En indefensión legal, la mayoría de niños explotados sexualmente

Angeles Cruz Ť ``No se aplicará sanción cuando se compruebe plenamente que la persona ofendida, siendo mayor de 12 años y dedicándose a la prostitución dio su consentimiento'' para las relaciones sexuales con el adulto, reza el artículo 241 del Código Penal de Chihuahua que permitió la liberación de Carlos Porras Trejo, funcionario de la Secretaría de Salud en el estado de Chihuahua, a pesar de que fue señalado directamente por un niño mayor de 12 años de abuso sexual. Además, en el domicilio del inculpado se encontraron videos pornográficos con menores de edad.

Así es la falta de protección jurídica de las víctimas de prostitución y pornografía infantil, la cual se agrava con el hecho de que ni la pornografía ni el turismo sexual infantil están tipificados como delitos en el código penal.

Durante la última sesión del Seminario sobre explotación sexual comercial de menores. Experiencias internacionales y un plan de acción para México, los participantes acordaron promover una iniciativa de ley de protección del menor, única en todo el país; homologar la edad penal a nivel nacional a 18 años para evitar casos como el mencionado; tipificar con mayor severidad los delitos cometidos por los cuerpos policiacos, y otorgar plena validez a las denuncias que sean presentadas por el DIF estatales y municipales.

Ayer, representantes del DIF en diversos municipios expusieron durante el acto sus experiencias en la materia. Con el resto de los asistentes concluyeron en la necesidad de impulsar un marco legal homogéneo para todo el país y crear agencias del Ministerio Público especializadas en menores.

Asimismo, se convino en implementar reglamentos en hoteles y bares a fin de prohibir el ingreso de menores de edad y establecer una comisión revisora de la legislación en cada estado de la República.

Efrén Hernández, director general del DIF en Quintana Roo, destacó que el 75 por ciento de los menores involucrados en la prostitución provienen de los estados de Yucatán, Campeche, Chiapas y Quintana Roo. El resto es originario del Distrito Federal y Veracruz. Como parte de los obstáculos para abatir los abusos sexuales en contra de los niños, el funcionario mencionó la complicidad de autoridades.

En Cancún, mencionó el funcionario, un recorrido de representantes del DIF por 71 bares, centros nocturnos y casas de cita ubicó a 423 niños y niñas de 14 a 17 años desempeñando actividades como prostitutas, meseras, bailarinas, ficheras, vendedores y mozos; sin embargo, la carencia de un Consejo Tutelar para Menores impide actuar en su defensa, señaló.

Como resultado de los operativos organizados por las Coordinaciones de Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles (Meced) y Desarrollo Integral del Adolescente (DIA), también se localizaron los centros que permiten el ingreso a menores de edad y los que presentan desnudos como parte del espectáculo.

El caso de Ciudad Juárez

Respecto a la situación de prostitución y pornografía infantil en Ciudad Juárez, el director del DIF municipal, Rafael Hernández Carlos, detalló que del total de la población que habita en Chihuahua, el 40 por ciento es adolescente que está expuesta a los mayores riesgos de abuso, abandono, violencia, pobreza e ignorancia.

Específicamente se refirió al abuso sexual de que fueron víctimas al menos siete niños durante alrededor de dos años. De acuerdo con la investigación iniciada en julio de 1997, un indigente y un jardinero se dedicaban a captar a los menores que después entraban en contacto con el doctor Porras Trejo.

A cambio de 10 dólares y regalos de diversos tipos, los niños eran sometidos a prácticas sexuales que, por otra parte, ellos no veían mal, pero más bien ``no tenían la conciencia de que lo que hacían era un abuso e iba en contra de su dignidad como seres humanos'', apuntó Hernández Carlos.

Lo peor del caso es que los delitos se descubrieron por casualidad, cuando algunos de los afectados fueron recluidos en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores por haber cometido algunos ilícitos. Ahí se les practicaron algunas entrevistas por las cuales se descubrió que vivían con un adulto ajeno a su familia. Indagatorias posteriores permitieron ubicar a los dos sujetos y su ``sistema de trabajo''.

Tanto al indigente como al jardinero se les sigue un proceso judicial por corrupción de menores, violación por equiparación y lenocinio, mientras que el funcionario del sector salud obtuvo su libertad debido a que sólo una de las víctimas, mayor de 12 años, de edad lo señaló como su agresor.