Aceptarían plan tricolor para reducir el monto en 20%

Enrique Méndez, Alonso Urrutia y Víctor Ballinas Ť El PRI, por medio de sus legisladores, sugirió al secretario de Hacienda, José Angel Gurría, y al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, reducir hasta en 20 por ciento (poco más de 110 mil millones de pesos) el costo fiscal del Fobaproa. Los dos funcionarios aceptaron la propuesta ``en principio''.

El secretario de Gestión y Acción Social del PRI, Marcos Bucio Mújica, y el diputado Jorge Estefan Chidiac confirmaron que la próxima semana darán a conocer los detalles de la propuesta priísta sobre el Fobaproa. Aclararon que si bien no sustituye a la iniciativa presidencial sí le hace ``modificaciones sustanciales, aunque no de fondo. Podemos divergir con el Presidente, pero ello no implica una rebelión; sería así sólo si cambiáramos totalmente el espíritu de la iniciativa'', dijo Estefan.

Legisladores priístas que acudieron el miércoles a una reunión privada con Gurría y Ortiz Martínez, revelaron que el proyecto, redactado el fin de semana en la casa del diputado Dionisio Meade Ocaranza, fue bien recibido por ambos funcionarios, quienes estuvieron de acuerdo en reducir entre cinco y 20 por ciento el costo del Fobaproa. ``Les gustaron nuestras propuestas, porque no somos locos y la visión que tenemos sobre el Fobaproa es lógica'', dijeron.

Asimismo, en uno de los documentos en que trabaja la comisión técnica del PRI se propone dar plena autonomía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como estudiar la posibilidad de sancionar en forma retroactiva a quienes se hayan beneficiado de adeudos transferidos al Fobaproa para acrecentar su patrimonio personal o empresarial.

Los legisladores priístas analizan la propuesta elaborada por el senador Eduardo Andrade para evitar errores en la interpretación del artículo 27 constitucional, particularmente en lo que se refiere a la retroactividad de las sanciones.

Bucio Mújica precisó que se trata de que los delitos financieros prescriban 15 años después de cometidos y se pretende reformar, entre otras, la Ley de Quiebras.

La coordinadora de la propuesta alternativa sobre el Fobaproa, Laura Alicia Garza Galindo, quien también estuvo en la reunión con Gurría y Ortiz, sostuvo en la Cámara de Diputados que una iniciativa presidencial ``no se palma'', como dijo el coordinador parlamentario del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, quien afirmó que el Ejecutivo retiraría su iniciativa sobre el rescate bancario. ``Son expresiones de alcohólicos'', dijo Bucio.

La legisladora subrayó que la propuesta priísta incluirá reformas y recomendaciones para enriquecer la iniciativa presidencial, pero reconoció que el PRI deberá ceder en algunos puntos si quiere lograr consenso con los demás partidos.

Uno de los puntos que se analizan es impedir la impunidad en el caso Fobaproa. ``Bajo ninguna circunstancia avalamos y decimos que haya borrón y cuenta nueva. En materia de impunidad vamos a salir fuertes'', dijo Garza Galindo. ``Vamos a actuar contra los que delinquieron y actuaron fraudulentamente, ya sean banqueros, deudores o funcionarios'', advirtió.

Según la diputada, un punto importante de la propuesta que estudia el PRI es reducir el monto de los pasivos contingentes y se trabaja en proyectos ``innovadores para abatir un monto considerable de entrada'', sin que ello afecte a los bancos.

Explicó que una vez reducido el monto total, el pasivo restante se asumiría a través de dos vías: una, que el gobierno, mediante la Comisión de Recuperación de Bienes (Corebi), como entidad especializada, busque vender los activos con la mayor rentabilidad posible, y la segunda, que una vez reducidos los pasivos éstos sean manejables a corto plazo para que se reduzca rápidamente su monto y no afecten el gasto programable.

Por su parte, Dionisio Meade Ocaranza aclaró que la propuesta priísta no pretende ``borrar la deuda de un plumazo'', sino bajar el costo del Fobaproa ``lo más posible, sin que ello implique una disminución de los activos bancarios''.

Insistió en la importancia de que una vez resuelto el problema no se deje resquicio alguno a la impunidad y se eviten la vulnerabilidad del sistema financiero y la recurrencia a la comisión de delitos. Asimismo, consideró ``urgente diseñar los instrumentos para que no se presente otra situación semejante''.

Bucio: el Ejecutivo, no el PRI, responsable de la crisis

Después de una reunión de senadores con Mariano Palacios Alcocer para consensuar la propuesta priísta, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI se deslindó de la crisis económica de 1994, así como del saneamiento y compra de cartera de los bancos. ``Estas fueron decisiones del Ejecutivo y el PRI no fue consultado, tampoco sobre el Fobaproa'', sostuvo Bucio Mújica.

Agregó que si bien el Revolucionario Institucional respalda las acciones del Ejecutivo, los priístas en general no son responsables de los delitos cometidos en el manejo del Fobaproa, y anunció que plantearán estas ``inquietudes'' ante Ernesto Zedillo durante una reunión con legisladores del PRI.

Estas inquietudes, dijo, surgen como parte de una nueva relación entre el PRI y el Presidente; además, ``son legítimas'' porque los legisladores ahora le dan más importancia ``a sus votantes que a decisiones cupulares'', aseguró

En la democracia actual, insistió, es equivocado confundir las decisiones del Ejecutivo con las del PRI. ``Por el contrario -subrayó--: el partido tiene la responsabilidad de exigir el cumplimiento de la plataforma por la que fue electo el Presidente de la República, sin que se vea como un acto de deslealtad, sino de responsabilidad''.

Investigar delitos, aunque se alegue retroactividad

Uno de los puntos que generan polémica en el Revolucionario Institucional es el esquema legal para castigar a quienes hayan incurrido en delitos en las operaciones relacionadas con el Fobaproa, ``uno de los clamores sociales más intensos''.

La propuesta de Andrade reconoce que se cometieron abusos ante las condiciones en que se encontraba el sistema bancario. ``Hubo quienes incrementaron sus patrimonios empresariales realizando verdaderos fraudes''. El legislador plantea que se investiguen estas operaciones, aunque se alegue la no aplicación retroactiva de la ley.

En este caso ``queda plenamente justificada'' para que la aplicación de una disposición constitucional ``permita reordenar la economía del país y demostrar que nadie puede poner sus intereses privados por encima de los intereses del pueblo''. También sugirió sancionar a prestanombres que hayan adquirido bienes para los presuntos beneficiarios del Fobaproa.

En el texto se incluyen modificaciones legales para que el Presidente pueda decretar la emergencia económica y tomar las medidas necesarias para evitar el colapso del sistema financiero. ``En ese caso podrá contratar o avalar la deuda pública que sea necesaria para hacer frente a la emergencia, y dar cuenta al Congreso de la Unión en un plazo máximo de diez días''; además, tendría que comparecer ante el Congreso en sesiones extraordinarias.

Otra propuesta es la obligatoriedad de emitir una ley de beneficio a los deudores, pero limitar estas acciones ``a los créditos que lleguen hasta la quinta parte del término medio del valor de los créditos totales transferidos al Fobaproa''. Ello se complementaría al garantizar el derecho de los deudores a adquirir su propia cartera.