Experta de la ONU: en México, los mayores abusos a derechos indígenas

Kyra Núñez, especial para La Jornada, Ginebra, 6 de agosto Ť México, junto con Turquía y Chipre, fueron señalados hoy como los países donde ``ocurren las situaciones más serias de violaciones a los derechos humanos'' de los pueblos indígenas y las minorías nacionales.

La experta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en cuestiones indígenas, Erica Irene A. Daes, ubicó a México en el primer lugar de tres países --los otros son Turquía y Chipre-- donde ``ocurren las situaciones más serias de violaciones a los derechos humanos'', pero manifestó su alivio porque el gobierno mexicano haya adoptado una nueva estrategia para resolver el conflicto en Chiapas --la Ofensiva para una paz digna en Chiapas-- y lo conminó a ``su efectiva implementación y a la total observancia de todos los derechos humanos y de las libertades de los grupos chiapanecos y otros en el país''.

Daes, quien preside desde 1982 el Grupo de Trabajo para los Pueblos Indígenas, al intervenir ante la subcomisión de la ONU para la prevención de la discriminaciones y la protección a las minorías, calificó de ``acertada'' la creciente preocupación de la alta comisionada para los derechos humanos, Mary Robinson, por el deterioro de la situación de estos derechos en Chiapas.

Por su parte, la diplomática Alicia Pérez Duarte, integrante de la delegación observadora del gobierno mexicano, aseguró que ``como en todo el mundo, en México hay violaciones de derechos humanos'', pero ``no son política de Estado ni de ninguna institución pública'', sino ``delitos que las autoridades se esfuerzan por castigar y erradicar'', ya que ``la lucha contra la impunidad es una tarea permanente del gobierno'', y sostuvo que ``ni en México ni en Chiapas tenemos nada qué esconder''.

Daes: el conflicto no beneficia a nadie

Sin embargo, Erica Irene A. Daes dijo que los informes y testimonios que han reunido, provenientes de representantes de grupos indígenas y de organismos no gubernamentales, señalan que existe un alarmante deterioro de los derechos humanos en Chiapas, lo que ``pone al descubierto una imagen sombría de la atmósfera de miedo que prevalece entre los pueblos indígenas de Chiapas, que se encuentran entre las fuerzas gubernamentales, apoyadas por milicias financiadas oficialmente, y los grupos de resistencia armada''.

``Es claro --aseguró Daes ante un auditorio repleto en el Palacio de las Naciones-- que tal conflicto, con cientos de personas inocentes como víctimas, no sirve a los intereses de nadie''.

Asimismo, la experta de la ONU en cuestiones indígenas se congratuló por saber que el gobierno mexicano ha adoptado la Ofensiva para una paz digna en Chiapas, y explicó que esta estrategia tiene como fundamento tres bases principales: 1) La base legal para restablecer el estado de derecho; 2) La base política para el diálogo y la negociación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y 3) La base social para combatir las causas socioeconómicas que originaron el conflicto.

México, comprometido con la defensa de los derechos humanos

Por su parte, la representante de la delegación observadora de México, Alicia Pérez Duarte, aseguró que la lucha contra la impunidad es tarea permanente del gobierno mexicano y que las violaciones a los derechos humanos son delitos que las autoridades se esfuerzan en castigar y erradicar.

Por medio de un boletín, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó de la participación de los delegados mexicanos ante la subcomisión de la ONU para la prevención de la discriminaciones y la protección a las minorías.

Señala que Pérez Duarte dijo que en México ``existe una política comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos que requiere de la constante participación de todos los sectores de la sociedad civil''.

La delegada reiteró que ``en México no existe una política de violación de los derechos humanos. Ni en México ni en Chiapas tenemos nada qué esconder'', agregó, por lo cual el gobierno mexicano coopera con las instancias internacionales encargadas de ''la promoción y la defensa de los derechos humanos de manera amplia y transparente''.

Pérez Duarte inscribió la situación de algunos municipios chiapanecos en el contexto de las transformaciones y cambios acelerados de fin de siglo que han hecho aflorar viejos rezagos históricos de los que han surgido conflictos y tensiones, lo que ``preocupa profundamente al gobierno mexicano'', que continúa buscando el diálogo para la solución de los problemas. Estamos convencidos, dijo, que la paz justa y digna puede alcanzarse a través del diálogo y la negociación.

Recordó que a sólo 12 días de haberse iniciado el conflicto armado en aquella región de México, el gobierno federal decidió enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que fue aprobada por los legisladores de todos los partidos que tienen representación en este órgano legislativo.

Alicia Pérez Duarte afirmó que el Poder Legislativo tiene en su poder las iniciativas de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas para cumplir con los acuerdos de San Andrés Larráinzar, pues, dijo, es ante esta instancia donde descansa la responsabilidad histórica de traducir en enmiendas a la Constitución las aspiraciones nacionales en la materia.

Finalmente la representante de la delegación observadora mexicana indicó que en su intento para resolver el problema en Chiapas, el gobierno federal no sólo incluye la reconciliación y la paz con dignidad y justicia mediante el diálogo, sino que la estrategia también se dirige a resolver las causas estructurales, la marginación, la pobreza extrema y la falta de desarrollo en la región.