Los datos hechos públicos en los últimos días no se refieren sólo a personas, ni siquiera importan principalmente por ellas, sino que muestran una parte de la naturaleza del problema que se ha generado. Una de las cuestiones que están en el fondo de esta polémica en torno al Fobaproa es la posibilidad de un uso del crédito, y del subsidio oficial vía Fobaproa, para obtener beneficios de la deuda contraída, en casos muy particulares.

Se supone que lo que se ha llamado cartera vencida es la deuda que el que recibió el préstamo no puede pagar. Aunque ya existía desde antes, esa cartera incobrable de los bancos aumentó muchísimo con las devaluaciones que tuvimos a partir de diciembre de 1994. El Fobaproa o Fondo Bancario de Protección al Ahorro iba encaminado, oficialmente, a atenuar o aliviar ese problema.

Había ahí una falla de origen, que en su momento comentamos: en vez de prestar al deudor en términos pagables el monto de crédito bancario, pagando con ello al banco y dejando a éste sin cartera vencida, se le prestó al banco para que pudiera dar algún descuento --que mostró ser insuficiente en muchos casos-- a cambio de una renegociación de la deuda en UDI, o sea, para que la deuda y sus pagos subieran automáticamente con el costo de la vida.

Sin embargo, ahora sale a relucir algo más grave. Resulta que algunos dueños, o accionistas principales, de empresas cuyas deudas --obviamente no pagadas al banco respectivo-- fueron adquiridas por el Fobaproa, no sólo hubieran podido pagar esas deudas sino que están en la lista de supermillonarios de la revista Forbes. También resulta que algunas de estas empresas tan tienen dinero, que están comprando empresas públicas, como uno que otro ferrocarrilito, tal vez rescatable en el futuro si seguimos así.

Claro que, conforme a la legislación vigente, una cosa es una empresa y otra su dueño o sus accionistas principales. Pero el hecho implicaría que, o bien se trata del enriquecimiento de empresas a costa de los fondos públicos, o bien se aplica la frasecita, de moda hace algunos sexenios, de empresas pobres, empresarios ricos.

Uno de los aspectos más agudos de este problema es el doble trato, en el que deudores grandotes recibieron, en efecto, alivios económicos que les permitieron incluso acrecentar sus fortunas, al tiempo que deudores chicos y medianos recibían un mejoralito para diferir el problema, para luego caer de nuevo en la imposibilidad de pagar y, en no pocas ocasiones, en el embargo de sus bienes por el banco acreedor.

El asunto parece complicarse más debido a que algunos de los que no pagaron en su momento sus deudas, y luego resultaron multimillonarios, declararon haber contribuido a campañas electorales del partido gobernante. Como eso podría dar a pensar que tal vez hubo agradecimientos de una u otra parte, algunos funcionarios se han alterado y eso ha agudizado un ambiente de confrontación, que de por sí se había estado generando.

Como quiera que la situación, a estas alturas, se muestra claramente insostenible, procede buscar y encontrar, hallar y consensuar, alternativas de solución. Por un lado, cabe revisar el sistema legal que ha permitido que se llegue a esto. Por otro, y sin esperar a la posible modificación de algunas leyes, es preciso determinar medidas inmediatas.

El asunto del Fondo Bancario de Protección al Ahorro requiere, en efecto, de una solución. Si la propuesta enviada por el gobierno al Congreso no es sostenible, por todo lo ya dicho ahora y antes, ésta debe ser modificada o sustituida por otra capaz de lograr un consenso entre las partes y entre los poderes de la Unión.