Con las elecciones del año 2000 en el horizonte próximo, el martes y el miércoles pasados se realizó en esta capital un seminario internacional sobre el voto en el extranjero, en el curso del cual se llegó a importantes formulaciones en torno a este tema de gran relevancia para el desarrollo democrático de la Nación.

Diversos Estados permiten que sus ciudadanos residentes en el exterior acudan a votar a las representaciones consulares más cercanas a su lugar de residencia, y México puede hacer lo propio en casi todos los países en los que cuenta con misiones diplomáticas. Pero este procedimiento, en principio sencillo, reviste grandes dificultades en el caso de los mexicanos que viven en Estados Unidos. En el curso del encuentro mencionado, el presidente consejero del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, destacó el enorme desafío que representa la organización, en territorio estadunidense, de una estructura eficiente y confiable que permita captar los sufragios de los cerca de 7 millones de mexicanos en edad de votar que viven en el país vecino. El consejero Emilio Zebadúa, por su parte, subrayó que la participación de estos connacionales en los próximos comicios federales es una posibilidad real.

El asunto tiene implicaciones que no deben pasar inadvertidas. La primera de ellas es, ciertamente, la magnitud de la tarea que tendrían que realizar las autoridades electorales en coordinación con las consulares: incorporar a estos ciudadanos -los cuales conforman una población mayor que la de algunos países latinoamericanos- al padrón electoral; fijar los términos en los que podrían desarrollarse las campañas electorales en territorio extranjero; establecer los niveles de representatividad en los cuales sería pertinente su voto y el sistema de circunscripciones que habría de incluirlo; negociar con las diversas instancias del poder público en el país vecino las condiciones en que se realizaría esta elección extrafronteras; diseñar un sistema de captación y recuento de los sufragios y establecer las garantías de imparcialidad y transparencia requeridas.

Tales dificultades, sin duda formidables, no debieran, sin embargo, utilizarse como argumento para postergar el ejercicio de un derecho ciudadano esencial por parte de los connacionales que viven en el extranjero; muy especialmente, los mexicanos que residen en Estados Unidos. La participación en los procesos electorales de su país ha sido, para ellos, una vieja aspiración, un derecho moral de siempre y, a últimas fechas, también una prerrogativa legal.

Finalmente, cabe destacar que la inclusión de estos connacionales en el padrón electoral significaría para éste un súbito crecimiento de cerca de 15 por ciento, fenómeno que sin duda introduciría elementos nuevos en el mapa político del país.