La Jornada 4 de agosto de 1998

La acción perredista, ``irresponsable''; se analiza querella: Bours

Antonio Vázquez S. Ť En respuesta a la lista de supuestos beneficiarios del Fondo Bancario de Protección al Ahorro que divulgó el Partido de la Revolución Democrática, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Eduardo Bours Castelo, advirtió que algunos empresarios analizan la posibilidad de demandar de manera particular a este partido político por difamación, daños morales y lo que resulte.

La cúpula empresarial e industrial del país de manera unificada calificó de ``inaceptable, intransigente e irresponsable'' la información que en nombre del PRD, difundió el presidente de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, y advirtió que esta intención por convertir el tema del Fobaproa en un ``juicio sumario o en cacería de brujas'' pone en riesgo la viabilidad de varias empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, a consecuencia de estas acusaciones ``infundadas''.

Empresarios e industriales del país convocaron la tarde de ayer a conferencia de prensa para emitir un comunicado conjunto en el que rechazan cualquier intento de ``linchamiento generalizado'' que se pretenda realizar contra empresas con el pretexto del debate del Fobaproa. ``Resulta ilegítimo dar a conocer una lista de nombres, cantidades y comentarios, argumentando que si hay errores se los hagan saber para hacer la corrección pertinente''.

En nombre de este grupo económico, Eduardo Bours destacó que ``se acusa sin elementos y a la vez se ofrecen garantías de una disculpa pública, pero una vez proferida la ofensa y el daño moral''.

Rechazo a una cacería de brujas

El dirigente del CCE --que recientemente fue citado por la fracción parlamentaria del PRD para que explicara ante la Cámara de Diputados su participación en la Unidad Coordinadora del Acuerdo Bancario Empresarial (UCABE), organismo que participó en la restructuración de por lo menos 4 mil millones de dólares y al que se le denominó El Barzón de los Ricos-- aclaró que asumir como deuda pública los pasivos de la crisis no significa dar paso a la ilegalidad o a la impunidad.

Agregó que ``sin duda es válido el argumento de evitar beneficios ilegítimos cuyos costos recaigan en la sociedad. No obstante, no podemos caer en actitudes irresponsables e intransigentes proponiendo una cacería de brujas, lanzando acusaciones sin contar con todos los elementos que las sustenten. Esto, lejos de contribuir a la solución del problema genera enconos, desconfianzas y dificulta el arribo a los consensos que la sociedad reclamaÉ''

Bours Castelo leyó un documento de tres cuartillas en el que aparecen los nombres, no las firmas, de los presidentes de Concanaco, Canaco, Concamin, Canacintra, Coparmex, de los consejos Mexicano de Hombres de Negocios, Coordinador Financiero y Nacional Agropecuario, así como de la Asociación Nacional de Instituciones de Seguros.

En el texto se aclara que los empresarios que menciona el PRD en su lista no fueron quienes decidieron pasar su cartera al Fobaproa. ``Esa fue una decisión de los bancos. Estar en el Fobaproa no implica en sí mismo irregularidad alguna''.

Y agrega que ``los créditos que se enuncian están en diferentes situaciones y se utilizaron para asegurar las fuentes de empleo. Es muy peligroso hacer generalizaciones engañosas, porque algunos de los deudores que se mencionan en ese listado están al corriente en sus pagos, otros han restructurado su deuda y algunas otras empresas han quebradoÉ''

El dirigente empresarial sostuvo que ninguna estrategia ``político-electorera'' encaminada a mantener al Fobaproa como botín político de grupos de interés, justifica un enfoque de división y confrontación que puedan llevar a polarizar a la sociedad mexicana. Reiteramos, dijo, la importancia de dignificar el papel de la política en la discusión del paquete de reformas al sistema financiero, a través del diálogo, con madurez política y sana tolerancia bajo bases que superen revanchismos y oportunismos y que, en su caso, aporten soluciones alternativas viables, realistas y de largo plazo, pero sobre todo que antepongan el interés superior de la nación sobre los de grupo.

Por su parte, Vicente Yáñez Solloa, presidente de Canacintra, alertó sobre las consecuencias que tendrá entre los inversionistas nacionales y extranjeros la publicación de este tipo de listados. ``Debemos tener mucho cuidado con eso, porque el factor confianza es muy importante'', indicó.

Recordemos, dijo, que existe una seria competencia mundial por atraer inversiones y éstas se irán a los países en función de elementos de confianza, de certidumbre y de reglas claras. Si afectamos el secreto bancario, debemos pensar también en las repercusiones que esto tendrá en el nivel de inversión.

Tanto el dirigente del CCE como el de Canacintra resaltaron la necesidad de avanzar en la consolidación de un sistema financiero fuerte y sólido, capaz de financiar el desarrollo del país, atender la demanda crediticia del aparato productivo e impulsar la generación de empleos y de riqueza que reclama México.