Peña Garavito: de su oficina en Sectur al arraigo a manos del GERI

Humberto Ortiz Moreno y Ricardo Olayo Ť El 11 de mayo de 1997, Fernando Peña Garavito firmó indebidamente, como director de Servicios al Transporte, un contrato de finiquito por más de 9 millones de pesos con la empresa Kosmocolor, y al día siguiente autorizó otro con la misma compañía, cuyas condiciones se investigaron y han conducido hasta operaciones realizadas en 1995.

El problema de su desempeño es que sobrefacturó casi un millón de pesos en la adquisición de material para la elaboración de tarjetones para elaborar licencias y permisos de transporte, según las pesquisas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que, se informó, abarcarán a más ex funcionarios y otros ámbitos de esa Dirección General del DDF.

Las irregularidades datan de 1995 cuando la DGST firmó un primer contrato con Kosmocolor y se pudieron documentar por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa en las revisiones sucesivas que hizo de la Cuenta Pública del gobierno.

Desde hace medio año, el propio Peña tenía noticia de la investigación y a sus ex colaboradores más cercanos les indicó que tiene en su poder documentos que pueden probar que procedió conforme a la ley, según indicaron ayer fuentes de los ex funcionarios consultados al respecto.

En aquellas fechas, Peña les dijo que una de las operaciones con Kosmocolor había permitido un ahorro importante para el gobierno, aunque al paso de los meses --según las pesquisas de la Procuraduría-- se detectó que la falta de licitación para renovar los contratos son el motivo central de la investigación.

El expediente de la DGST fue turnado a la Contraloría del DF, donde su titular, Gastón Luken Garza, denunció los hechos ante la PGJDF apenas el 29 de julio. Por esa razón, Peña está arraigado desde la noche del viernes en su domicilio de la colonia Lomas de Reforma, como parte de una averiguación previa iniciada en la Dirección General de Investigación de Delitos contra el Honor, Responsabilidad Profesional y Relacionados con Servidores Públicos.

Tan sorpresivo fue el operativo para localizarlo y asegurarlo, que lo ubicaron a las 21 horas del pasado viernes en su oficina, donde despacha como coordinador de Playas de la Secretaría de Turismo, en la calle de Schiller número 138, noveno piso, de la colonia Polanco.

Desde allí fue conducido hasta su residencia por una treintena de elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), al mando del comandante Víctor Hugo Cano Ojeda.

Iniciada la averiguación previa A/HPSP/264/98-07, la PGJDF aseguró haber reunido pruebas suficientes para solicitar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal orden de arraigo domiciliario contra Peña Garavito, la cual fue concedida. En consecuencia, el juez 46 penal, Carlos Yarza Carranza, libró el 31 de julio dicha orden, ante el riesgo de que Peña saliera del país, pues tiene una nueva encomienda de la Sectur en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Peña Garavito actualmente es director de playas en esa secretaría, y está acusado por la posible comisión de los delitos de ejercicio indebido de servicio público, administración fraudulenta y ejercicio abusivo de funciones, y en tanto siguen las indagatorias permanecerá arraigado durante un mes en su domicilio, imposibilitado de salir.

En rueda de prensa, la vocera de la PGJDF, Susana Manterola; Roberto Pérez Martínez, agente del Ministerio Público AA, y el propio comandante Cano Ojeda, revelaron que también investigan si algún empleado o ejecutivo de Kosmocolor pudiera estar involucrado en el delito.

El monto total del contrato con esa compañía es por 9 millones 79 mil 622 pesos. Las auditorías lograron documentar que Peña Garavito habría elevado artificialmente costos de material, logrando obtener por ese convenio un sobrepago por unos 954 mil pesos.

Por los ilícitos, que no son considerados graves en el Código Penal, el actual funcionario de la Secretaría de Turismo podría alcanzar penas que van de los 30 hasta los 500 días de salario mínimo y de dos a 12 años de prisión, con inhabilitación de dos a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el sector público. La legislación penal le permite, sin embargo, obtener la libertad provisional bajo caución.

Manterola insistió en que el procurador Samuel del Villar pugnará por reformar la legislación penal para tipificar como graves los delitos de funcionarios públicos, pues Peña Garavito podrá obtener su libertad bajo fianza aunque el juez 46 penal le dicte el auto de formal prisión y lo sujete a proceso.