellas que el presidente nacional del PRD ha celebrado --a partir del martes 4 de agosto y con excepción del sábado 8 y el domingo 9-- en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco, Tlaxcala, Colima, Querétaro y Guanajuato.
De pie, ante el podio, habla la diputada Dolores Padierna.
``Aprovechando la crisis de 1994, los banqueros transfirieron todas sus pérdidas al Fobaproa. Se hicieron autopréstamos que nunca pagaron, y los declararon como cartera vencida para meterlos al Fobaproa y recibir nuevos beneficios económicos.
``Pero los banqueros, asimismo, concedieron préstamos a empresas inexistentes, los declararon cartera vencida, los metieron al Fobaproa y obtuvieron más ganancias. Y, asimismo, cruzaron préstamos entre bancos amigos, los declararon cartera vencida, los metieron al Fobaproa y volvieron a salir ganando.
``En otros casos, los banqueros vendieron certificados de cartera vencida, que eran incobrables, y en otros casos también, desviaron los fondos de los ahorradores para financiar a sus propias empresas, y luego acudieron al Fobaproa para cubrirse ante el público.
``Más de la mitad de los 552 mil millones de pesos que el Fobaproa canalizó hasta febrero de 1998, fue para rescatar a 604 empresas de banqueros e industriales vinculados con el gobierno.
``Pese al volumen escandaloso del monto, pese a las numerosas irregularidades que había en las operaciones, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda en ningún momento metieron las manos para tratar de poner orden. La estafa cometida en contra de todos los mexicanos es muy grande y no tiene precedente histórico en nuestro país.
``El Congreso de la Unión tiene la obligación moral y el mandato constitucional de investigar a fondo estas graves irregularidades, que atentan contra el patrimonio de todos los mexicanos. No puede ser de otra manera'', dijo.
Pero ésa, todavía, no era la respuesta.
Rebasados totalmente por la iniciativa política del PRD y por el entusiasmo de la población que ha hecho suya la idea de llevar a cabo la consulta y castigar a los responsables, el régimen se ha visto obligado a reforzar su gabinete de crisis.
Guillermo Ortiz, uno de los principales sospechosos que ineludiblemente deberá ser investigado --como secretario de Hacienda del 22 de diciembre de 1994 al 2 de enero de 1998, estuvo al tanto de, o permitió por inepto que se hicieran, todos los enjuagues--, ha sido devuelto a las tinieblas del Banco de México.
Y mientras tanto, José Angel Gurría, el actual secretario de Hacienda --a quien de poco o nada le han servido los buenos o malos oficios de Javier Arrigunaga, director del Fobaproa, o de Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores-- integra una nueva pareja con Francisco Labastida Ochoa, titular de Gobernación.
Distraído momentáneamente de su muy personal guerra de exterminio contra los indios de Chiapas, Labastida --con el concurso del subsecretario Jorge Alcocer-- no ha hecho aportaciones notables, desde el punto de vista del Ejecutivo federal, para encauzar por vías democráticas la discusión política del peor escándalo del siglo.
Como antes lo hicieran Gurría y Ortiz, Labastida se ha sumado al coro del oficialismo bajo sospecha que propala con insistencia una mentira: el Congreso de la Unión, dice, no puede conocer en detalle los tejes y manejes del Fobaproa, porque de ese modo los hombres del Presidente de la República incurrirían en el delito de revelar el secreto bancario.
¿Qué es el secreto bancario? Según el artículo 117 de la Ley General de Instituciones de Crédito (LGIC), éstas ``en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio''.
¿Y qué son las instituciones de crédito sobre las cuales pesan estas normas? El artículo segundo de la LGIC las define: ``I. Instituciones de banca múltiple, y II. Instituciones de desarrollo''. El economista José Blanco expone al respecto (La Jornada, 11/VIII/98): ``... el Banco de México no es banca múltiple ni banca de desarrollo, sino banca central y, por tanto, no le es aplicable el artículo 117 de la LGIC referido al secreto bancario''.
Así que, de acuerdo con la ley vigente en la materia, Labastida y Gurría no están diciendo la verdad, y se sirven de una falacia jurídica insostenible para encubrir el máximo desfalco perpetrado por unos cuantos contra el interés de todos los mexicanos.
