Heriberto Salgado Gallardo, presidente de la Unión de Concesionarios y Permisionarios del Transporte de Carga en el Distrito Federal, y Silvestre González Portillo, presidente del Frente Democrático Nacional del Transporte, señalaron ayer que durante el pasado gobierno capitalino se convirtió en práctica sistemática el otorgamiento irregular de placas y documentos de control del transporte de carga y de pasajeros, y proliferó el tráfico de toda clase de documentos ilegales y falsos en las esferas de la administración pública. El señalamiento corresponde precisamente al periodo durante el cual Fernando Peña Garavito, hoy sujeto a proceso por sobrepagos efectuados a una empresa encargada de la elaboración de licencias, fue titular de Servicios al Transporte del gobierno urbano.

Independientemente del curso que siga el proceso judicial contra el ex funcionario, los señalamientos de los mencionados dirigentes de transportistas se agregan a las sospechas generalizadas en el sentido de que en la pasada administración citadina imperó una vasta corrupción que debe ser investigada y esclarecida a fondo y en toda su extensión.

En particular, los numerosos indicios de la existencia de un mercado negro de placas, licencias, permisos y otros documentos relativos al transporte público de carga y de pasajeros permitirían explicar, en buena medida, el desmesurado incremento --que tuvo lugar también durante la administración de Oscar Espinosa Villarreal-- de asaltos, secuestros y homicidios relacionados con el transporte.

En efecto, la impunidad con la que han venido operando las bandas dedicadas al robo de tráileres --muchos de los cuales no vuelven a aparecer-- y los cada vez más frecuentes asaltos a bordo de taxis, ilícitos que en no pocas ocasiones culminan con el homicidio de la víctima, entre otras actividades delictivas, no podrían explicarse si no es con base en la existencia de registros, placas, permisos, tarjetas de circulación, licencias y otros documentos falsos o adulterados que hacen posible la operación de unidades irregulares cuya localización, por parte de las corporaciones policiales, se vuelve prácticamente imposible.

Respecto de los microbuses, resulta evidente que las condiciones de insalubridad, inseguridad e irregularidad en que operan muchas unidades sólo pueden darse en función de prácticas corruptas para eludir la verificación y el control de tales vehículos.

En suma, la sociedad debe tomar conciencia de la estrecha relación causal que existe entre corrupción e inseguridad, y de la necesidad de erradicar la primera como condición básica para abatir la segunda.