Para meter al orden a los agentes judiciales y emepes, Samuel del Villar anuncia un programa ``de moralización''. El, que en la campaña y los primeros años del gobierno de Miguel de la Madrid encabezó la cruzada de la ``renovación moral de la sociedad''.

La palabra huele a otras épocas. Pero el procurador considera que es trivial buscar alguna relación, que nadie puede adjudicarse la propiedad de palabras tan pesadas como ``moral''.

-Correcto. Pero no imaginamos, procurador, a Cuauhtémoc Cárdenas con un programa de solidaridad.

-La razón fundamental de la personalidad política del ingeniero Cárdenas es que refleja la moralidad colectiva del pueblo mexicano.

A estas alturas, el procurador Del Villar no quita el índice del diccionario. Dispara conceptos a discreción: ``La lucha contra la corrupción tiene un contenido fundamentalmente moral''; ``El derecho y la moral no pueden relativizarse ni pueden pertenecer a ninguna categoría política singular, tienen un sentido universal''.

Al fin aparece la definición: ``Moral. La primera acepción es que es lo perteneciente o relativo a los caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o la malicia, es lo relativo al bien y al mal''.

-¿No es una palabra gastada?

-No para la inmensa mayoría que se comunica en español. La moral hace la distinción entre el bien y el mal. No es una cuestión de trivialidad política. Es partir de la premisa de que lo que distingue al hombre de la bestia es su libertad. Y ésta, en ultima instancia, consiste entre optar por el bien o el mal. No es optar por tomar una coca cola, agua de jamaica o un vaso de tequila.

Las interminables horas de Samuel del Villar en las aulas de la UNAM y el Colegio de México se revelan aquí, en su oficina del piso 11 de la procu capitalina.

-¿Usar la palabra no remite al programa del sexenio de Miguel de la Madrid?

-Eso es intrascendente. Nadie tiene derecho a monopolizar un concepto como el de la moral.

-¿Hay un puente entre el programa de Renovación Moral y los objetivos del actual?

-Hay vinculaciones. Pero permítanme contestar la pregunta de por qué se incluye el término ahora. Fue resultado del consenso del grupo de trabajo designado por el ingeniero Cárdenas, donde estuvo incluso la secretaria de Gobierno. El consenso fue que el concepto establecido en el programa es moralización.

``Además, si la sociedad mexicana está enfrentando el conflicto entre los valores y antivalores, entonces esta crisis se refleja también en las instituciones. Creo que el principio para regenerarlas tiene que partir de una concepción ética, una concepción clara de los valores sociales que debe perseguir una institución''.

Los puentes

-Tras una década de disidencia, ¿sigue encontrando puentes con la idea de renovación moral?

-De 1982 a la fecha, los estragos del cáncer de la corrupción fueron extraordinarios, y finalmente condujeron a una crisis sin paralelo. Ahora, una cosa es que se haya planteado y otra que se haya resuelto. Aun así, algo dejó: un marco constitucional legislativo que permite las bases para regenerar la calidad del servicio público en el país. Como resultado de ese programa el Constituyente permanente reformó el título cuarto de la Constitución, donde se delineaba con toda claridad las responsabilidades de los servidores públicos y los procedimientos político, administrativo y penal para sancionar el incumplimiento de las obligaciones. Y surgió la ley de responsabilidades de los servidores públicos.

La larga explicación del procurador se sumerge en las ``contrarreformas'' de los años salinistas que, dice, establecieron que los delitos de servidores públicos se consideren leves, lo cual ha ``garantizado impunidad a probables criminales de una enorme peligrosidad social''.

Gracias al marco legal que dejó la renovación moral, insiste el procurador cardenista, fue posible resarcir el daño causado a la Procuraduría en el caso de los ``servicios de informática'' (Del Villar menciona lo menos posible a la IBM). Gracias a ese marco, machaca, se logró que la adquisición de bienes por el gobierno se haga de manera limpia y transparente.

Intolerable

-¿Alguna vez fue ``tolerable'' el hampa policiaca, procurador?

Samuel del Villar no responde de bote pronto. Va por partes, como cuando argumentaba en su debate de televisión. Explica cómo fue la conferencia de prensa y hace precisiones a los cabeceros de los periódicos. Apenas la primera incursión en el tema de las difíciles relaciones que ha tenido con los medios. Regresaremos más de una vez.

Antes, sin tomar aire, Del Villar se remonta a su programa de trabajo, ``que no es retórico'', presentado ante la Asamblea Legislativa el 18 de abril. Retoma el planteamiento de la ``profesionalización de los cuerpos de seguridad y el sistema de procuración de justicia''.

