La actitud honesta del PRD ante el Fobaproa desató reacciones desordenadas de quienes sienten el riesgo de verse públicamente comprometidos con las páginas negras del mencionado rescate bancario. Aparte de la anticonstitucionalidad que rodea el propósito de convertir su faraónico pasivo en deuda pública, y sin considerar otros actos gubernamentales que violan el estado de derecho, las críticas lanzadas contra el PRD son argucias deleznables: afirmar que el Partido de la Revolución Democrática sólo busca ventajas electoreras al incluir el caso Fobaproa en el debate público, es síntoma de una mala fe sin perdón.

Político es todo lo que tiene que ver con las cosas públicas, con el interés de la comunidad por tratarse de asuntos vinculados al bien o el mal de todos y cada uno de los habitantes del país; no pertenece la política a la intimidad de los individuos, a la relación de su conciencia consigo mismos y las instancias morales del comportamiento humano; la política abraza lo que está más allá de la intimidad individual, aunque sus asuntos la afectan del mismo modo que a la sociedad. Si a la política agregamos el poder, nos hallamos frente al poder político o facultad que el pueblo otorga al Estado para que éste ponga en marcha programas que satisfagan las demandas de la población conforme a sus ideales y esperanzas; el poder político, por lo demás, no es otra cosa que la soberanía o voluntad nacional transformada en las funciones del Estado que ejercen de manera concreta los órganos del gobierno: presidencia, legislatura y tribunales.

Desde los esfuerzos de Hidalgo por dar al país un gobierno hasta nuestra más reciente Asamblea Constituyente, México eligió el constitucionalismo escrito para dar cuerpo normativo a su existencia independiente; por la vía constitucional edificó un Estado que lo encauzara democráticamente hacia el logro de sus finalidades, en el contexto de un estado de derecho expresado en una Carta Magna que define sus funciones soberanas, la estructura del gobierno y los altos paradigmas éticos que deben mudarse en historia. Obvio es que dentro de un estado de derecho la autoridad sólo puede hacer aquello que la ley expresamente le autoriza, pues de lo contrario infringe la libertad del hombre.

Las conclusiones saltan como liebres desesperadas. Toda decisión sobre intereses generales es intrínsicamente política, y muy especialmente si tiene que ver con el erario público formado con los ingresos de la población que captan los impuestos. Como el Fobaproa en sus operaciones de rescate bancario utilizó títulos gubernamentales (pagarés) para adquirir carteras vencidas, títulos apoyados en la hacienda del Estado, tales actos implican necesariamente el uso de recursos sociales, y por esto el PRD al exigir que lo hecho por Fobaproa se haga del conocimiento público y al dar a conocer algunos nombres de comprometidos con aquellas operaciones, únicamente ha cumplido con sus deberes de partido político. El PRD, el PAN, el PT o el diputado independiente Marcelo Ebrard tienen derecho político de exigir tal información del mismo modo que todos y cada uno de los ciudadanos. Argumentar que el Fobaproa está protegido por el secreto bancario es hablar sin base alguna. Recordemos los consejos de Don Quijote a Sancho: si las mentiras escudan inocencia pueden perdonarse, mas si esconden pecados graves son aborrecibles maniobras del Maligno. No es lo mismo, Sancho, la necedad del necio que la necedad del truhán.