Con documentos en mano, negó cargos en la declaración preparatoria

Elia Baltazar Ť La juez 59 de lo penal del Reclusorio Oriente, Verónica de Gyves, negó la petición de libertad bajo caución al ex director de Servicios al Transporte Fernando Peña Garavito, cuya si- tuación jurídica se determinará el viernes próximo, con lo cual permanecerá detenido en este centro de reclusión preventivo.

Así, Peña Garavito se convirtió en el primer funcionario de alto nivel de la administración del último regente, Oscar Espinosa Villarreal, en ser inculpado y detenido por presuntas irregularidades detectadas en la dirección que tuvo a su cargo de 1995 a 1997. Específicamente, respecto del contrato firmado y el finiquito de éste con la empresa Cosmocolor para la emisión de licencias y tarjetas de circulación.

Acusado de uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público y fraude por administración, Peña Garavito apareció alrededor de las 15:00 horas tras la rejilla de prácticas del juzgado 59 de lo penal del fuero común, luego de haber sido consignado en el Reclusorio Oriente a las 4:00 horas de ayer.

Vestido de pantalón y camisa azules y acompañado de su abogado, Manuel Galicia, así como de parientes y amigos, el funcionario de la Secretaría de Turismo escuchó, paciente y por más de una hora, el pliego de consignaciones en donde se le acusa de fraude por 954 mil 357 pesos.

Al momento de su declaración preparatoria, la cual ofreció de viva voz y con documentos en mano, Peña Garavito negó los cargos, se dijo inocente y pidió la comparecencia de Jorge Kahwagi Gastine, representante legal de Cosmocolor, como testigo de descargo.

Fernando Peña Garavito coincidió, en general, con las declaraciones que en días pasados hiciera el propio Kahwagi, al indicar que no fue en mayo de 1995, sino durante los primeros días de junio, cuando se firmó el contrato entre Cosmocolor y el entonces Departamento del Distrito Federal.

Afirmó que no fue él, sino la Dirección General de Administración y Apoyo de Sistemas de la Secretaría de Transporte y Vialidad, la que elaboró el contrato de prestación de servicios y el de finiquito. Indicó también que dicho documento no contó con la aprobación del Subcomité de Adquisiciones de la Setravi, debido a que por esos días no sesionaba, pues había sucedido la muerte del secretario de la dependencia, Luis Miguel Morero. Además, refirió documentos de la Coordinación General Jurídica del DDF, en los que se aprueban los términos del contrato y del presupuesto, por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto.

Luego de recordar la situación económica por la que atravesaba el país a finales de 1994 y durante 1995, la empresa Cosmocolor solicitó un aumento en el precio de sus servicios, el cual se autorizó. ``Y fue por instrucciones del entonces secretario de Finanzas, Javier Beristáin, que se indexó a los precios de muchos de los servicios que prestaba el DDF''.

Peña Garavito infirió que de no haberse hecho así, se hubiera suspendido el servicio de expedición de licencias, ``como en su momento se argumentaba por la empresa''. De este modo, dijo, se habría violado la Ley de Adquisiciones y Obra Pública en su artículo 81 fracción segunda, que faculta a las dependencias a contratar adquisiones a tavés de un procedimiento de invitación restringida, cuando peligran o se alteran los servicios públicos. Además, especificó que las facturas a favor de Cosmocolor que cuentan con su firma, específicamente aquella de la Dirección General de Administración y Apoyo de Sistemas de la Setravi, ``son de corroboración del servicio prestado, más no de autorización de pago'', ya que ésta era función de la dependencia antes mencionada.

``Quisiera recordar --dijo-- que por aquellos días se había dado la muerte del titular de la Setravi, Luis Miguel Moreno, y en esas fechas estaba en proceso el nombramiento del nuevo secretario, por lo que no estaba sesionando el Subcomité de Adquisiones'', cuya aprobación faltó en el contrato con Cosmocolor. Al final, Fernando Peña Garavito pidió la comparecencia de Jorge Kahwagi Gastine, ``para aclarar y corroborar lo aquí señalado''.

Así, ante la juez Verónica de Gyves, el indiciado solicitó la libertad provisional bajo fianza para que, en ``los términos a determinar, pueda probar mi inocencia y determinar mi situación jurídica''.

El plazo para determinar su situación jurídica se amplió de 72 a 144 horas, pero la libertad bajo caución le fue negada, por considerar la juez que los indicios eran suficientes para negársela, por tratarse de un servidor que con su conducta, se presume, dañó los principios del servicio público, por lo que ``resulta evidente que es un riesgo para la sociedad''.