La Declaración de la Ciudad de México (Perfil de La Jornada, 29-VII- 1998), suscrita por alcaldes, jefes de gobierno, síndicos, intendentes, delegados, consejales, ex alcaldes y otros participantes de 21 países latinoamericanos, en el seminario internacional Participación ciudadana, gobernabilidad democrática y cultura de paz, celebrado en el Distrito Federal a finales de julio, tiene gran importancia en la coyuntura actual para las ciudades de la región y la capital mexicana.
Uno de sus aspectos nodales es el reconocimiento del papel estratégico del poder local, la descentralización, la participación ciudadana y la educación, para la construcción de la gobernabilidad democrática y la paz, basadas en la igualdad y la justicia. Pero en el texto, por razones comprensibles, no aparece la otra cara de la realidad: a nivel local se están logrando cambios importantes en varias ciudades latinoamericanas, tendientes a dar un contenido real, ciudadano, a la democratización de los países; pero el poder político y los gobiernos nacionales sólo asumen su parte formal y restringida, los procesos electorales para constituir los poderes ejecutivos y legislativos, plagados de vicios autoritarios. Más allá de este logro, no despreciable, no parece estar en el orden del día de las fuerzas políticas nacionales dominantes la aceptación del papel de la ciudadanía organizada en la toma de decisiones y el cambio sustantivo de la relación gobierno-gobernados.
Estamos ante una oposición entre el camino que se busca seguir en la construcción de la democracia participativa local, y el mantenimiento de prácticas ``democráticas'' restringidas y formales, que guardan lo fundamental del autoritarismo de los regímenes políticos del pasado, a nivel nacional.
Este desencuentro se vuelve conflicto en la inserción de los estados nacionales en el sistema político y económico mundial ``globalizado'', donde la hegemonía y el autoritarismo de los países-bloques dominantes y sus agencias multinacionales es asfixiante, desintegrador y subordinante. Los gobiernos nacionales ceden soberanía política, económica y territorial, debilitan al Estado-nación en función de destinos unívocos, intereses comunes y/o imposiciones. La democracia participativa local queda aislada, limitada, cercada y en conflicto con el poder nacional e internacional.
Este es un elemento básico para explicar la oposición que señala la Declaración: ``La democratización política coexiste con el incremento de la desigualdad (...) Ha habido avances en la construcción democrática, aunque hemos retrocedido en la igualdad social''. El patrón neoliberal de acumulación de capital, inherente a la forma de ``globalización'' vigente, es por esencia concentrador de la riqueza entre naciones y clases sociales, generador de desigualdad y exclusión social. Uno y otra explican el desempleo masivo y el empobrecimiento generalizado que originan la informalidad, inseguridad pública y degradación de la calidad de vida que sufren, como problemas angustiosos, las ciudades latinoamericanas. Su solución será imposible si no desaparecen estas causas estructurales mayores.
La superación de estos problemas, la construcción de una gobernabilidad democrática, la reducción de la desigualdad social, exigen el abandono del neoliberalismo y la ``globalización'' actuales, su sustitución por proyectos nacionales e internacionales que busquen la igualdad creciente y la justicia social entre naciones, territorios locales y clases sociales. El movimiento democratizador tendrá que superar sus límites formales, para hacerse real, lo que implica pasar de los procesos electorales a la vida política, económica, cultural y social; integrar a la sociedad organizada a la toma de decisiones. En síntesis, que la democratización a nivel local adquiera dimensiones nacionales e internacionales; que se construya una forma de gobernar democrática en todos los ámbitos societarios.
Estos son componentes y condiciones de la cultura de la paz y su práctica. En su construcción puede jugar un papel importante la Red latinoamericana de ciudades por la paz, que se acordó construir, en la medida que asuma la inserción contradictoria en los Estados nacionales y no sea víctima del espejismo de la ``globalización'' neoliberal.