Durante su gestión se falsificaron placas y documentos: Javier Hidalgo

Raúl Llanos Samaniego Ť La fracción del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se manifestó ayer por investigar al ex regente Oscar Espinosa Villarreal y al ex secretario de Transporte y Vialidad, Jorge Ramírez de Aguilar, para determinar si tuvieron complicidad con el anterior titular de la Dirección General de Autotransporte Urbano (DGAU), Fernando Peña Garavito, quien es sujeto a arraigo domiciliario por presunto uso indebido de recursos públicos.

En conferencia de prensa, el vocero de ese grupo parlamentario, Javier Hidalgo, afirmó que las pesquisas también deberán evidenciar hasta qué punto aquel organismo público --hoy Dirección General de Servicios al Transporte-- fue utilizado como la ``caja chica'' para financiar las campañas de los candidatos priístas a puestos de elección popular.

El diputado perredista comentó que ``tanto el PRI como Oscar Espinosa protegieron a Peña Garavito --quien se desempeña a la fecha como director de playas de la Sectur--, porque esa instancia que presidía era para obtener recursos ilícitos, y el no haber ido adelante en las denuncias que había en su contra por la corrupción ahí imperante y el haberle dado un buen cargo después de esa función, así lo demuestran''.

Además, dijo, es sabido que el ex responsable de la DGAU ``no actuó motu proprio'', por lo que se tienen que investigar a todos los que fueron sus cómplices en la serie de ilegalidades que se han ido denunciando.

Sostuvo que Fernando Peña Garavito ``es el responsable del caos en el transporte público de esta ciudad'', pues durante su gestión se dio una preocupante falsificación de placas y documentos oficiales, de ahí que obtenían importantes recursos que hacía de esa dirección general la ``caja chica'' de los candidatos priístas. Por el momento, indicó, están saliendo a flote las anomalías cometidas en 1995, faltan los casos que se detecten y comprueben de 1996 y 1997.

De ahí que al gobierno de esta ciudad ``no le deberá temblar la mano'' para investigar al ex regente o a todos aquellos funcionarios que estuvieron inmersos en otros escándalos como el de Ruta-100, que es otra de las herencias oscuras que dejó la administración pasada al gobierno cardenista.

Es necesario en estos momentos --insistió--, en que se dice que México ocupa uno de los principales lugares a nivel internacional en cuanto a la corrupción, que se mande el mensaje de que no se permitirá ningún caso de la impunidad en esta ciudad. ``Seguramente existirá preocupación en algunos ex funcionarios porque en esta administración no se están encubriendo complicidades como en gobiernos priístas, ni aplicando el `borrón y cuenta nueva' de los gobiernos encabezados por panistas''.

El grupo parlamentario del PRD, agregó, apoyará todas aquellas acciones que se emprendan en contra de la corrupción, enfermedad que estamos empeñados en extirpar del tejido social, y esto no tendrá que confundirse con una ``cacería de brujas'', sino con la aplicación estricta de la ley.

Más adelante, dejó en claro que ``en el PRD estamos conscientes de que si no se reducen los índices de impunidad, seguiremos sin vivir en un estado de derecho, sujetos a la arbitrariedad. Nosotros preferimos vivir bajo el amparo de la ley, como debe de ser''.

Cabe mencionar que el juez 46 del fuero común, Carlos Yarza Carranza, giró el viernes pasado una orden de arraigo domiciliario en contra del ex titular de la Dirección General de Autotransporte Urbano, Fernando Peña Garavito, por los delitos de ``ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones, administración fraudulenta y lo que resulte'', ya que estableció contratos con la empresa Cosmocolor, en los cuales se registró una sobrefacturación de casi un millón de pesos.