El caos urbano que históricamente ha padecido el Distrito Federal creció y se agudizó severamente durante la última regencia capitalina, encabezada por Oscar Espinosa Villarreal. En particular, el problema del transporte público fue llevado a un desorden sin precedente: se concentraron en unas cuantas manos las concesiones para la verificación de automóviles, y se traficó con éstas y con permisos y licencias, se desmanteló el sistema de transporte colectivo Ruta 100 y se permitió la proliferación de microbuses y taxis.

En ese trienio, el responsable de la Dirección General de Autotransporte Urbano (DGAU) fue Fernando Peña Garavito, quien ahora está acusado por la Contraloría General del Distrito Federal por uso indebido de recursos públicos y abuso en el ejercicio de funciones. Como resultado de la revisión de la cuenta pública del DF correspondiente a 1995, esa dependencia solicitó ejercer acción penal en su contra por un presunto quebranto al erario de casi un millón de pesos.

La caótica situación a la que se orilló al transporte público -comentada en su oportunidad en este espacio- difícilmente podría explicarse únicamente en razón de la ineptitud de los funcionarios. La falta de control y verificación en el otorgamiento de placas y permisos, el conocido tráfico de documentos de circulación y verificación vehicular y el nunca aclarado episodio de los centenares de juegos de placas para taxis que se manejaron de manera irregular llevaron a la sospecha generalizada de que, en la administración gubernamental del transporte urbano, florecía la corrupción.

Peña Garavito es el primer funcionario de alto nivel del gobierno de Espinosa Villarreal que enfrenta una acusación por posibles delitos cometidos por el uso fraudulento de los recursos públicos y el ejercicio indebido de funciones. Se conforma así un primer indicio sólido y documentado de las irregularidades que pudo haber cometido la pasada administración.

Ciertamente, el proceso contra el ex responsable del transporte capitalino debe desarrollarse conforme a derecho, y las imputaciones en su contra están por probarse. De esta manera, empezarán a confirmarse o a desecharse las incontables sospechas que privan en el ánimo popular sobre la conducción de la anterior administración urbana.

Nadie ha de considerar deseable, por supuesto, una ``cacería de brujas'' o actos de ``revanchismo político'' -a los cuales atribuye Peña Garavito su arraigo domiciliario actual-. En este sentido, no debe perderse de vista que la acusación se origina en investigaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en arqueos de la Contraloría General de la ciudad, es decir, en ejercicios democráticos y transparentes de revisión de las cuentas públicas entregadas por la última regencia, y que tales cuentas no han resultado, hasta ahora, convincentes a ojos de la ciudadanía.