Gobernación delega facultades en materia migratoria
José Gil Olmos Ť Después de una serie de conflictos con observadores extranjeros, la Secretaría de Gobernación delegó importantes facultades migratorias al Subsecretario de Población y Servicios Migratorios, al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) y a los delegados estatales, quienes tendrán ahora la responsabilidad de expulsar a extranjeros que violen las leyes mexicanas; autorizar la entrada de grupos de otros países; expedir la declaratoria de inmigrado; otorgar perdón a extranjeros que cometieron delitos perseguidos por querella; dar permiso de internación y autorizar discrecionalmente la reposición de procedimientos o la emisión de resoluciones para quienes han sido expulsados.
Las nuevas disposiciones publicadas ayer en el Diario Oficial, otorgan facultades a los delegados migratorios regionales y locales para ``determinar el periodo durante el cual el extranjero expulsado no podrá regresar al país''. Esto es, ya no tendrán que esperar la autorización para expulsar a quienes se consideren indeseables, sino que lo harán desde el lugar donde se encuentren los funcionarios de Migración en cualquier punto del territorio nacional.
Según Carrillo Castro, el acuerdo sirve para descentralizar las facultades migratorias de los 16 delegados regionales y de las 80 delegaciones locales del país. En meses pasados se suscitaron diversos conflictos migratorios en Chiapas, con sacerdotes y observadores extranjeros, que tuvieron que ser resueltos desde la ciudad de México. Se prevé que con estas medidas, esta situación ya no se presentará.
Entre otros motivos, la decisión de delegar responsabilidades a diversos funcionarios migratorios responde a que los movimientos demográficos, la crisis económica y la inestabilidad política en algunos países han propiciado flujos migratorios que requieren de atención especial. Las disposiciones migratorias anteriores a éstas corresponden a la gestión de Jorge Carpizo, secretario de Gobernación en 1994.
Los artículos que conforman el acuerdo, son ocho, de los cuales derivan 70 facultades que el secretario de Gobernación y el subsecretario de Población tenían y que ahora se repartirán entre el INM y los subdelegados. Entre ellas destacan el rechazo de internación, elaborar órdenes de expulsión, fijar del periodo durante el cual el expulsado no podrá reingresar al país, elaborar oficios de salida definitiva del territorio nacional, cancelar documentos migratorios, documentar a nacionales como trabajadores migratorios para su salida del país, otorgar permisos de internación, prórrogas, revalidaciones y refrendos, ampliar el tiempo de estancia, cambiar la calidad de inmigrante y dar permisos para contraer matrominio entre extranjeros y mexicanos.