La Jornada martes 11 de agosto de 1998

Alberto Aziz Nassif
El conflicto de la transparencia

El último eslabón del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) consiste en una doble batalla: la búsqueda de algún acuerdo entre los partidos políticos de oposición, PRD y PAN, para poder establecer una estrategia común en el frente legislativo, y por otra parte, el debate de hasta dónde es conveniente dar a conocer a la opinión pública y a la ciudadanía los expedientes secretos del rescate bancario, es decir, el conflicto por la transparencia.

Los partidos de oposición tienen, en cierto sentido, la capacidad de manejar el destino de las iniciativas en la Cámara de Diputados. Sin duda, se trata de una de las decisiones más importantes que deberá asumir la actual legislatura. Importancia evidente por el tamaño del monto financiero, y sobre todo, por el tipo de repercusiones políticas y económicas que tiene el destino del Fobaproa. La oposición no puede aceptar el argumento gubernamental de que se trata de un mal menor y de que cualquier otra alternativa resultaría peor, simplemente porque con ello hipotecaría su futuro político. En el caso contrario, un consenso opositor en contra de las iniciativas, también existe el riesgo de que el mismo impacto de la crisis se pudiera revertir y la imagen de irresponsabilidad podría cubrir al PAN y al PRD. Estamos ante una realidad muy compleja que tiene muchos filos. Hasta el momento hay tres posiciones definidas. La del gobierno que elaboró las iniciativas y quiere que la oposición le apruebe el paquete en el Congreso; la del PRD que se ha ubicado abiertamente en contra de la aprobación y ha recurrido a una serie de recursos políticos que no resuelven el problema, pero sí le dan otra dimensión, como la realización de una consulta pública y la divulgación de las listas de los beneficiarios más importantes del Fobaproa; la del PAN que ha sido una mezcla de una postura que se ha movido a favor de hacer las auditorías del caso y la posibilidad de asumir una decisión cercana al gobierno. Con estas tres posturas puede haber dos escenarios probables, un entendimiento entre el gobierno y el PAN, o una postura conjunta de oposición entre el PRD y el panismo; y dos escenarios poco probables, el entendimiento entre el perredismo y el gobierno y el de un consenso entre todos los actores.

La medida perredista de publicar listas y de hacer una consulta pública ha causado mucho malestar del gobierno y de la iniciativa privada. Estos sectores han juzgado como una irresponsabilidad la publicación de listas en la que seguramente se mezclan empresas y empresarios que hicieron correctamente las cosas, con los que defraudaron. La publicación de las listas es una medida de presión, una estadística que requiere de más información y de análisis. El problema de fondo, el de la transparencia de los asuntos públicos, todavía está en litigio, y posiblemente no se vaya a resolver porque está vinculado a otro factor, el de la desconfianza política por el abuso de fraudes conocidos. Existen todos los ingredientes para que la ciudadanía tenga desconfianza. Los casos de defraudación parecen estar conectados a una misma matriz: los intereses perversos creados durante la administración salinista vinculan dinero, privatización de bancos con apoyo económico al PRI, quiebra y salvamento con el Fobaproa. Así lo confirman los caso de Cabal Peniche, Lankenau, Rodríguez (El Divino) y ahora con Gerardo de Prevoisin. ¿Cuántos más se pueden añadir a esta lista? Tal vez, las diferencias respecto a la corrupción que existía antes sea no sólo el crecimiento gigantesco de los montos y la concentración -es la modernización de los últimos gobiernos-, sino que también ha cambiado la correlación de fuerzas. Es posible que si el PRI tuviera mayoría en el Congreso, la sociedad ni siquiera se hubiera enterado del problema o sus impactos de opinión hubieran sido menores.

La oposición tiene la gran responsabilidad de tomar decisiones que apunten hacia el mediano plazo, que no sólo sean soluciones económicas de coyuntura, sino que al mismo tiempo establezcan nuevos parámetros de transparen- cia para una ciudadanía que tiene el derecho a saber los interiores del gran nudo de corrupción y abuso de poder que rondan al Fobaproa. La transparencia es un ingrediente básico de un sistema democrático, y hoy es casi la única ganancia que puede tener la sociedad.