El gran escándalo que han provocado las revelaciones sobre la estructura de los adeudos de los bancos en el marco del Fobaproa parecen ocultar la cuestión fundamental: ¿el pueblo mexicano tiene derecho o no a ser informado de las razones de los actos de gobierno? Es probable que el programa diseñado por el gobierno para salvar a los bancos pudiera ser pertinente, necesario y hasta indispensable. ¿Por qué el gobierno no hace transparentes las circunstancias de su decisión?

La negativa empecinada a hacerlo se deriva de la arraigada idea de que los gobernados en nuestro país no son ciudadanos, sino súbditos. Meros pagadores de tributos que nacimos para callar y obedecer y no para conocer y/o discurrir sobre los altos asuntos del gobierno como querían los déspotas ilustrados del siglo XVIII.

Todavía hoy en el país no está garantizado el derecho a la transparencia, ni en los usos gubernamentales, ni en las leyes, ni siquiera en la conciencia pública. No es operativo el derecho básico de la democracia representativa de exigir la rendición de cuentas. Las autoridades no han cumplido y aparentemente no están dispuestas a cumplir la obligación correlativa. Los ciudadanos no estamos acostumbrados ni tenemos instrumentos jurídicos para exigir individual o colectivamente a la autoridad que se mantenga dentro del marco del estado de derecho. Sólo podemos impugnarlos cuando los actos de autoridad ilegales nos afectan en nuestro patrimonio. No existe ninguna ley que permita a los ciudadanos informarse de los procesos específicos en que se ejercita una función pública. Estos son estrictamente secretos.

Las autoridades no están obligadas a documentar ni a registrar las conductas que se generan en sus funciones. Los expedientes de control de trámite que se llevan en las oficinas administrativas no están al alcance de los ciudadanos. A pesar de que ya existen sistemas electrónicos que facilitarían el acceso a todos los documentos, los ciudadanos mexicanos no pueden consultarlos, lo que permite a las autoridades decidir arbitrariamente. Esa es la mayor fuente de corrupción.

Es evidente que por razones de seguridad y de interés público cierta información debería de permanecer confidencial. Pero esta confidencialidad debería ser la excepción y no la regla y las causas para la reserva debería quedar debidamente precisadas en el texto legal. Nada de eso existe.

Las autoridades manejan los trámites, las metodologías y la toma de decisiones como si fueran cuestiones privadas, que deben de estar lejos de los ojos de los intrusos. Por eso no debe de sorprendernos que las autoridades no hayan publicado hasta hoy un libro blanco sobre el Fobaproa que explique qué se hizo de la banca reprivatizada en 1995. No sabemos por qué el gobierno tuvo que violar la Constitución y las leyes y tardar tres años para que pasara el programa de rescate al Congreso. Tampoco se nos explica por qué se toleró el otorgamiento de créditos sin respaldo. Se exige a los diputados de oposición y a la opinión pública que acepten el esquema oculto, que no critiquen, que se sometan, que ellos ``no saben de estas cosas''.

Lo más asombroso y agraviante es que todavía no exista en la opinión pública, ni en los partidos de oposición, ni en el propio PRI y en todas las instancias de la vida pública, la conciencia de que finalmente los gobernantes son nuestros servidores y deben respondernos de sus actos. Deben darnos cuentas claras de cómo manejan nuestros dineros y cómo cumplen sus tareas públicas. La exigencia de la transparencia apenas se vislumbra en México y este elemento cultural será la magna asignatura pendiente en la transición hacia la democracia.