Alejandro Nadal
Confesiones de la SHCP

Ya salió a la venta el libro con las confesiones del gobierno sobre el Fobaproa. Su título no es imaginativo, pero sí preciso: Fobaproa: la verdadera historia. Destacan dos confesiones que harán historia en los anales de la política económica.

La primera gran confesión de la SHCP (páginas 38, 91-92 del libro): los pagarés en poder de los banqueros y emitidos por el Fobaproa generan intereses capitalizables cada tres meses. Ya se sabía que todos los intereses producidos por los pagarés del Fobaproa, y el capital inicial, se pagan a la fecha de vencimiento que es de diez años. Pero no se había aclarado que cada tres meses los intereses serán capitalizados para que generen más intereses. De aceptarse la iniciativa del gobierno vamos a tener en materia de deuda pública interna el mismo problema que ha agravado el problema de la cartera vencida. ¿Cómo es posible que el fiduciario y el gobierno emitan pagarés que contengan un premio tan importante para los banqueros?

Este hecho hace absolutamente impagable la deuda que pretende haber contraído la SHCP con su aval al Fobaproa. Un cálculo preliminar revela la quimera del gobierno en este terreno: supongamos que de los 552 mil millones de pesos (mmdp) que son los pasivos del Fobaproa se recupera el 40 por ciento, como supone la SHCP (en realidad es un supuesto optimista y se espera un nivel de recuperación de 25 por ciento). El monto a consolidarse como deuda pública es entonces de 331 mmdp. Si ahora utilizamos una tasa de interés de 18 por ciento, y una fecha uniforme de vencimiento de esos pagarés (digamos 2005) la deuda pública interna por concepto del Fobaproa en 2005 será de 1.73 billones de pesos (un millón de millones, 700 mil 300 millones de pesos). En realidad, como los intereses son capitalizables cada tres meses, el monto a la fecha de vencimiento es mayor.

Ahora por fin se nos aclara que de manera muy diligente se les ofreció a los banqueros que cada tres meses se les abonarían los intereses generados para que siguieran produciendo intereses. No bastaba darles pagarés emitidos irresponsablemente por un fideicomiso sin recursos, y darles un aval espurio (y nulo de pleno derecho) del gobierno federal. Para rescatar a la economía mexicana, y para evitar el pánico financiero, etcétera, había que ofrecer, además, intereses capitalizables.

La segunda confesión concierne a la destrucción del fideicomiso y su transformación en una fuente de recursos. El libro señala que el Fobaproa fue creado para atender problemas financieros de instituciones aisladas, no para enfrentar una crisis como la de 1995 que rebasó los recursos del Fobaproa. Cuando eso sucedió, el gobierno federal tuvo que respaldar al Fondo mediante la garantía de deuda que éste emitió para permitirle seguir adelante. Es la misma tesis de la Asociación de Banqueros de México: ante la insuficiencia de recursos, el Fobaproa tuvo que ``contratar pasivos''.

La destrucción del Fobaproa surge cuando sus directivos hacen caso omiso de la falta de recursos y ``emiten deuda'', alegando que tienen facultades para ello. Es como si una persona con cuenta de cheques hace caso omiso de sus recursos insuficientes y ``emite cheques''. Por supuesto que la ley le faculta a emitir cheques, desde el momento en que tiene una cuenta en un banco para emitirlos. Pero no le faculta emitir títulos por encima de su capacidad de pago y sus recursos disponibles. Desde luego, la Ley de títulos y operaciones de crédito es mucho más estricta tratándose de fideicomisos en donde el fiduciario está administrando recursos ajenos (artículos 346-359).

En lugar de prestar su aval a pagarés con intereses capitalizables, el gobierno debió respetar los topes de endeudamiento autorizados por el Congreso. Además, debió acatar la Ley general de títulos y operaciones de crédito, supervisando a los directivos del Fobaproa y detenerlos en su loca carrera para emitir más y más pagarés. La hipótesis más probable es que los directivos del Fobaproa incurrieron en un ilícito mayor como fiduciarios y los funcionarios del gobierno federal que avalaron su acción están implicados.

Estas revelaciones de la SHCP dan el tiro de gracia a la iniciativa del gobierno sobre el Fobaproa. Ahora toca diseñar alternativas de gobierno y de gestión de la política económica.