Alarma a CSG el cateo de archivos de una empresa de su hermana
Juan Manuel Venegas Ť La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 66 disquetes y diversos documentos que alcanzaron a llenar más de 50 cajas, en el cateo que la semana pasada realizaron sus peritos y agentes en la empresa editorial Azabache, propiedad de Adriana Salinas de Gortari, hermana del ex presidente de la República. El operativo se inició a las 9 horas del jueves 30 de julio y se prolongó hasta las 7 de la mañana.
La orden judicial que llevaban los agentes de la Procuraduría -todo bajo la supervisión del subprocurador José Luis Ramos Rivera, encargado de toda las pesquisas que se llevan a cabo contra Raúl Salinas de Gortari- les permitió incluso acceder al disco duro de todas las computadoras instaladas en la red de la mencionada empresa. No hubo expediente que escapara a la inspección oficial y todos fueron impresos -escrupulosa selección de por medio- y debidamente clasificados en las cajas que dispuso la Procuraduría.
Fueron revisados y asegurados también diversos expedientes elaborados por los abogados de Raúl y Adriana Salinas; uno de ellos, Juan Velázquez, despacha en las instalaciones de Azabache desde hace por lo menos dos años.
Hay ``extrema preocupación'' en el equipo de abogados por los documentos extraídos por Ramos Rivera, quien además de sostener la acusación a Raúl por su presunta responsabilidad en la autoría intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, está empeñado en procesar al mayor de la familia Salinas de Gortari por lavado de dinero, y no ha dejado pasar oportunidad para allegarse los documentos que sustenten el enriquecimiento ilícito -``inmoral'', lo calificó el propio subprocurador- del preso de Almoloya.
Esa preocupación se extendió hasta Dublín y, por lo pronto, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari pidió al grupo de la defensa de Raúl y al abogado de cabecera de Adriana (Juan Velázquez) le informen ``detallada y pormenorizadamente'' del archivo al que tuvo acceso la PGR, según informaron fuentes allegadas al caso.
La petición de Salinas -trascendió entre los abogados de referencia- es por escrito. ``Los urgió'' a hacer una evaluación ``muy precisa'' de lo que puede significar ese expediente en poder de Ramos Rivera. Y en el cumplimiento de esa orden vienen trabajando en los últimos días Juan Velázquez, Raúl González Salas, Roberto Hernández y Raúl F. Cárdenas. Eduardo Luengo -el abogado que encabeza la defensa de Raúl en relación con el homicidio del secretario general del PRI- no se encontraba en el país el día del cateo. Había viajado a Estados Unidos, interesado en el nuevo interrogatorio que la PGR pretendía hacer a Mario Ruiz Massieu.
Velázquez es el más preocupado de todos. En el medio se sabe de la enorme confianza que en él ha depositado Adriana Salinas en los últimos años. Incluso, cuando Velázquez cayó en desgracia -al ser utilizado por Pablo Chapa Bezanilla para traer a México a Raúl y aprehenderlo en febrero de 1995- y la familia tuvo que recurrir a otros abogados para conformar la defensa del hermano mayor, mantuvo su papel protagónico en el equipo, sólo por la intervención de Adriana.
Desde entonces Velázquez ha permanecido al lado de Adriana, a tal grado que por lo menos desde marzo de ese año, empezó a despachar y atender sus asuntos desde una oficina contigua a la de la hermana del ex presidente de México. Lo siguieron en la pretendida y buscada cercanía con Adriana, Roberto Hernández y Raúl F. Cárdenas, quienes en el transcurso de los meses fueron concentrando expedientes en el edificio de Azabache, ubicado en la calle Dallas, colonia Nápoles de esta ciudad.
Esos expedientes de los abogados, más el archivo de los Salinas ahí concentrado, son el motivo de la preocupación que ronda entre los defensores de Raúl y que provocó la reacción desde Dublín.
Velázquez no tuvo el cuidado suficiente con los archivos
Los 66 disquetes y las 50 cajas llenas de documentos (algunas versiones en la PGR aseguran que son más los cajones que obran en su poder), y las impresiones que los peritos extrajeron de la red de cómputo de Azabache, son analizados por los encargados de las investigaciones que involucran oficialmente a Raúl Salinas, no sólo en el asesinato de Ruiz Massieu, sino también en operaciones de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
La responsabilidad de Velázquez -según se informó- radica en ``no haber tenido cuidado'' en el manejo del archivo que se concentró en Azabache, exponiendo con ello a la propia Adriana Salinas.
Aunado a ello, el penalista se quedó sin argumentos de protesta por el cateo de la Procuraduría, y está imposibilitado para alegar la posibilidad de un atentado a su profesión, toda vez que la inspección se llevó a cabo en una empresa y no en un despacho de abogados.
La Procuraduría General de la República, en tanto, revisa cada uno de los documentos que aseguró la semana pasada y en su oportunidad los utilizará, ya sea en los procesos que se siguen contra Raúl Salinas o bien, no se descarta la posibilidad de que haga público el resultado del cateo en Azabache, en los medios de comunicación, como ya lo hizo el año pasado, cuando catearon la residencia que el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz heredó a sus hijos y que se encuentra bajo la custodia de Paulina Castañón de Salinas de Gortari.