Emilio Pradilla Cobos
Romper la relación perversa

Cuando Cárdenas y el gobierno de la capital tuvieron que enfrentar la explosión navideña de ambulantes en el Centro Histórico (el mayor punto de concentración), optaron por aplicar la ley existente, aprobada cuando el PRI era mayoría absoluta en el gobierno y el Legislativo del DF, porque un gobierno que no aplica la ley, se coloca fuera de ella. Buscó una nueva forma de relación con los ambulantes mediante el diálogo con las organizaciones, para buscar soluciones dentro de la ley. Sin embargo, ha tenido frente, sin ningún velo, a las organizaciones corporativas del PRI que se niegan a aceptar su propia legislación, sus propios programas de reubicación, y que aprovechan el conflicto para tratar de generar puntos de ingobernabilidad.

La relación perversa entre ambulantes y poder se ha roto, pero sólo parcialmente: el gobierno cardenista rechaza y no quiere formar parte de la relación corporativa, a pesar de las presiones de algunas organizaciones perredistas que quieren sustituir a las priístas en el trato privilegiado; pero el corporativismo priísta sigue vivo, alimentado por la relación con el gobierno federal, la esperanza de recuperar el gobierno del DF en el 2000, la permanencia de funcionarios de bajo nivel insertos en sus redes y una cultura patrimonialista, clientelar muy arraigada. La situación económica lleva a afirmar que las causas estructurales de la informalidad se mantendrán largo tiempo, que si no se cambia el modelo económico neoliberal, pueden ser permanentes; y medidas como las plazas, tianguis y puentes comerciales permitirán ordenar y formalizar las situaciones más conflictivas para la ciudad y los ciudadanos, pero no superar el fenómeno social.

Lo que sí puede hacerse es romper de raíz la relación perversa, para lo que es necesario poner en juego a todos los actores políticos y sociales. En lo legal, debe eliminarse todo resquicio que permita la afiliación forzosa de los agremiados a un partido político, para que los ambulantes sean libres, sin afectar el legítimo derecho a la organización y la representación. La Asamblea Legislativa está en condiciones de revisar la legislación sobre el tema para que sea más adecuada al tiempo y los problemas presentes; mientras ello no ocurra, el gobierno tiene que seguir aplicando la normatividad existente. Si los partidos políticos, sobre todo el PRI, quieren seguir presentándose a la opinión pública como ``democráticos'', están en la obligación de desmontar sus vínculos corporativos con las organizaciones y líderes.

En el diálogo para buscar soluciones deben participar todos los actores del conflicto: autoridades, ambulantes, comerciantes ``formales'', habitantes y usuarios de las zonas ocupadas, con el objetivo de lograr consensos democráticos para preservar los derechos e intereses de todos. Hay a la vez que garantizar el derecho a la actividad de subsistencia, de la cual muchos capitalinos dependen, pero es obligado romper los vínculos existentes en ocasiones con el crimen organizado. Hay que atacar en primer lugar a los grandes beneficiarios: la economía subterránea de cuello blanco (fayuqueros, distribuidores, ladrones de mercancías, empresas piratas, etcétera), sometiéndolos a la ley e integrándolos a la fiscalidad. Debe atacarse frontalmente, penalmente, la corrupción de funcionarios, policías y líderes.

El gobierno puede ciudadanizar la relación, eliminando el coyotaje y la gestoría, para dar un trato directo a los ambulantes, lo cual debilitará el control político-económico de los líderes y los someterá al código de la representatividad. La ciudad tiene que ir recuperando su habitabilidad y los pobladores su tranquilidad cotidiana, por lo que hay que reinstalar a los ambulantes en lugares adecuados, donde fluya la demanda, garantizando su rentabilidad, para liberar al mismo tiempo la calle para el tránsito. En el mediano y largo plazos, hay que superar el problema mediante una política económica y social distinta a nivel nacional, pero mientras tanto hay que convivir civilizadamente con el ambulantaje, actuando sobre sus aspectos políticos más negativos.