El Fobaproa no sólo encierra un fraude mayúsculo, sino que, además, encubre a uno o varios funcionarios de la pasada y presente administraciones pues, de otra suerte, el mismísimo gobierno ya hubiera dado a conocer los nombres de los banqueros que se autoadjudicaron préstamos con la complicidad de las autoridades financieras del país.
Y tan no es un problema menor, que las autoridades hacendarias --argumentando que se violaría el secreto bancario-- no están dispuestas a ceder un ápice en éste, que amenaza ser el problema más grave de la administración zedillista.
Seguramente las autoridades gubernamentales, con la complacencia del partido oficial (el PRI), intentarán pasar la factura de este atraco a la sociedad civil, vía una mayor carga impositiva. Y es que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) arrastra, hasta ahora, un lastre cercano a los 65 mil millones de dólares que el gobierno de México pretende convertir en deuda pública.
Pero no se podrá salvar este problema tan fácilmente, porque las auditorías que se aplicarán a dicho fondo arrojarán resultados no inéditos, pues la población ya sabe de la inmensidad de corruptelas que se han cometido con sus dineros. De antemano sospecha que este fondo se prestó a malos manejos por parte de algunos banqueros, quienes contaron con la complicidad de algunos funcionarios de la administración salinista y que se lograron colar a la del doctor Zedillo
Una de las cosas que más llama la atención a los legisladores de oposición que analizan el problema, es que el Fobaproa adquirió 440 mil créditos, pero sólo 604 préstamos concentran cerca de la mitad de la deuda que el gobierno pretende convertir en pública, es decir casi 33 mil millones de dólares.
Si bien es cierto que el detonador del problema fue la crisis de 1995, ese fondo comenzó a operar en septiembre de 1994, cuando rescató a los bancos Cremi y Unión, propiedad de Carlos Cabal (prófugo de la justicia), quien según las autoridades provocó un fraude de 2 mil millones de dólares.
Antes de la crisis, el gobierno tomó el control del banco Banpaís, propiedad de Angel Isidoro Rodríguez, alias El Divino, quien también está acusado de haber realizado operaciones al margen de la ley con esos recursos.
Curiosamente, estos dos personajes estuvieron estrechamente vinculados al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien durante su administración no se cansó de destacar sus bondades al grado de llamar al primero el empresario del año. Al segundo sólo le unía, según dijo en alguna ocasión el ex mandatario, una relación personalísima y afectuosa.
Melée
Los argumentos vertidos por las autoridades gubernamentales, hacendarias y bancarias del país no sólo son risibles, sino rayan en lo infantil y, por supuesto, están siendo rebasadas por las circunstancias. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Fondo Bancario de Protección al Ahorro sirvió para proteger los depósitos de los ahorradores cuando los bancos perdieron su capital por la crisis económica, debido a que dejaron de cobrar los préstamos que tenían colocados. El presidente de la Asociación de Banqueros de México, Carlos Gómez, sostiene que lo acumulado en el fondo es efectivamente una cantidad enorme de dinero, pero ``es el costo que los mexicanos tenemos que pagar por la crisis''. La verdad es que de no resolverse este grave problema, el monto del fondo puede aumentar en 10 mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses. Según el presidente de la CNBV, Eduardo Fernández, ya se dio a los diputados toda la información que la ley permite, y no se puede abrir más sin violar el secreto bancario y fiduciario. El problema crece pues cuando se hizo el primer balance sobre el costo del paquete de rescate bancario, el gobierno dijo que equivaldría a 6 por ciento del PIB, pero en la actualidad llega a 14 por ciento.