La publicación de la lista de los primeros grandes beneficiados por el mecanismo de rescate de deudores de la banca en que se convirtió el Fobaproa, es una muestra más, esta vez importantísima, de que ya no hay intocables, y de que las formas y esquemas de la política y de los negocios en México tendrán necesariamente que seguir por nuevos derroteros.
Por décadas, desde el alemanismo que hoy retoña en Veracruz, los grandes empresarios se hicieron políticos y los políticos se hicieron grandes empresarios; unos socios de los otros, unos protectores de los otros. El mopolio del poder era tal que, como alguna vez lo dijera Manuel Moreno Sánchez, la complicidad era la amalgama que mantenía unidos a todos los integrantes del sistema.
Dice el refrán, sin embargo, que no hay mal que dure cien años ni enfermo que lo resista, y así, el mal de enriquecimiento impune a la sombra del poder está iniciando su declive, gracias a los cambios políticos y al avance de la oposición en general, pero especialmente a la oposición de izquierda del PRD, que tiene como uno de sus objetivos una mejor distribución de la riqueza.
Fobaproa, nombre de un fideicomiso que se creó por el gobierno hace más de una década para preservar la seguridad de los ahorradores y depositarios en caso de que los bancos tuvieran quebrantos, debería de contar con un fondo inicial integrado, según la ley, por aportaciones de los mismos bancos. Cuando vino la crisis de 1994, esos fondos fueron insuficientes y el Fobaproa siguió operando, pero desde entonces fuera de la ley, con giros a cargo de la hacienda pública y con el consentimiento y aval del gobierno federal.
Estas violaciones a la ley secundaria y a la Constitución, por pretender contraer deuda pública sin autorización del Congreso, serían suficientes para enjuiciar públicamente a quienes manejaron el fondo, pero como un agravante está el hecho que ahora el PRD pone de manifiesto que quienes más se beneficiaron con el apoyo del Fobaproa fueron los grandes empresarios, dueños de fortunas incalculables en lo personal, pero con empresas que no cubren sus adeudos y que tuvieron que ser rescatadas hasta hoy con dinero público por el pago de intereses y con la pretensión gubernamental de que la carga al pueblo se oficialice con el visto bueno del Congreso de la Unión.
La lección podría ser que en la medida en que se integran al poder fuerzas políticas no comprometidas con los negocios oficiales o con los intereses del gran capital, como es el caso del PRD, los intocables irán de retirada.
El caso del Fobaproa es ejemplar, pero también lo es el de Fernando Peña Garavito, hasta hace poco altanero y arbitrario director del Transporte Público, hoy sentado en el banquillo de los acusados por el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas para que rinda cuentas de manejos que siempre fueron motivo de sospechas y de acusaciones populares.
Es hasta ahora, también en la ciudad, cuando una procuraduría del Distrito Federal, encabezada por un abogado competente y decidido, que se pueden tomar acciones en contra de los que hace poco eran intocables.
Otro caso inusitado es el de los juicios políticos iniciados en la Cámara de Diputados contra varios gobernadores sospechosos de infringir la ley.
El cambio de México a la democracia está en marcha, pero, como se ve, su camino pasa por el fin de las complicidades. Hay sin duda funcionarios honestos, banqueros profesionales y respetuosos de las reglas, ellos no deben preocuparse, pero de ahora en adelante y en la medida en que la alternancia en el poder avance y se fortalezca la democracia, quienes la hagan, la pagarán; estamos en el principio del fin de los intocables.