Este año, 18 actos violentos contra la diócesis de San Cristóbal, reporta el centro Fray Bartolomé de las Casas

Juan Balboa, corresponsal/ II y última, San Cristóbal de las Casas, Chis., 2 de agosto Ť La diócesis de esta ciudad, que preside Samuel Ruiz, ha sido el blanco preferido de críticas y ataques de los gobiernos federal y estatal y de los grupos paramilitares que operan en Chiapas. Durante el primer semestre de este año, los religiosos han sufrido al menos 18 acciones violentas, como atentados y amenazas contra los obispos, expulsión de sacerdotes, profanación de parroquias, vigilancia a domicilios de religiosos y robo en el Archivo Histórico Diocesano, hasta el asesinato de catequistas.

En su informe semestral intitulado Legalidad de la injusticia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas asegura que los miembros de la diócesis de San Cristóbal de las Casas ``han sido particularmente víctimas'' de los ataques violentos y amenazas por parte de sectores del gobierno, entre los que se incluye los ataques verbales del presidente de la República, Ernesto Zedillo, en contra de los integrantes de la Comisión Nacional de Intermediación, ``a pesar de que ya está disuelta''.

El documento del CDHFBC resalta que la nueva ofensiva gubernamental en contra de la Iglesia, así como de organizaciones indígenas, civiles y de observadores internacionales ha ``contribuido significativamente a que la situación en Chiapas sea cada vez más compleja y peligrosa''.

En su amplio balance sobre la situación de los derechos humanos desde la masacre de Acteal hasta el pasado mes de junio, el CDHFBC señala que en los seis meses de gobierno interino de Roberto Albores Guillén, la situación relativa a los derechos humanos ``no ha cambiado su tendencia al deterioro'' y la inercia de violencia no se ha detenido, al contrario, precisa, parece que se ha incrementado.

En su informe Legalidad de la injusticia, el organismo que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos ha documentado las siguientes violaciones:

Cincuenta y seis casos de ejecuciones extrajudiciales, y atentados a la vida y la integridad física; cuatro casos de tortura, principalmente a dirigentes opositores; diez casos de agresiones y hostigamiento en contra de defensores de derechos humanos nacionales e internacionales; nueve ataques contra organizaciones civiles y sociales; quince acciones violentas en contra de dirigentes indígenas y campesinos, y ocho operativos policiaco-militares en diferentes municipios de Chiapas.

El documento en poder de La Jornada registra por lo menos 56 casos de ejecuciones extrajudiciales en los que las víctimas son 21 mujeres -algunas de ellas embarazadas-, 17 hombres, 14 niñas y cinco niños indígenas de municipios ubicados en los Altos, Selva y Norte del estado.

La relación de ejecuciones extrajudiciales se inicia con la masacre de Acteal. Registra el asesinato de Guadalupe Méndez López, una mujer zapatista victimada por elementos de la policía de Seguridad Pública del estado el 12 de enero de 1998. En la acción también fueron heridos el hijo de Guadalupe de tan sólo año y medio y el joven Lázaro López Vázquez. Se destaca, además, que el 17 de junio pasado fue liberada la mayoría de los policías estatales detenidos, excepto David Molina Hernández, quien quedó como único responsable.

El asesinato de José Tila García, otro simpatizante del EZLN, ocurrió el 21 de febrero pasado perpetrado por miembros del grupo paramilitar priísta Paz y Justicia, cuando la víctima regresaba a su comunidad Jolnixchtié Primera Sección, en el municipio de Tila, después de ofrecer su testimonio a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.

Aparecen también las ejecuciones de Trinidad Cruz Pérez, del niño Elías Gutiérrez Ortiz y de los ocho zapatistas victimados en el operativo policiaco-militar en el municipio de El Bosque: Cristóbal Sánchez Sánchez, Maximino Gómez Sánchez, Antonio Gómez Gómez, Andrés Gómez Gómez, Antonio Gómez Gómez, Adolfo Gómez Díaz, Bartolo López Méndez y Lorenzo López Méndez.

El organismo de derechos humanos hace también un recuento de las torturas que recibieron personas identificadas también con el EZLN o la oposición. Asegura que en Chiapas la tortura se aplica sistemáticamente a detenidos de carácter político. Los casos de José Alfredo López Méndez, Francisco Arcos Gómez, Mario Santiz Ruiz y Sebastián Gómez Gómez son algunos ejemplos documentados por el CDHFBC.

El último de ellos, Sebastián Gómez Gómez, es un menor de edad que fue golpeado en el rostro, la cabeza y el cuerpo por elementos policiacos y militares, los cuales incluso le provocaron asfixia tapando su cabeza con una bolsa de plástico. Es larga la lista que hace el CDHGBC sobre las agresiones y el hostigamiento que han sufrido defensores de derechos humanos. Entre muchos ejemplos destaca la agresión con golpes y piedras que sufrieron miembros de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todos, las amenazas por teléfono a miembros de la CDHGBC y la vigilancia constante a miembros de organismos que trabajan en Chiapas.

Entre los detenidos ilegalmente se menciona a los defensores de derechos humanos Luis Menéndez Medinay a los indígenas tzeltzales Miguel Hernández Pérez, Fidelino Cruz Mendoza, Manuel Hernández Pérez y Andrés Gutiérrez Hernández.