Pablo Gómez
Fobaproa y lucha política

El Fobaproa, con el cual se pretende convertir las deudas privadas en una monumental deuda pública, es el terreno más claro de lucha política del momento actual. Esto es justamente lo que critican los líderes empresariales y el gobierno. Mientras el Presidente negoció con los banqueros un esquema para salvar a éstos --no a todos, por cierto-- de la quiebra generalizada de las instituciones de crédito, pero lo hizo en secreto, las cosas estaban muy bien para Eduardo Bours y compañía. Pero cuando el asunto se discute abiertamente, entonces hay que denunciar a la política y a un partido por ser político.

Y, en efecto, se descubre que el PRD es un partido político y, como tal, se dirige al pueblo para explicar sus puntos de vista y llamar a la acción ciudadana tendiente a salvar al país de una crisis mayor de las finanzas públicas, ya de por sí al borde de la bancarrota.

El PRD no está de acuerdo en convertir los adeudos privados en una carga perenne para el presupuesto federal, pero plantea otra salida, es decir, no solamente se opone sino que propone.

Lo primero es que el asunto debe conocerse públicamente en todos sus detalles, a lo que el gobierno se niega.

En segundo término, es necesario depurar la llamada cartera del Fobaproa y, en seguida, revisar los contratos hechos con los bancos, tanto en su fondo como en su forma. Finalmente, se requerirá un subsidio federal para promover el pago de miles de deudores verdaderamente insolventes a fin de lograr que se pongan al corriente con sus adeudos.

Es injusto que algunos banqueros le pasen al Estado la mayor parte de sus créditos, asumiendo solamente la quinta parte de los adeudos, cuando tienen suficiente capital para enfrentar una parte mayor y cuando, en el futuro, tendrán utilidades, después de que el Presupuesto nacional les haya sacado el buey de la barranca. De esto se deduce que una parte del costo de la crisis bancaria debe financiarse con utilidades futuras de los bancos rescatados, buscando así un reparto menos injusto de las pérdidas.

Aunque la mayoría de los empresarios no se encuentran en Fobaproa, el líder del Consejo Coordinador Empresarial defiende a aquéllos que, siendo grandes deudores y todavía muy ricos, no quieren pagar mediante el uso de artimañas legales. Cierto, muchos de esos deudores ricos posiblemente no han violado ninguna ley, pero deben ser presionados para pagar, pues resulta injusto que ellos evadan sus obligaciones cuando el resto de empresas han hecho un gran esfuerzo para cubrir sus adeudos.

La propuesta de Zedillo de convertir los pagarés de Fobaproa en deuda nacional solamente está convocando a otros deudores a declararse en cartera vencida, en espera de que venga un ``perdonazo'' oficial.

Pero todos estos temas son condenados bajo el cargo de ser perniciosos, luego de que el gobierno tomó decisiones a espaldas del pueblo, como es su costumbre.

México es uno de los pocos países en el mundo en el que cuando un partido hace política, en el sentido completo del término, es objeto de descalificación. La idea de no politizar lo eminentemente político, es decir, Fobaproa, es la tesis más antidemocrática de los tiempos corrientes. Pero, además, se dice que hay que bajar el tono porque los mercados se ponen nerviosos; es más, ahora se empieza a propagar la tesis de que el debate sobre las quiebras bancarias de 1995-96 son la causa de los recientes incrementos en las tasas de interés.

El Fobaproa se ha convertido en una prueba de la transición democrática en la que se encuentra México. Si se le da carpetazo, como lo intenta el gobierno, mediante el logro de una mayoría disciplinada o amedrentada en la Cámara de Diputados, querrá decir que los votos de los mexicanos el pasado 6 de julio no fueron suficientes para detener el presidencialismo tradicional. Pero si se logra una mayoría parlamentaria para renegociar todo el paquete, dar cuentas claras al país y repartir los costos de la crisis bancaria, estaríamos a las puertas de una nueva forma de resolver los asuntos públicos y se podría decir que el proceso democrático sigue adelante.