Vuelta a la reunión del lunes en el Salón Riviera. Ha terminado el discurso de Dolores Padierna, ahora ante el micrófono habla el diputado local Martí Batres, quien ocupa un cargo prominente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En el aire flota la advertencia de los heraldos del dinero: el PRD necesita volverse cómplice de los propietarios de 70 por ciento del país, para que éstos le otorguen la Presidencia de la República en el próximo sexenio.
Desmadejado por la fatiga que supone visitar dos capitales estatales cada día, López Obrador alza una mano para aplacar la ovación de sus partidarios y dice:
``El gobierno ha hecho una propuesta a nuestros compañeros legisladores. Si aprobamos el Fobaproa como está, durante el próximo periodo de sesiones, el gobierno se compromete a destinar al pago de la deuda pública ocasionada por el Fobaproa 30 mil millones de pesos en el primer año''.
Pero nosotros, agrega, ``no podemos permitir que un saqueo de esta magnitud, que fue hecho mediante operaciones de interés público, sea convertido en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos, sin que el país sepa de qué se trata. Y si exigir justicia y transparencia significa que no nos vamos a entender con ellos, pues ni modo, no nos entenderemos. Pero un pueblo tan empobrecido como el nuestro no va a pagar las deudas de algunos de los hombres más ricos del mundo''.
Y ésa, ahora sí, fue la categórica respuesta.
Valiente ``normalidad democrática'' se vive en México. Desde una posición del todo abusiva, todos los canales de la televisión privada han sacado del aire el debate sobre el Fobaproa. Desde que Labastida Ochoa se incorporó al gabinete de la crisis, la caja con antenas ha excluido de todos los noticieros --menos del canal 40-- las denuncias, las críticas, los reclamos y las propuestas de los dirigentes y senadores y diputados del PAN y del PRD.
El tema no existe en la pantalla chica, y esta privación viola los derechos humanos y las libertades ciudadanas de todo un pueblo. Sin embargo, en todos los canales de televisión y en todas las estaciones de radio, a toda hora del día y de la noche, el ``gobierno'' repite y machaca su propia, incomprensible, versión sobre las bondades abstractas del Fobaproa. Así, contra las dos terceras partes del Congreso de la Unión, que fueron electas en un proceso que elogió el doctor Zedillo en su momento, el régimen aplica hoy la misma táctica de guerra sucia en los medios, que ha empleado tantas veces contra el EZLN.
Los juzgados números 3 y 8 del ramo de lo civil, a todo esto, han admitido las demandas de juicio de amparo promovidas por los primeros 21 pacifistas italianos que fueron expulsados de México ``para siempre'' el pasado 10 de mayo, así como la del estadunidense Tom Hansen, a quien el gobierno echó, en su caso concreto, por ``intervenir en actividades ilícitas como observar los diálogos de San Andrés y participar en el encuentro contra el neoliberalismo''.
La abogada Bárbara Zamora, representante legal de todas las víctimas de la escalada xenófoba de abril, mayo y junio, le dijo al tonto del pueblo que, en una típica ``chicana'', la Secretaría de Gobernación niega haber expulsado a ningún extranjero. De tal suerte, a éstos les corresponderá, en el abultado expediente italiano, demostrar que fueron secuestrados en el Salón Quetzal del aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México y transportados contra su voluntad, en un avión de Taesa, al aeropuerto Leonardo da Vinci, a 25 kilómetros de Roma.
Aclaración oportuna a todas y todos los que por Internet, o personalmente, se han comunicado para solicitar una autorización escrita que les permita poner en escena, sin peligro de ser demandados, El gran teatro del Fobaproa, espectáculo de cabaret, o de teatro de calle, de carpa, de títeres, de circo, o de mimos, dice el tonto del pueblo, que nace como obra de dominio público y sobre el cual nadie puede reclamar derechos de autor o regalías de ninguna índole, aunque éstos, según la ley, sean irrenunciables.
Excepto, léase bien, excepto en el caso de que cualquiera de sus personajes, situaciones y chistes sean utilizados por Televisión Azteca.