Varada, la iniciativa de reforma judicial
Jesús Aranda /I Ť La iniciativa de reformas constitucionales y legales en materia de justicia enviada por el presidente Ernesto Zedillo en diciembre pasado, que pretendía dotar al Estado de ``mejores herramientas jurídicas'' para combatir la creciente organización de la delincuencia, la impunidad de quienes delinquen y la corrupción de los cuerpos de seguridad pública, se estrelló con dos muros infranqueables: la imposibilidad del PRI de modificar la Carta Magna al no tener ``mayoría calificada'' en el Congreso; y el rechazo de legisladores de PAN y PRD -incluso algunos priístas-, así como de la comunidad jurídica, a que los cambios propuestos -principalmente a los artículos 16 y 19 constitucionales- dieran lugar a la aplicación de un Estado ``policiaco, autoritario y persecutorio''.
La intención del Ejecutivo al buscar la modificación de esos artículos -que permitiría a los jueces el libramiento de la orden de aprehensión con tan sólo la ``probable existencia de los elementos objetivos del tipo penal de delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, así como el juicio en ausencia, respectivamente''- provocó el rechazo de miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partidos de oposición, organizaciones no gubernamentales y juristas, que advirtieron sobre el riesgo de que fueran vulneradas las garantías individuales.
Ademas, hubo críticas al proyecto de reformas porque, a pesar de que el mismo presidente Zedillo reconoció en su iniciativa que la reforma al artículo 16 constitucional de 1993 -que estableció mayores requisitos para que los jueces libraran órdenes de aprehensión y con ello aumentara la impunidad y criminalidad-, ``consideró posiciones y teorías de escuelas que han tenido éxito en otras naciones'', por lo que, ``queda claro que no correspondían al desarrollo del derecho penal mexicano''. La propuesta presidencial incurrió en el mismo error de copiar modelos extranjeros, comentaron las fuentes consultadas.
En este sentido, el magistrado del tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, Guillermo Velasco Félix -quien es una autoridad en la materia-, dijo con relación a los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo en diciembre pasado:
``Quedará siempre la inquietud de que no deben hacerse reformas parciales que afecten al sistema procesal mexicano en su conjunto, porque se tiene el tiempo suficiente para meditar en una reforma integral de los preceptos constitucionales que formulan la infraestructura del derecho penal, así como del Código Penal y de los códigos de procedimientos penales.''
Sería deseable, insistió Velasco Félix en una conferencia dictada ante jueces y magistrados con motivo de las reformas planteadas, que surjan al mismo tiempo y en forma congruente tales reformas, con la pretensión de modernizar o actualizar todo el sistema penal, para dar mejores medios a la autoridad para contener la delincuencia desbordada, ``que rompe los principios de preservación del orden social, con todas las clarísimas y graves consecuencias que ello genera''.
Sería mejor, enfatizó, que la reforma integral que deba realizarse sea la síntesis de opiniones valiosas y de la experiencia, ``y no simplemente adoptar teorías extranjeras ajenas a nuestro sistema que por años se han ido perfeccionando. Sólo así podrá lograrse la seguridad jurídica''.
Los legisladores perredistas Amalia García y Cristóbal Arias, miembros de la Comisión de Justicia del Senado de la República -que es cámara de origen para esta propuesta-, adelantan que se opondrán a la reforma de los artículo 16 y 19 ``en los términos planteados''.
Mientras, el jurista Juan de Dios Castro, sin dejar de lado la discreción que lo caracteriza, precisa: ``En cuanto a los artículos 16 y 19, el proyecto tal y como viene no pasa en términos generales de parte del PAN. Mientras que el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo -que forman parte del paquete del Ejecutivo y son leyes secundarias- ``sí pasan''.
En entrevista, Amalia García afirma: ``Cuando el Presidente de la República envió su iniciativa, la preocupación del PRD fue cómo se atacaría la criminalidad, pero que al mismo tiempo no se sentaran las bases que pudieran conducir a la consolidación de un Estado policiaco, autoritario y persecutorio. Es un asunto delicado el que se tomen medidas más eficaces contra el crimen, pero al mismo tiempo garantizar las libertades''. Asimismo, subraya que disiente con el espíritu de la iniciativa presidencial y que la prevención del delito debe ser prioritaria.
La legisladora destacó que factores económicos son la causa principal del aumento de la delincuencia y advierte que ``la criminalidad más grave y violenta'' es la de las complicidades entre delincuentes e integrantes de las instituciones ``que deberían garantizarnos la seguridad''.
Afirma que el contubernio entre delincuentes, policías, agentes del Ministerio Público e incluso jueces genera una corrupción e impunidad que llega al grado de que ``no sabemos quién es el delincuente''.
Al respecto, el constitucionalista Clemente Valdés asevera que ``una buena parte de la criminalidad es responsabilidad del gobierno, que ha tenido en sus manos desde los tiempos de Porfirio Díaz lo que se refiere a la persecución de los delitos, al ejercicio de la acción penal y el castigo para lo que los funcionarios consideran conductas que dañan a la sociedad''.
Valdés advierte que la iniciativa presidencial resulta incompleta porque no contempla la independencia efectiva del Ministerio Público, que es un instrumento de dominio, de presión, de coacción que el gobierno aplica de manera selectiva, ``decidiendo cuándo investiga y cuándo no investiga, cuándo lleva un asunto ante los jueces y cuándo no, y cuándo se desiste incluso de un proceso que ya se está llevando a cabo ante los jueces.
``El crimen organizado que más debe preocuparnos es el de los diferentes gobiernos y el de los grupos que se mueven en contacto con las autoridades y que son sus cómplices, incluyendo los llamados delitos de cuello blanco.''
La preocupación del especialista respecto al monopolio del Ministerio Público en la persecución de los delitos no es compartida del todo por el senador panista Juan de Dios Castro, quien señala que ``se ha avanzado un poco en el problema'' al establecer la incompatibilidad de abogado de la nación y procurador de Justicia.
En esas condiciones, dice, podría pensarse en reformar el artículo 102 constitucional y la legislación secundaria para establecer, no la plena independencia del Ministerio Público -como se le planteó en pregunta-, ``porque ya tenemos la decisión de la Suprema Corte que otorga el derecho de amparo en contra del no ejercicio de acción de parte de esa instancia''.
Más bien, explica el legislador, cuando algún funcionario del Poder Ejecutivo esté involucrado en la comisión de ilícitos, aquí sí sería conveniente establecer la posibilidad de que el Ministerio Público tuviera un grado de mayor independencia.
La Comisión de Justicia del Senado de la República, que encabeza el senador priísta Trinidad Lanz Cárdenas, no ha podido en casi ocho meses sacar adelante la iniciativa presidencial, tanto él como su compañero de partido, Ramiro Robledo, se limitan a señalar que es un tema ``muy complejo'', que requiere el consenso de todas las fracciones.
Lo cierto es que la reforma constitucional, por lo menos en los artículos 16 y 19, no pasará en los términos en que envió el Ejecutivo, mientras que se espera que en las leyes secundarias sí se llegue a consensos que permitan su aprobación. Hay que recordar que el PRI no puede aprobar por sí solo ninguna reforma a la Carta Magna.