De acuerdo con información que se publica hoy en estas páginas, recientemente quedó impune, en Chihuahua, un caso de abuso sexual de varios menores de edad, a pesar de que una de las víctimas identificó a su agresor --para colmo, funcionario de la Secretaría de Salud--, quien, además, guardaba en su casa videos de pornografía infantil. Una laguna en el Código Penal del estado, en el cual no se penaliza el abuso sexual si la víctima es mayor de 12 años, permitió que así ocurriera. Este y otros casos de vejación sexual, prostitución y pornografía infantil fueron expuestos en el Seminario sobre Explotación de Menores que concluyó ayer en Quintana Roo.

El indignante episodio referido, así como las alarmantes cifras dadas a conocer en ese foro sobre la cantidad de niños y niñas que son explotados sexualmente --en Cancún y en muchos otros puntos de México y de diversos países--obliga a reflexionar acerca de la indefensión en la que se encuentran los menores ante lo que parece conformarse como la industria internacional de la prostitución y la pornografía infantiles. Aunque se trata de fenómenos poco conocidos --en parte por su carácter de actividades clandestinas e inconfesables--, la información de que se dispone permite inferir que estas modalidades de explotación lesiva y degradante se articulan y funcionan en el contexto de las profundas desigualdades económicas de las sociedades y entre las naciones: no puede pasar inadvertido que las víctimas de estos abusos son, en su gran mayoría, niñas y niños ubicados en los niveles de mayor desamparo económico y social, en países que, como México, tienen a una buena parte de su población condenada a la marginalidad, la pobreza, la falta de educación y la desintegración familiar.

En contraparte, la porción más importante de los clientes y consumidores del denominado turismo sexual, así como de la pornografía y la prostitución infantiles, se localiza en naciones ricas y desarrolladas, particularmente en Estados Unidos y diversos países de Europa occidental. Esta situación evidencia que esta nueva industria es, antes que nada, un ejercicio de poder económico y de privilegio social que se desarrolla, muchas veces, en las lagunas y omisiones de la legislación, como lo muestra el caso ocurrido en Chihuahua.

Ante el crecimiento de estas actividades en nuestro país, es necesario que las autoridades y la sociedad cobren conciencia de su gravedad y asuman la responsabilidad de enfrentarlas en diferentes ámbitos: si bien es necesario emprender modificaciones legales para tipificar como delito toda manifestación de abuso o explotación sexual de menores, deberían emprenderse, paralelamente, acciones orientadas a atender a los núcleos de población más afectados por la pobreza, la marginación y la desintegración familiar, que son los escenarios donde los traficantes de la miseria humana encuentran a la mayor parte de sus víctimas.

Finalmente, y ante los datos de que las actividades referidas son realizadas en su mayor parte por mafias que trascienden las fronteras, la lucha contra la explotación sexual de los menores tiene que desarrollarse tanto en el contexto nacional como en el internacional, y en un marco de cooperación entre los gobiernos.