En 1994, el IFE tuvo que atenerse ``a la palabra'' de partidos sobre el origen de fondos

Enrique Méndez, Andrea Becerril y Alonso Urrutia Ť La imposibilidad de rea- lizar auditorías directas a los partidos políticos maniató al Instituto Federal Electoral (IFE) para determinar, con precisión, el origen de los recursos no públicos que recibieron para financiar sus campañas los candidatos a la Presidencia, a senadurías y diputaciones en 1994.

En su momento, el organismo admitió que debió atenerse en ocasiones ``a la palabra'' de los partidos sobre las fuentes de sus ingresos privados y que ``las limitantes jurídicas'' de ese tiempo le permitieron sólo ``aproximarse'' a una fiscalización real.

En el dictamen sobre la exploración financiera de los partidos políticos, realizada más de siete meses después de las elecciones de agosto de 1994 -que conoció el Consejo General en octubre y publicó el gobierno hasta diciembre de ese año- la Comisión Especial de Consejeros resaltó ``la notable disparidad'' entre los gastos efectuados por el PRI y los otros ocho partidos que participaron en la contienda. Afirmó que durante su inspección se ``hicieron evidentes'' las desigualdades financieras y las ``asimetrías considerables'' respecto del poder económico de los competidores políticos.

Al precisar este punto, la comisión destacó que los gastos del PRI fueron ``los mayores de la competencia electoral'', pues ascendieron a 324 millones 681 mil 340 pesos, cifra que representó 7.5 veces más que lo gastado por el PAN, instituto político que ejerció 43 millones 3 mil 758 pesos. La diferencia crece frente a otros partidos pequeños, como el Verde Ecologista, cuyos egresos sumaron 3 millones 349 mil 218 pesos.

El documento, publicado el 11 de diciembre de 1995 en el Diario Oficial de la Federación, al cual ha recurrido el PRI para justificar que el IFE no encontró ninguna irregularidad en su financiamiento, dice en referencia al tricolor: ``Era conocida la situación distorsionada en la que un partido político tiene erogaciones de campaña desproporcionadas en comparación con sus competidores, pero por primera vez esta desigualdad ha sido cuantificada''.

La revisión de ingresos y gastos de campaña, realizada antes de la reforma política, en la que se precisaron a detalle las obligaciones de los partidos de comprobar satisfactoriamente el origen de su financiamiento y la forma y cuantía de sus egresos, se hizo en medio de las limitantes legales que dificultaron ``una revisión profunda de las cuentas'' de los institutos políticos, situación que se agravó pues la ley no exigía a los partidos llevar una contabilidad en libros.

Que Diego presente pruebas

Mientras, la dirigencia nacional del tricolor y sus legisladores en ambas cámaras del Congreso de la Unión exigieron que si efectivamente Diego Fernández de Cevallos tiene las pruebas de que Gerardo de Prevoisin donó 8 millones de dólares a la campaña presidencial del PRI, que las presente y haga la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

El contralor interno de ese partido, Antonio Estefan Garfias, subrayó que no hay elementos documentales que comprueben que el Comité de Financiamiento del PRI aceptó el dinero del empresario preso en Suiza. ``No hay duda de que hubo aportaciones del sector empresarial al partido, pero todas fueron transparentes. Si De Prevoisin entregó esos recursos, debe tener un recibo extendido por el PRI. Si lo tiene, que lo presente, no se vale así, de saliva, decir que dio dinero al partido'', afirmó.

Por su parte, la senadora María de los Angeles Moreno, quien entonces fungía como secretaria general del Revolucionario Institucional, y el diputado Carlos Jiménez Macías, atribuyeron las acusaciones en contra del tricolor a una embestida en la que participan hasta empresarios y banqueros de alto nivel.

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, José Paoli Bolio, desestimó la probable responsabilidad del blanquiazul o del propio Fernández de Cevallos en el caso De Prevoisin, pero admitió que el ex candidato presidencial ``estaba obligado a guardar el secreto profesional'' como apoderado legal de la intermediaria financiera Inver World, mediante la cual presuntamente el ex director de Aeroméxico realizó operaciones ilícitas.