La crisis de la economía mexicana es una crisis de crecimiento de larga duración, pues lleva ya casi 20 años. En este periodo el producto ha crecido como máximo 2 por ciento en promedio anual, por debajo del crecimiento de la población y en un entorno de mayor concentración del ingreso y de la riqueza. En este mismo periodo la característica que marca a la política económica es la de crear una serie de parches que han debilitado no sólo su capacidad de acción, sino a la estructura de la producción, la cohesión territorial y a la misma sociedad. En estas dos décadas ha sido imposible formular un proyecto nacional capaz de fortalecer las condiciones de funcionamiento de la economía y el bienestar de la población. En el primer caso prevalece la fragilidad productiva e institucional y ha crecido la vulnerabilidad frente a los choques externos. En el segundo caso es notorio el aumento de la pobreza, rasgo que marca la condición de esta sociedad en el fin de milenio.

La ausencia de un proyecto económico se expresa de diversas maneras, y hoy, una de sus claras manifestaciones es la administración del petróleo, el principal recurso natural con que se cuenta. La caída de los precios internacionales del crudo puso en jaque a la política fiscal del gobierno en lo que resultó ser un grave error de previsión de una variable clave para elaborar el presupuesto federal para este año. Del precio promedio base de 15.50 dólares que se tomó para proyectar los ingresos y de ahí programar los gastos públicos, se ha tenido que hacer un ajuste hasta 11.50 dólares, lo que parece igualmente difícil de alcanzar en lo que resta del año. De acuerdo con el diagnóstico ofrecido por el director de Pemex, será hasta el año 2000 cuando empiece a ``vislumbrarse'' un aumento en el precio del crudo.

La enorme dependencia de la renta petrolera es un claro signo de la debilidad financiera del gobierno, y el costo de ello no sólo es creciente sino que indica una de las condiciones que hacen poco factible establecer un proceso de crecimiento realmente sostenible. Pero más allá de la muy importante cuestión relativa a la salud fiscal del sector público, y que no debe confundirse con el equilibrio de las finanzas públicas, está el asunto de la definición estratégica del manejo de los recursos petroleros y de la industria que tiene como base a la empresa Petróleos Mexicanos.

Los más recientes datos señalan que a partir de la reducción de los precios de exportación, que han llegado a su nivel más bajo en los últimos doce años, se redujeron 16 por ciento las utilidades de Pemex en el primer semestre. Pero aun así transfirió un mayor excedente, lo que indica que se tiene que disponer de esos recursos como si fuese la caja del gobierno, mientras se pone en riesgo la viabilidad de la empresa. La situación con respecto al petróleo es de uso coyuntural de las ganancias y de una falta de horizonte de planeación de la explotación de los hidrocarburos y de la industria petrolera en su conjunto. Los recursos disponibles para invertir son menores en un marco en el que tiene que aumentar la eficiencia administrativa y la productividad. El sacrificio de la infraestructura productiva es un hecho y ello tendrá un alto costo que pagará más adelante, pero de todos modos muy pronto. El petróleo sigue siendo una fuente esencial de recursos para este país y con lo que no se cuenta es con una estrategia petrolera que permita hacer el mejor uso de esa riqueza para fortalecer el proceso de creación de riqueza. Esa es una enorme responsabilidad de este gobierno y lo más fácil es transferirlo a los que siguen.

La falta de una definición estratégica para el desarrollo económico, con su ineludible componente petrolero, hace que el debate sobre una política económica de Estado no tenga un asidero firme. Una forma en que esto se deja ver es en la incapacidad de plantear una reformulación de la política fiscal, para la cual ni el gobierno, ni los empresarios o los sindicatos tienen una propuesta que pueda siquiera ser el principio de una discusión fructífera y factible. No es posible sentar los cimientos de ninguna política de Estado sin que antes se establezcan las bases mínimas de un consenso sobre el país que se quiere. Los últimos 20 años de reforma fallidas, crisis económicas recurrentes y una evidente debilidad institucional no han logrado acercarnos a ese consenso, sino que han hecho a esta sociedad más desigual y con intereses cada vez más contrapuestos.