Astillero Ť Julio Hernández López

La revelación pública de datos con los que el PRD busca demostrar las trapacerías cometidas al amparo del Fobaproa es uno de los lances más delicados que ha realizado el partido del sol azteca.

Al desnudar redes de complicidades que inevitablemente llevan al tema del financiamiento de la campaña presidencial priísta de 1994, y al generar irritaciones en la cúpula empresarial que a su vez presiona al gobierno federal para que frene la estrategia en curso de strip tease financiero, el PRD ha lanzado al zedillismo una virtual declaración de guerra que habrá de mantenerse (en treguas concertadas o en acciones francas de enfrentamiento) de aquí a las elecciones presidenciales del 2000.

Con ese desplante bélico, el PRD ha acelerado la toma de posiciones políticas o, dicho de otra manera, ha polarizado el panorama político. El tramo de cohabitación pacífica que hasta ahora han recorrido los gobiernos zedillista y cardenista parece haber llegado a su fin. Un rehén de guerra en este escenario es Oscar Espinosa Villarreal, y la oreja cercenada para demostrar hasta dónde se quiere llegar es el ex funcionario del transporte capitalino, Fernando Peña Garavito. Los intereses sustanciales del zedillismo han sido tocados y ese atrevimiento será cobrado (o se intentará cobrarlo) en el momento oportuno.

Las definiciones no se están dando, sin embargo, sólo en el plano externo. Definiciones, y convulsiones, las hay en el ámbito interno. Y es que no todos los personajes del perredismo están de acuerdo con la estrategia desarrollada por Andrés Manuel López Obrador en el caso Fobaproa. Hay inclusive importantes directivos que rechazan de manera explícita la divulgación de datos hecha el lunes por la noche por el tabasqueño.

El asunto también tiene que ver con el futuro. Concretamente con el 2000. Hasta ahora, el PRD ha caminado de manera más o menos coherente a pesar de sus graves desaveniencias subterráneas. Pero el asunto Fobaproa parece colocar a algunos directivos como Porfirio Muñoz Ledo en una tesitura difícil. Circula en medios gubernamentales la versión de que el coordinador de los diputados federales del PRD estaría tentado a redefinir su posición partidista a la luz de las polarizaciones desatadas con el caso Fobaproa. Otros directivos estarían igualmente entrampados entre el fundamentalismo de la franja cardenista dominante, impulsora del destape de datos y del empuje contra la conversión del Fobaproa en deuda pública, y el dialoguismo del segmento que prefiere arreglos y negociaciones.

Por lo pronto la tendencia dura obtuvo el lunes, con las revelaciones de López Obrador, un avance importante. La airada reacción del gobierno federal y de la cúpula empresarial es un adelanto de lo que ha producido. Falta mucho por ver.

Los enigmas de la Guelaguetza

Resulta desconcertante el curso que ha seguido la contienda por la gubernatura de Oaxaca. El primer dato extraño fue la postulación de José Murat Casab como candidato priísta, tomando en cuenta tanto la animadversión que le guarda el mandatario en funciones, Diódoro Carrasco Altamirano, como la privilegiada comunicación que éste tiene con el presidente Zedillo, lo que se tradujo en su momento en la clara advertencia de los riesgos que significaría para la entidad el estilo político de Murat.

A pesar de ese virtual veto (al que debería haber afianzado la camaradería de Diódoro con el titular del dedo cercenado que decide las candidaturas), Murat Casab fue postulado. El gobernador Carrasco Altamirano mantuvo activa, sin embargo, su oposición. Peleó en busca de colocar a personajes cercanos a su afecto en las listas de candidatos a diputados locales y, además, exigió espacios de poder y presencia política.

Mientras tanto, el senador perredista Héctor Sánchez fue creciendo electoralmente, en una campaña cuyo despliegue hizo preguntarse a algún directivo priísta si acaso habría una inyección económica especial para favorecer el peculiar estilo opositor de Sánchez.

Llegados los comicios, el priísta salió oficialmente adelante. Sánchez, sin embargo, rechazó los resultados, habló de graves irregularidades, y consiguió que Andrés Manuel López Obrador le levantase la mano cual si fuese el ganador de las elecciones.

De pronto, el PRD apareció como en una fotografía antigua: instalado de nuevo en el conflicto poselectoral, en el desconocimiento de los resultados que no le favorecían. El sustento para el gesto pendenciero del PRD eran los datos de una, sólo una, compañía encuestadora.

Pero el amago del conflicto poselectoral no parece una simple rabieta. Hay versiones que hablan de la inducción de un cuadro de desaestabilización que acaso llevase a Murat Casab a dejar más delante la gubernatura para que, entonces sí, pudiese entrar como interino, sin los riesgos de una elección, el verdadero favorito de Carrasco Altamirano.

En ese sentido, hay gargantas profundas que recomiendan estar atentos a la manera como se desenvolverá la vida política y social de Oaxaca bajo el gobierno de Murat. En caso de irse agudizando los conflictos (como creen estos oráculos que sucederá), el gobierno central deberá tomar decisiones. El instrumento ablandador sería el movimiento de impugnación que desde ahora ha constituido el senador Sánchez.

Lo único cierto es que a la empobrecida Oaxaca, plena de desesperación social que en algunos casos ha optado por la violencia política, nada bueno le espera en estos juegos de poder.

No a las corrientitas dentro del PRI

La presidencia nacional del PRI ha pedido a la mesa de coordinación de la Corriente Renovadora que acredite membresía en cuando menos veinte estados del país para avalar su solicitud de registro como corriente de opinión.

El requisito carece de sustento estatutario, pues no existe ninguna norma procesal aplicable a las corrientes de opinión. De hecho, el PRI está obligado desde 1991 a elaborar un reglamento de corrientes de opinión, pero hasta ahora no lo ha hecho. En ese sentido, es absolutamente arbitraria la cuota de membresía impuesta en veinte entidades a la corriente en la que destacan Sergio García Ramírez, Rodolfo Echeverría y David Ibarra.

Sin embargo, los renovadores aceptaron cumplir con el pedimento de la directiva priísta. Al parecer, el comité presidido por Mariano Palacios Alcocer no desea sentar precedentes, al aprobar el registro de la citada corriente, para que luego se dé una explosión de corrientitas sin representatividad ni seriedad que demanden reconocimiento oficial.

El objetivo de los renovadores es presentar al comité priísta una relación de adherentes de todos los estados del país.

Astillas: Alfredo Magno Garcimarrero, senador veracruzano perredista, considera que el periodista Jorge Saldaña pudo haber sido un mejor candidato a gobernador que Arturo Herviz. Saldaña no sólo es un personaje conocido a nivel nacional sino, sobre todo, un mexicano con una postura política y cívica absolutamente congruente. En los encuentros de lucha libre que con frecuencia protagonizan los principios perredistas con las ambiciones pragmáticas, suelen perderse oportunidades como la de haber postulado a don Jorge Saldaña, quien desde París observa atentísimo lo que sucede en su patria y a quien desde aquí se envía un afectuoso saludo...

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