La presencia estadunidense alrededor de la guerra en Chiapas se ha intensificado significativamente en el último mes y medio. A las tradicionales acciones de las ONG de derechos humanos, thinkthanks y grupos de solidaridad, se ha sumado el comentario de Madeleine Albright sobre la presión que la administración Clinton ejerce al gobierno mexicano para solucionar el conflicto, la audiencia del subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes, la iniciativa del senador de Vermont Patrick Leahy para que ese órgano legislativo pida al Departamento de Estado que promueva un llamado a resolver pacíficamente el diferendo, y la detención de dos militares estadunidenses por grupos paramilitares en la comunidad de Los Plátanos.

Este incremento de la presión estadunidense es resultado tanto de la persistente acción de las coaliciones de solidaridad, como de la preocupación dentro de los círculos oficiales por el deterioro creciente de los derechos humanos en la región y la pérdida de control gubernamental del proceso. Tradicionalmente, las administraciones de Estados Unidos han privilegiado el apoyo a la estabilidad política en México por sobre los procesos de democratización. Hoy, sin embargo, ambos temas se están imbricando.

Ciudadanos estadunidenses han sido expulsados de territorio mexicano por traer a Chiapas ayuda humanitaria o construir escuelas. En 12 meses, informó La Jornada (01/VIII/98), se han efectuado nueve giras de militares de ese país a Chiapas, y durante los primeros meses de este año se han realizado, por lo menos, el doble de viajes a ese estado de todos los que se hicieron en 1997.

Lo último que el gobierno de Estados Unidos quiere es que, en lo que considera su patio trasero, se precipite una crisis política de grandes proporciones. Con la crisis asiática sin resolver, con una inminente crisis en Rusia y con los organismos multilaterales de financiamiento sin recursos, un nuevo sobresalto en la economía mexicana sería muy difícil de apuntalar. Y, como se mostró a raíz de la ofensiva policiaco-militar en El Bosque, los mercados mexicanos han comenzado a valorar el conflicto en Chiapas con cierta preocupación.

Pero, además, en la cultura política estadunidense existe una larga tradición de presiones de los votantes sobre sus legisladores. Y la acción de las coaliciones de solidaridad sobre representantes y senadores, junto a los informes sobre el conflicto y la situación de los derechos humanos de organismos reconocidos en el mundo de Washington como Human Rights Watch o Wolla, han logrado que Chiapas comience a ser un asunto en la agenda del Congreso de ese país, al punto de que, por lo menos, sus integrantes tengan interés por saber qué es lo que allí sucede.

El movimiento de solidaridad con Chiapas en Estados Unidos, según la investigadora Lynn Stephen, está articulado en torno a cuatro grandes coaliciones o redes nacionales, varias iniciativas regionales y unos 50 grupos locales. El pasado 7 de mayo constituyeron la Red de Solidaridad con México. Las cuatro coaliciones más importantes son: la Comisión Nacional para la Democracia en México (CNDM), con sede en Los Angeles y El Paso; Servicio Internacional por la Paz (Sipaz), establecido en Santa Cruz, California; Global Exchange (GB), con oficinas en San Francisco y San Cristóbal; y la Fundación Interreligiosa para la Organización de la Comunidad-Pastores por la Paz, con sede en Nueva York y Chicago. Destacan también proyectos como el impulsado por el recientemente deportado Peter Brown, denominado Equipos de Construcción de Escuelas en Chiapas, con base en San Diego, así como una multitud de grupos locales formados por equipos estables como Tonantzin, de Boston; New York Zapatistas o la Alianza Zapatista de Pittsburgh. Entre 2 y 3 mil estadunidenses han participado en viajes de solidaridad a Chiapas durante los últimos cuatro años.

Entre los elementos que actúan como facilitadores de esta convergencia y activismo, se encuentran la preocupación por el uso que se está dando en México a la ayuda militar de ese país, la experiencia de trabajo de solidaridad con Centroamérica, la construcción de coaliciones binacionales previas en torno al libre comercio, el impacto de la rebelión zapatista en los medios y el uso de Internet.

El factor estadunidense en el conflicto chiapaneco llegó para quedarse. Su presencia se reforzará en los próximos meses.