PGJDF: $43 millones, el fraude de Peña Garavito

Humberto Ortiz Moreno Ť La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ampliará el ejercicio de la acción penal en contra de Fernando Peña Garavito por el delito de administración fraudulenta, ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de funciones y atribuciones, en perjuicio patrimonial de las arcas del gobierno capitalino por más de 43 millones de pesos derivados de un segundo contrato con la compañía Cosmocolor, cuyo monto total es superior a los 143 mil millones.

De este monto, al menos la tercera parte sería producto de la supuesta sobrefacturación al aplicar un índice inflacionario superior al que marcaba en 1995 el Banco de México, según informes contenidos en las indagatorias.

La integración de la averiguación previa estaba en proceso de conclusión y en las próximas horas el pliego consignatorio sería presentado ante el juzgado 59 penal. Sobre este asunto, Jorge Kahwagi Gastine, director de la empresa, declaró anteayer ante el MP.

En el expediente ministerial del caso aparece una declaración de Peña Garavito en la que reconoce haber contratado los servicios de un sistema satelital de comunicaciones y telecomunicaciones, sin detrimento para el patrimonio del DDF --asegura--, pero no especifica para qué lo quería operando en la oficina de licencias.

En la víspera de que la juez 59 penal, Eva Verónica de Gyves Zárate, resuelva la situación jurídica de Peña Garavito, el MP confía en que el ex funcionario reciba el auto de formal prisión y la impartidora de justicia ratifique la negativa a otorgar la libertad provisional bajo caución al indiciado.

Y es que, conforme a los avances de las investigaciones, en las próximas horas sería consignada la averiguación previa al juzgado correspondiente para que éste, en su caso, librara una nueva orden de aprehensión en contra del hoy director de Playas de la Sectur con licencia.

Por lo pronto, la defensa de Peña Garavito promovió otro amparo de los denominados locos contra cualquier orden de aprehensión girada por cualquiera de los 66 jueces penales.

El juez 9 de Distrito, Cuauhtémoc Carlok Sánchez, exigió una garantía de 20 mil pesos para otorgar la suspensión provisional y fijó para hoy la audiencia incidental en la que los abogados del acusado deberán presentar la documentación necesaria que acredite la solicitud de la protección de la justicia federal para su cliente. El próximo 20 de agosto será la audiencia constitucional donde el juzgador definirá si concede o no el recurso.

Y mientras ayer comparecían ante el juzgado 59 dos testigos de descargo a favor de Peña Garavito, a saber Francisco Bojórquez Hernández y Mario Rodríguez de Aguilar, quienes fueron los encargados de entregar la licitación a Cosmocolor, peritos y ministerios públicos, junto con los defensores de Peña, realizaron una inspección a los archivos jurídicos del gobierno capitalino para verificar y, en su caso, confirmar las fechas en que fueron suscritos los convenios entre dicha empresa propiedad de Jorge Kahwagi y el DDF.

Los abogados de Peña alegan que su cliente en realidad no firmó el contrato con Cosmocolor el 11 de mayo de 1995, sino que fue formalizado hasta el 5 de junio. El ex funcionario tenía facultades para suscribir el convenio hasta el 12 de mayo, por lo que los litigantes esperan comprobar que en la fecha posterior su defenso ya estaba en uso de atribuciones para estampar su rúbrica.

Sin embargo, con esto --según el MP del caso-- estarían colocando a Peña en un nuevo tipo penal por haber simulado la firma de un contrato en fecha fuera del plazo legal. Y es que su firma aparece en el contrato registrado el 11 de mayo. ``Tendría que investigarse el propósito de estos movimientos...''.

Mientras, Jorge Kahwagi compareció el miércoles pasado ante el MP y, si bien ratificó puntos contenidos en su declaración en el juzgado 59 penal, hizo comentarios que arrojan algunas líneas a investigar.

El ex presidente de la Canacintra y director de Cosmocolor aseguró que a través de su empresa el gobierno del Distrito Federal obtenía mejores precios que si acudiera directamente a Kodak y, mejor aún, ``sin licitación'' de por medio.

La representación social apuntaló la pregunta: ¿Puede decirnos usted cómo el Departamento del Distrito Federal obtenía mejores precios con usted mediante su intervención? Y Kahwagi reiteró que como intermediario.

Así, el MP no descarta citar a declarar a los apoderados legales de Kodak para corroborar lo dicho por el empresario.

Funcionarios de la PGJDF descalifican las estrategias utilizadas por la familia y defensores de Peña Garavito para deslegitimar la acción penal en contra del acusado, pues la madrugada en que fue detenido estaban con él sus cinco abogados, su secretario particular, Miguel Angel Solís; sus familiares, y Enrique Niembro, zar de los bares y de las bebidas embriagantes en la capital y amigo de la familia, todos tomando café tranquilamente en torno de una mesa y con una copia del Código Penal cada uno a la mano.