Falsificación, sello del trienio de Peña Garavito: transportistas

Raúl Llanos, José Galán y Alonso Urrutia Ť El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Martí Batres, afirmó ayer que es urgente ``sanear la relación viciada'' que se ha dado por años entre el gobierno y los empresarios, principalmente del sector financiero, quienes se han aprovechado de ello para obtener importantes beneficios en detrimento de la sociedad en su conjunto, y de hecho pidió ir a fondo en las investigaciones acerca de la posible participación de los empresarios William Karam Casab, Jorge Kahwagi Jr. y el banquero prófugo Carlos Cabal Peniche, con Fernando Peña Garavito, en presuntas anomalías relacionadas con la venta de gasolinerías que eran administradas por la entonces paraestatal Codesa.

Para el líder capitalino del PAN, Gonzalo Altamirano Dimas, las acciones emprendidas en contra del ex titular de la Dirección General de los Servicios al Transporte (DGST) deberán estar bien soportadas jurídicamente y no sólo tratarse de medidas políticas espectaculares que sólo busquen desviar la atención sobre la ineficacia del gobierno perredista.

A su vez, representantes de más de 25 mil transportistas de esta capital denunciaron que durante la gestión de Peña Garavito se duplicaron, e incluso triplicaron, cerca de 10 mil placas de transporte de carga y de pasajeros mediante la falsificación de los títulos de concesión; se permitió la proliferación de unidades piratas de carga y de pasajeros hasta rebasar los 90 mil vehículos; hubo venta indiscriminada de talones completos de permisos de carga falsos, y se expedían recibos falsos de Tesorería por el pago de placas de circulación.

En entrevista, el líder de la fracción del PRD en la ALDF, Martí Batres, sostuvo que ``la inmensa mayoría de los hombres de negocios de este país son honestos y productivos y no tienen por qué pagar el desprestigio ocasionado a este sector por un reducido círculo de empresarios que gestó una relación insana durante los daños del salinismo''.

El pequeño grupo, dijo, está integrado concretamente por empresarios financieros, quienes buscaron siempre su interés personal en su acercamiento con el poder público, por lo que es fundamental ``sanear'' esa situación, ya que ``no deben pagar justos por pecadores'', ya que el resto de los integrantes del sector privado están trabajando y creando 80 por ciento de los empleos del país.

Comentó que el caso de Peña Garavito es ilustrativo de que la actitud y compromiso de las actuales autoridades será combatir aquellas áreas donde la constante fue la corrupción. ``Podemos decir que en estos ocho meses de gobierno cardenista han sido sancionados administrativamente más de mil funcionarios públicos, mientras que cerca de 100 ex servidores públicos, en especial de la pasada gestión de Oscar Espinosa Villarreal, han sido sancionados penalmente'', puntualizó.

Añadió que a lo largo de la administración de Espinosa fueron muchas las denuncias públicas por la corrupción que imperaba en la DGST, y comentó que la misma situación se dio en las áreas delegacionales de inspectores de vía pública; expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales y en las sucursales de la Tesorería del DF, por lo que ahora tendrán que concentrarse ahí las investigaciones de las autoridades fiscalizadoras y judiciales.

El trienio de la falsificación

Para los transportistas, la gestión de Fernando Peña fue el ``trienio de la falsificación'', ya que se duplicaron e incluso triplicaron cerca de 10 mil placas de transporte de carga y de pasajeros medianta la falsificación de los títulos de concesión, por lo que las unidades piratas de carga y de pasajeros rebasaron los 90 mil vehículos; además, en ese periodo se expedían en las oficinas de autotransporte de carga series y talones completos de permisos de carga falsos, o se expedían recibos --también falsos-- de Tesorería por el pago de placas de circulación. Por si fuera poco, los robos de miles de placas, que fueron posteriormente rematadas en el mercado negro con documentos falsos, nunca fueron ni denunciados ni investigados por las autoridades correspondientes.

Para los representantes de más de 25 mil transportistas capitalinos agrupados en organizaciones como la Asamblea Nacional de Transporte de Carga (ANTC) y el Frente Democrático del Transporte (FDT), en estos ilícitos se puede fincar ya a Peña responsabilidad de por lo menos negligencia.

``Con Peña Garavito fue el trienio de la falsificación de documentos oficiales, fue monumental el tráfico de documentos apócrifos de carga'', afirmó Heriberto Salgado Gallardo, de la ANTC, para quien ``el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas libra importantes batallas contra la corrupción'', y lo que ha dado a conocer ``no escandaliza tanto como el descaro y la impunidad con que se practicaba el robo y el engaño en las oficinas del transporte donde despachaba Peña Garavito''.

Calcula en más de 10 mil las placas involucradas en el tráfico de títulos de permiso-concesión, y a las que atribuyó ``dotes milagrosas'', porque, sostiene, ``cada placa era duplicada o triplicada ilegalmente, y vendida a diferentes postores, lo que llevó a transportes de carga y de pasajeros, particularmente taxis, circular con las mismas placas y título-conceción hasta tres unidades diferentes''.

Silvestre González, presidente del FDT, dice que en el trienio pasado las autoridades del transporte ``organizaron el mercado negro de placas de taxi y de carga, su duplicación y su trámite fraudulento'', por lo que adelantó que exigirá al jefe de gobierno del DF que ``la limpieza del área del autotransporte llegue hasta el fondo, hasta el ex jefe de Peña Garavito, Jorge Ramírez de Aguilar y, si es posible, más arriba, hasta Oscar Espinosa''.

Por otra parte, Gonzalo Altamirano afirmó que las acciones emprendidas en contra del ex director de Servicios al Transporte deberán estar bien soportadas jurídicamente y no sólo tratarse de medidas políticas espectaculares que sólo busquen desviar la atención sobre la ineficacia del gobierno perredista.

En entrevista, consideró que la denuncia presentada hasta ahora es pecata minuta frente a los excesos y niveles de corrupción que han sido denunciadas en materia de autotransporte urbano, por lo que manifestó que ``ojalá no vuelva suceder lo que ya ha pasado con esta administración y se les caiga el caso como pasó con los aviadores''.

Dijo que su partido respalda la lucha contra la corrupción y ``estaremos atentos de las posibles irregularidades que sean denunciadas y respaldadas jurídicamente, pero esperamos que esta vez se actúe seriamente para no volver a incurrir en acciones sesgadas''.