Astillero Ť Julio Hernández López

Ciertamente, las pretensiones originales del gobierno federal respecto al caso Fobaproa ya han palmado. Don Porfirio podrá desdecirse y adjudicarles a los reporteros la condición de inventores de declaraciones. Pero los hechos concretos muestran que, en efecto, las rígidas intenciones gubernamentales primarias ya fenecieron.

Ahora, se buscan puntos de conciliación que permitan sacar adelante el caso Fobaproa haciendo concesiones a quienes se han opuesto secamente al plan inicial y, al mismo tiempo, manteniendo lo posible de ese proyecto que en principio se anunciaba como inmodificable.

Es difícil bordar sobre las posibilidades de destrabamiento que se podrían desprender de este presunto cambio de actitud del gobierno federal. Nadie debería sorprenderse si en homenaje a la política pendular tan practicada en la actual administración federal, mañana se tuviera el retorno de las posturas endurecidas y se diera marcha atrás a los bocetos de acuerdos privados que ya se tienen.

Pero, sin lugar a dudas, la intención original del zedillismo de convertir la totalidad del Fobaproa en deuda pública ha sido ya herida de muerte. Priístas de diverso calibre han manifestado ya posturas proclives a la enmienda, que instalan la discusión en el terreno de lo negociable. Hay, además, expresiones en privado y en voz baja que revelan el fuerte malestar de los miembros del PRI por el caso Fobaproa, al que entienden claramente como elemento letal para su partido en las próximas elecciones.

El propio secretario de Gestión y Acción Social del comité nacional priísta, Marcos Bucio, ha dicho, por ejemplo, que el saneamiento y compra de cartera de los bancos fue decisión ``del Ejecutivo, y el PRI no fue consultado ni en la toma de decisiones ni en la aprobación del Fobaproa''. El deslinde fue más alla: el PRI, dijo Bucio, no es responsable de la operación de gobierno ni mucho menos de los probables delitos cometidos en torno al Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

Un dato más: el gobierno, en la reunión del llamado grupo de alto nivel, formado por los secretarios de Gobernación y de Hacienda (los presidenciables Francisco Labastida Ochoa y José Angel Gurría), más los coordinadores de las fracciones partidistas parlamentarias, anunció que habrá un mecanismo de suministro de información sobre los créditos del Fobaproa organizado en dos paquetes y acompañado de una exigencia de sigilo.

El cambio de postura del gobierno federal tiene dos motivos de fondo: la irritación popular sobre el tema, desatada sobre todo a partir de la campaña informativa desplegada por el PRD, y la necesidad de conjurar protestas e incidentes en el Informe presidencial que se rendirá el mes de septiembre.

La disposición gubernamental a explorar mecanismos conciliatorios ofrece a los tres principales partidos nacionales, oportunidades de corrección y mejoría de sus propios posicionamientos públicos sobre el tema.

En el caso del PRI, le permitirá asumir actitudes cuidadosamente críticas del manejo gubernamental del tema y abrirse caminos de justificación para la temporada electoral en puerta.

El PAN, por su parte, recuperará parte de la capacidad de negociación que había perdido al desvanecerse las posibilidades de alianza con el PRI, y al ser llevado por la dinámica de los hechos a una postura incómoda por cuanto que algunos de sus cuadros más distinguidos son justamente beneficiarios del embrollo del Fobaproa.

El PRD, mientras tanto, tendrá la oportunidad de reducir el tono de su campaña de divulgación que, a juicio de algunos de los directivos más negociadores de ese partido, estaría enfrentándole con los poderosos segmentos del gran capital y con la sensibilidad de medianos y pequeños empresarios, a los que la cruzada perredista sobre el Fobaproa les parece un planteamiento peligroso por cuanto aviva enfrentamientos clasistas.

Palmó una parte de la embestida contra la ombudsman jalisciense

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró improcedente la denuncia que contra la ombudsman de Jalisco hizo un consejo consultivo del gobierno estatal, acusándola de obstruir acciones contra limpiadores de parabrisas y otros trabajadores callejeros de la ciudad de Guadalajara.

Un escrito oficial, firmado por el doctor Dante Schiaffini Barranco, director general de la CNDH, establece que hay una ``notoria improcedencia'' en el asunto presentado por algunos de los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, contra Guadalupe Morfín Otero y Sandra Verónica Delgado King, quienes son presidenta y cuarta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ese estado.

Como aquí se ha explicado en anteriores columnas, las dos damas de referencia fueron enfrentadas por la cúpula del citado consejo consultivo, luego que se opusieron a las acciones contra payasitos, lanzafuego y limpiadores de parabrisas a quienes las autoridades municipales y una parte de los consejeros de seguridad pública consideraron responsables de acciones delincuenciales y, por tanto, decidieron expulsar de sus cruceros de trabajo y aplicarles agresivas medidas disuasorias.

Uno de los puntos que los demandantes de castigo para la ombudsman y la cuarta visitadora consideraron como lesivo de sus derechos humanos fue que se hiciesen declaraciones públicas censurando los operativos policiacos contra los limpiaparabrisas. Al respecto, la CNDH recordó el marco legal por el que se faculta a los principales funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a emitir pronunciamientos y recomendaciones sin ser sujetos de responsabilidad civil, penal o administrativa.

Por último, paradojas de la vida, la comisión nacional remite a los quejosos a la comisión estatal para que sea en esa instancia donde se continúe ``con la integración del expediente que inició de oficio y resolverlo conforme a derecho''.

Así que, en el plano nacional, la aberrante pretensión de acallar a la ombudsman jalisciense ya palmó, como diría don Porfirio. Ahora nada más falta que el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez desactive los mecanismos locales que su consejo consultivo echó a andar, para que esta intentona fascistoide de linchamiento contra la defensa de los derechos humanos pase al archivo muerto.

Astillas: Antonio Echevarría fue el encargado en Nayarit de los dineros públicos durante dos sexenios priístas, y secretario general de Gobierno al principio del actual, que todavía encabeza el dicharachero Rigoberto Ochoa Zaragoza. En esa década y media de servir al priísmo desde delicadísimas posiciones, don Antonio fue, también, un próspero empresario, al grado de ser considerado hoy como el hombre más rico de ese estado. Peleado con don Rigoberto, Echevarría tomó una heroica decisión: se volvió opositor al PRI. De inmediato se habló de la posibilidad de que el Partido de la Revolución Democrática lo acogiera para ser candidato a gobernador en las elecciones del año venidero. Comprando voluntades, según acusan sus adversarios, don Antonio es hoy el virtual abanderado de PRD, PT, PVEM y el Partido de la Revolución Socialista (PRS). La encarnación nayarita del binomio empresario-funcionario, cuya máxima expresión es don Carlos Hank González, buscó la adhesión del PAN, pero hasta el momento el blanquiazul no le quiere perdonar al súbito opositor su denso pasado... En el Distrito Federal se instalarán unas tres mil urnas para recibir las opiniones ciudadanas en la consulta sobre el Fobaproa. De ellas, la mitad serán atendidas por los equipos de los diputados perredistas locales...

Fax: 5 45 04 73 Correo electrónico: [email protected]