La economía mexicana sufre una fuerte anomalía. Luego de la recesión de 1995, el desempeño del conjunto de las actividades productivas carece del sustento elemental e indispensable que debe ser el crédito bancario. El financiamiento otorgado por los bancos comerciales al sector privado --que en 1995 ya sufrió un drástico desplome-- disminuyó seis puntos porcentuales del PIB en 1996, cinco puntos adicionales en 1997 y unos tres más en el primer semestre de 1998. En 1995, los bancos canalizaron al sector privado recursos crediticios por un monto equivalente al 38 por ciento del PIB; se estima que esa proporción --que ya entonces era reducida-- cayó hasta 24 por ciento al cierre de la primera cuarta parte del presente año.

Si se considera que la mayor parte del (magro) crédito otorgado durante estos años por los bancos comerciales está constituida por recursos destinados al refinanciamiento de deudas asumidas por el sector privado antes de 1995, puede concluirse que hoy la economía carece de un sistema de intermediación que cumpla con sus funciones primarias --y en primer lugar con la que acaso sea la más importante de ellas: la de generar activos que contribuyan a incrementar la producción, el ingreso y el empleo de la sociedad.

El sistema bancario no solamente no está cumpliendo con sus funciones más elementales, sino que además requiere cuantiosos recursos fiscales para poder sobrevivir a la crisis sin precedentes que padece. El monto estimado de estos recursos se ha ido incrementando constantemente al tiempo que nadie, en el sector financiero privado y gubernamental, puede en verdad asegurar que los miles de millones de pesos que ahora se están demandando serán suficientes para sanear de una vez por todas al sector. En el supuesto --demasiado optimista en las circunstancias políticas actuales-- que el Congreso autorizara el proyecto gubernamental de consolidar en la deuda pública los pasivos impagos de los bancos en poder del Fobaproa, ¿qué garantizaría que con ello se va a detener y sobre todo a revertir el ciclo de deterioro del sistema de intermediación? Uno de los supuestos de la actual estrategia era que, al recuperarse el crecimiento de la economía, se reduciría de manera paulatina y proporcional el problema bancario. El PIB tuvo un crecimiento intenso en 1996 y 1997 (6 por ciento en promedio anual, el más elevado desde 1982) pero la crisis bancaria siguió profundizándose y con ella sus costos económicos.

Ocurre que el problema bancario del país no es un asunto únicamente relacionado con el funcionamiento de los mercados financieros (que según los especialistas son inestables), sino con la naturaleza de las instituciones que en ellos operan. Estas instituciones, a su vez, son un producto del régimen regulatorio, normativo y de supervisión que en México, como se sabe, tiene su origen en el proceso de liberalización iniciado hace una década. En la abundante bibliografía existente sobre este tema es un lugar común decir que los objetivos primordiales de todo régimen de regulación son salvaguardar la integridad del sector financiero y mantener la buena reputación de sus instituciones. No puede decirse que esta regla se haya cumplido en nuestro país.

Hay una brecha enorme entre las reformas operativas del mercado financiero producidas por la liberalización y las modificaciones del sistema regulatorio y normativo que fueron paralelamente introducidas. Quizá esto explique en parte por qué la liberalización degeneró en libertinaje financiero. Tal vez también ayude a explicar por qué, en lugar de elevar la eficiencia del sistema, el comportamiento de los bancos liberalizados se convirtió en un factor de deterioro de la economía en su conjunto. Después de un corto periodo de frenesí crediticio, se dilapidó el capital de cada una de las instituciones y algo peor, se destruyó la capacidad del sistema bancario para evaluar, financiar y dar un seguimiento constructivo a proyectos económicamente viables del sector productivo. Restablecer esta función del sistema financiero es una de las grandes exigencias que enfrentan los políticos que se encuentran discutiendo cómo resolver la crisis de los bancos.