Astillero Ť Julio Hernández López

La presidenta y la cuarta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) están en pleno proceso de crucifixión jurídica y política, por haberse opuesto a que el ayuntamiento panista de Guadalajara retirase de los cruceros viales a limpiadores de parabrisas, payasitos y lanzafuego.

Contra ambas se ha solicitado formalmente ante el Congreso estatal el inicio de un juicio político, para que sus presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad sean plenamente sancionadas. Del asunto también se ha presentado queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En esencia, se acusa a la presidenta y a la visitadora de la CEDHJ de extralimitarse en sus funciones, al haberse manifestado (en entrevistas con medios de comunicación, y en pronunciamientos formales) en contra de los operativos policiacos de fascistoide limpieza vial realizados por fuerzas municipales.

A recuperar las calles...

El peculiar conflicto se originó el 12 de mayo pasado, cuando se reunió el pleno del llamado Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, que es un ``órgano consultivo'' del Poder Ejecutivo jalisciense.

Ese día, el citado consejo acordó ``proponer'' a las secretarías estatales de Seguridad Pública y de Vialidad y Transporte, y a los ayuntamientos de la entidad, que se tomasen medidas para combatir mejor a la delincuencia.

En un amplio documento, denominado La coordinación contra el crimen, se incluyó ``la estrategia de recuperar las calles y avenidas de la ciudad, ya que a últimas fechas se presentaban en los cruceros de las vías públicas algunas personas realizando actividades de limpieza de parabrisas a los vehículos en tránsito o realizando demostraciones con fuego y, en casos más graves, mendigando a través de la intoxicación de niños para que parecieran dormir''.

La recuperación de calles y avenidas fue de inmediato emprendida por el ayuntamiento panista. Los policías municipales arremetieron contra limpiaparabrisas. Enseguida hubo denuncias en el sentido de que el retiro forzoso iba acompañado por otras medidas de disuasión para impedir retornos a los cruceros: encarcelamientos, extorsiones, robos, agresiones sexuales, paseos para dejar a los desplazados en puntos opuestos a aquellos de los que fueron retirados...

Fue entonces, el 19 de junio, que se produjo la reacción pública de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La cuarta visitadora, Sandra Verónica Delgado King, ordenó medidas cautelares para suspender los operativos policiacos. El 14 de julio, el Consejo General de la CEDHJ respaldó la postura de la presidenta y la visitadora. Luego, el Consejo de Seguridad Pública solicitó contra ellas juicio político.

Ombudsman mudos, burocratizados...

El litigio en curso tiene interés nacional por cuanto pudiese sentar un precedente adverso para el funcionamiento de las comisiones estatales de derechos humanos, que ya de por sí están bastante limitadas por la dependencia económica y política que respecto a los gobernadores tienen en casi todo el país, y por el hecho de que sus pronunciamientos y recomendaciones no tienen carácter de obligatoriedad para ser cumplidas.

Si se sancionase a las jaliscienses por oponerse oportunamente a una flagrante violación de los derechos humanos, se estaría condenando a todos los titulares de esos órganos a someterse a una dinámica procesal burocratizada y, en el fondo, ineficiente, al quedar sólo como críticos formales de hechos consumados.

El PAN, gobernar para las élites

Pero, además, el episodio que se vive en Guadalajara ayuda a entender mejor el ejercicio panista del poder y, en especial, las distintas tonalidades ideológicas que respecto de los problemas sociales se dan en ese partido, y que en anterior columna se ilustraron con el contraste entre los perfiles del fallecido José Angel Conchello y el presidenciable Vicente Fox.

Dos de los actores principales de la historia aquí narrada son el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez y el presidente del ayuntamiento de Guadalajara, Francisco Ramírez Acuña. Ambos son panistas, aunque pertenecen a bandos diferentes.

El mandatario estatal encabeza la corriente dominada por los llamados dhiacos, en recuerdo de la asociación llamada Desarrollo Humano Integral. Los dhiacos son ubicados en la extrema derecha y de su tozudez han dado constante muestra durante el accidentado gobierno de Cárdenas Jiménez. Contra ellos lucha al interior del PAN, y del gobierno, la corriente de los tradicionalistas, cuyo principal personaje es el alcalde Ramírez Acuña.

Exterminio de los pobres, seguridad para los automovilistas

Las diferencias internas no se manifiestan, sin embargo, en sus posturas públicas. Dhiacos y tradicionalistas están unidos en este momento en la reveladora cruzada contra los limpiaparabrisas. Los panistas, de uno u otro origen doctrinal, entienden a los miserables como un hecho que afecta y amenaza sus intereses de élite y que, por tanto, se debe extirpar sin contemplaciones. La pobreza es entendida así como un mal en sí y no como consecuencia de la injusticia económica y política.

Pero, ¿tales consideraciones son hechas por los enemigos jurados del panismo, por interesados opositores políticos?

No. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es María Guadalupe Morfín Otero, nieta del destacadísimo panista Efraín González Morfín. Ella, como principal impugnadora de las medidas ``recomendadas'' por el Consejo de Seguridad Pública, que es ``órgano consultivo'' del gobernador panista (dhiaco) Cárdenas Jiménez, y de la aplicación de esas medidas por parte del alcalde panista (tradicional) de Guadalajara, ha ayudado a entender el peligro de que lleguen al poder visiones individualistas, excluyentes e intolerantes (colindantes con el fascismo) como las que hoy gobiernan Jalisco y Guadalajara.

``Ser pobre, verse en la necesidad de acudir a la calle para subsistir, no es ser delincuente (...) Los pobres no merecen que se les envíen policías ni medidas represivas, sino trabajadoras sociales, oportunidades de empleo, de educación, de alimentación (...) Ninguna libertad auténtica puede gozar quien viva aferrado a privilegios sustentados en su origen geográfico o su posesión de un vehículo (...)'', ha dicho la ombudsman jalisciense.

Me preocupa, también ha señalado Morfín Otero, ``que un gobierno emanado de un partido político que tiene una plataforma de principios sustentada en el respeto a la dignidad de la persona humana, pueda avalar programas de seguridad pública a los que les molesten los controles judiciales, sociales, constitucionales y de organismos de derechos humanos''.

Y algo más: ``Un estado que renuncia a estar en diálogo con su sociedad civil, y que deje de aceptar estos puntos de vista críticos, sobre todo por parte de quienes tenemos en nuestras manos la encomienda de ejercer funciones críticas, sería un estado que se parecería mucho a un estado policiaco, y ese no es un estado de libertades''.

Reacciones de apoyo

El desproporcionado intento de acallar a la ombudsman de Jalisco ha generado ya reacciones. Luis de la Barreda, el presidente de la comisión del ramo en el Distrito Federal, ha escrito a su similar nacional que debe haber un pronunciamiento sobre el caso ``con prontitud'' y que debe aplicarse el principio de inmunidad del ombudsman por actos y declaraciones que realice en ejercicio de las facultades propias de su cargo.

El rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Víctor Manuel López Romero, ha expresado formalmente su ``extrañamiento y preocupación'' por las notas referidas al caso y ha deslindado a la UAG, que forma parte del citado Consejo de Seguridad Pública, de la actitud asumida contra la ombudsman.

El presidente de la comisión del ramo en el estado de México, Miguel Angel Contreras Nieto, quien además preside la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, también ha respaldado la postura asumida por la señora Morfín Otero.

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