Cárdenas: el caso Tornero, ajeno a revanchas políticas

Ricardo Olayo Ť El director de Reclusorios del DF con licencia, Carlos Tornero Díaz, tiene el apoyo del gobierno capitalino, indicó Cuauhtémoc Cárdenas, quien rechazó que el proceso seguido contra su colaborador y el encarcelamiento del ex director de Servicios al Transporte Fernando Peña Garavito impliquen revanchas políticas.

La secretaria de Gobierno, Rosario Robles, dijo a su vez que los hechos no se tienen que ver como un ``toma y daca'' porque hacerlo sería caer en la ``trampa'' de vincular las investigaciones con el terreno político, destinada a atar las manos al gobierno capitalino en la profundización de pesquisas. ``Además, habría el riesgo de que se considere una cacería de brujas'', indicó.

En tanto, familiares de Peña Garavito impugnaron ante el ombudsman capitalino el operativo de detención la madrugada del sábado pasado en el domicilio de Alcázar de Toledo, la invasión de sus casas y el despliegue de más de 50 agentes judiciales.

La madre de Peña, Esther Garavito, se quejó de la presión física y moral sobre su familia por parte de los judiciales del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), que irrrumpieron con violencia por techos y casas contiguas para aprehender a su hijo. Por estos hechos, manifestó que teme por la integridad de ella y de sus parientes.

Por la mañana, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, declaró que no encuentra relación de revancha entre los casos de Tornero y Peña Garavito, y destacó que ``no se dejó solo'' al director de Reclusorios con licencia.

``Está haciendo la defensa de su caso y ha pedido tiempo para hacerlo. No hay ninguna otra cosa'', dijo Cárdenas en entrevista al salir de una reunión con funcionarios de gobierno.

ç su vez, Rosario Robles, indicó que los casos son de una dimensión diferentes, pues en el caso de Tornero se trata de una acción administrativa y en la de Peña de una causa penal.

No se debe entender como una respuesta del PRI al PRD o algo similar, ``porque entonces vamos a caer en la trampa, pues ello significaría decir que este gobierno ya no puede actuar en caso de encontrar situaciones de corrupción de administraciones pasadas, por temor a que se dijera se nosotros estamos en una cacería de brujas o aplicando una venganza con relación al PRI. No debemos verlo de esta manera''.

La secretaría de Gobierno indicó que las autoridades del DF y las federales están obligadas a investigar las irregularidades sin distingos, y a proceder en caso de comprobarse; Robles habló en una entrevista telefónica hecha por una estación de radio.

Reiteró que la Secodam fue más allá de sus funciones y que en este momento Tornero destinará sus recursos personales para defenderse del procedimiento administrativo. Precisó que se trata de un funcionario de tercer nivel que no pertenece al PRD a quien se le aceptó la licencia temporal que solicitó.

El lunes por la noche, la familia de Peña Garavito se inconformó ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por el operativo de detención del ex titular de la DGST. En una carta dirigida al ombudsman Luis de la Barreda, Esther Garavito relata que junto con su nuera Martha Elías Rubio de Peña, sus nietos e hijos, Mauricio, Raymundo y Gabriela, sufrieron la actuación de los policías.

La madrugada del sábado cuando estaba ya dormida se percató que en forma violenta entraron a su recámara varios sujetos con pasamontañas y uniformes negros empuñando armas y a gritos le exigieron que se pusiera de pie y les entregara a mi hijo.

Al salir de su habitación, se dio cuenta que otros uniformados abrían puertas a patadas y otros se brincaban las bardas.

Al presionarla, les dijo que esa no era la casa de Fernando Peña y le respondieron que tenía órdenes del director de la Policía Judicial, Mauricio Tornero Salinas, hijo de Carlos Tornero Díaz, de realizar la captura. En este tránsito, asegura Esther, estuvieron incomunicado por varios minutos, y por esta razón pide que la CDHDF compruebe la violación de sus garantías.

Las investigaciones a Peña continuarán sin presiones políticas: Del Villar

El procurador Samuel del Villar dijo ayer que las investigaciones en torno del caso Peña Garavito continuarán sin atender a presiones o filiaciones políticas y será investigada como si fuera una de las 250 mil denuncias por hechos presuntamente delictivos que la institución recibe anualmente.

Estableció que la obligación constitucional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de acuerdo con articulo 21 constitucional, es investigar la comisión de delitos y presentar las pruebas consecuentes ante los tribunales.

``Esta es una obligación que se establece sin ninguna distinción ni discriminación de orden político, convicciones o filiaciones. La única obligación, el mandato básico de la Procuraduría, es cumplir con la Constitución y las leyes que emanen de ella'', puntualizó en entrevista de prensa.

Sin acudir a casos particulares de funcionarios ligados a hechos de corrupción, Del Villar Kretchmar insistió en que la PGJDF tiene la obligación de perseguir conforme a derecho toda conducta delictiva.

El funcionario precisó que la dependencia recibe anualmente cerca de 250 mil denuncias por hechos presuntamente delictivos, que abarcan los 400 tipos penales regulados por el código penal, y todas serán atendidas sin prejuicios. (Humberto Ortiz Moreno)