Jaime Martínez Veloz
Fobaproa: responsabilidad ante la nación

En Japón, el descalabro económico y la pérdida de algunas posiciones en el Congreso le costó el puesto al primer ministro de aquel país. ¿Cuántos funcionarios mexicanos han renunciado por fracasos económicos o electorales? En Estados Unidos, el presidente de la nación más poderosa puede perder su trabajo no como resultado del escándalo sexual, sino porque mintió bajo juramento. ¿Cuántos gobernantes mexicanos han perdido su puesto porque mintieron constantemente en el ejercicio de su cargo?

Los diarios nos cuentan que, en ese mismo país, para llevar adelante el equivalente estadunidense del Fobaproa se permitió por excepción y de acuerdo con una ley específica dejar a un lado el famoso secreto bancario que, es claro, nunca tuvo como objetivo permitir trapacerías y fraudes.

Como resultado de este proceso, las cortes estadunidenses mandaron a la cárcel a quienes al amparo del rescate bancario lucraron ilegalmente. Más de cinco mil ladrones de cuello blanco enfrentaron diversos castigos. Entre éstos se encuentran muchos funcionarios públicos.

¿Cuántos funcionarios gubernamentales o bancarios mexicanos se conoce que estén siquiera en peligro de ir a prisión por causa de nuestro cuantioso Fobaproa?

¿Cuál es el común denominador de estos y otros hechos similares? La responsabilidad que tienen los representantes populares y funcionarios públicos ante sus pueblos en los países democráticos. Una responsabilidad que se sustenta en las leyes, pero va más allá.

Nace de la confianza o credibilidad que los ciudadanos ponemos en quienes por el voto o por la designación de un gobernante se encargan de un asunto específico. Confianza en que pondrán su mejor empeño, sabrán resolver los problemas o encauzar su solución con eficacia y probidad.

No es una confianza abstracta, es una relación clara que se establece entre los gobernados y los hombres y mujeres encargados, en uno u otro nivel de responsabilidad, de conducir a un país. Es una piedra nodal que les permite actuar y lograr los acuerdos necesarios.

En un país democrático, la credibilidad es el patrimonio más valioso que pueden tener los representantes populares y funcionarios públicos. Si ésta se pierde, entonces no queda mucho, o por lo menos no lo suficiente para que quien la ha perdido permanezca en un puesto. En nuestro país, la costumbre añeja fue que mientras un representante o un funcionario gozara de la ``confianza'' del presidente en turno permanecía en su puesto, así hubiera el clamor popular de que renunciara. Eran los tiempos en que sólo se escuchaba una voz. Esa época se ha ido esperamos que para nunca volver. Ahora, tenemos una sociedad más alerta, organizaciones ciudadanas que se han conformado como una suerte de memoria que no olvida agravios y medios de comunicación que están vigilantes acerca de la labor pública.

El país cambió. La ciudadanía exige que los funcionarios asuman su responsabilidad; piden que haya transparencia en todos los actos que llevan a cabo.

El asunto Fobaproa es tal vez el ejemplo más sintomático de cuanto hemos cambiado, pero también de las resistencias que todavía existen. Un vistazo nos muestra algunas de las muchas incongruencias que están saliendo a flote. En primer lugar, se ha reconocido que en la privatización de los bancos se benefició a personajes que no tenían la experiencia para administrarlos. Se ha demostrado que muchos banqueros administraron mal, cometieron errores o se enriquecieron ilícitamente.

Hubo una gran cantidad de intervenciones gubernamentales a los bancos y hay ex banqueros, como Cabal y Lankenau, prófugos o en la cárcel.

¿Cuántos funcionarios implicados en la privatización, la administración del Fobaproa o la vigilancia de los bancos han renunciado o están siendo investigados? A ojos cerrados, puede afirmarse que ninguno. Siguen en sus puestos como si no hubieran tenido mayor responsabilidad. Tendrían que haber abandonado, sin que nadie se los pidiera, sus puestos.

Deben irse no porque fueran cómplices de algún ilícito (lo que de entrada no puede descartarse), sino porque evidentemente no supieron cómo hacer su trabajo y porque su presencia en cargos con influencia puede entorpecer las investigaciones que el Congreso deberá hacer.

Con estos antecedentes, ¿cómo esperar que el Congreso acepte, sin más, aprobar el pase de este enorme monto como deuda pública?

Los ciudadanos debemos exigir que los funcionarios asuman su responsabilidad ante la nación haciéndose a un lado para que se haga transparente todo el asunto del Fobaproa.

En esta exigencia, los priístas debemos ser los primeros en pedir que se investigue a fondo y salgan a la luz los detalles de la administración del mencionado fideicomiso, antes que este asunto nos haga más daño.