De ahí derivan las ``dos estrategias prioritarias'': en los campos de la operación (el quehacer cotidiano de la Procuraduría) y la restructuración.

En el campo de la estrategia operativa entra el combate de la ``persecución de la corrupción interna'': ``En ese contexto fue cuando respondí que es intolerable que haya delincuencia interna, no dije ya es intolerable''.

La segunda línea tiene que ver con ``la restructuración de las bases de funcionamiento y de organización de la institución para que pueda cumplir con su obligación constitucional''.

Aquí es donde encaja el programa para meter orden: ``La estrategia de restructuración prioritaria es la de moralización, capacitación, profesionalización de los servicios sustantivos de la institución, que son Ministerio Público, Policía Judicial y Servicios Periciales''.

El programa de Samuel del Villar se enfrenta con el diagnóstico que pueden repetir gobiernos panistas, priístas o perredistas a lo largo y ancho del país: bajos niveles técnicos, magra profesionalización, bajísimos salarios de los policías (un agente con plaza inicial gana 4 mil 500 pesos al mes).

A esas va el procurador: ``No solamente se establece un programa persecutorio de la corrupción, también se establece la base de un servicio público de carrera, y su base es el reconocimiento de las condiciones mínimas de trabajo, congruente con la dignidad de los servidores públicos y la alta responsabilidad que tienen. Parte del programa establecido es otorgar estas condiciones laborales''.

-¿Deveras, como dijo, tienen remedio policías y agentes del MP?

-Existe personal extraordinario, pero los mecanismos arbitrarios, no transparentes, donde no se sube por méritos, han desperdiciado el enorme potencial del personal de la institución.

De ahí deriva el procurador a valorar a los 600 agentes judiciales que tienen estudios profesionales, a los 150 mecanógrafos auxiliares que son abogados con título, a la mayoría de los empleados de la Procuraduría que exigen cursos de actualización. ``Si uno consigue que sea el mérito y no el dedazo el mecanismo de ascenso, permitirá que aflore un enorme potencial de servidores públicos que estaban subutilizados''.

Carrillo, Carrola y otros

-Hay la percepción de que el anuncio del programa de moralización fue una reacción al caso de Carrillo Luna. Esto se puede empatar con la ``rudeza'' de los medios de la que se han quejado varios funcionarios de este gobierno, y que ha sido especialmente acusada en relación con la Procuraduría. ¿Hay esa rudeza? ¿A qué la atribuye?

Samuel del Villar quiere ir por partes.

El programa, asegura, estaba listo, pero no arrancó porque la PGJDF sufrió un recorte presupuestal de 25%.

``No había condiciones para financiarlo. Después de diversos ahorros, de apoyos extras y ahora con lo recuperado de los servicios de informática, podemos reasignar recursos para estas prioridades''.

Sobre el caso de Antonio Carrillo Luna, el ex funcionario sentenciado por secuestro, el procurador explica: ``Surgió la situación de un jefe de departamento, en la cual no se dio la información debida a los registros de la Secretaría de la Contraloría. Pero el programa, que va a arrancar el 17 de agosto, se anunció diez días después, como estaba previsto''.

-No fue sólo el caso Carrillo Luna. Había otros expedientes.

-Como lo ha dicho el jefe de gobierno, el gobierno democrático está sujeto a un escrutinio extraordinario por parte de la sociedad, un escrutinio sin paralelo. Ningún otro gobierno ha estado sujeto a este escrutinio por la opinión pública y por los medios, cosa que es su función.

``Ahora, aparte del proceso propio de la opinión pública, ha habido otros casos de situaciones difamantes, donde no puede evaluarse buena fe alguna, donde se ha incurrido en infamia, en calumnias. Todos debemos estar sujetos a la ley, y ésta marca límites para la infamia.

-No era sólo Carrillo Luna.

-Jesús Carrola renunció. Y jamás le fueron acreditados los ilícitos. El renunció, y no estaba en la hipótesis del señor Carrillo. Cuando se le instauró el proceso al señor Carrillo, por el delito por el cual fue sentenciado, el MP no dio vista a la Contraloría y entonces no apareció en sus registros. Se está haciendo la indagatoria. En el caso del señor Carrola, él renunció porque sintió que la opinión pública le impedía trabajar.

-¿Siguió en la Procuraduría?

-No, él se separó. Ahora, en el caso del señor Castellanos hubo imputaciones públicas. El había sido profesor distinguido en el Instituto de la Procuraduría, todos los registros que se tenían decían que cumplía con los requisitos para ser servidor público.

La vara de los medios

Samuel del Villar pide ``distinguir los casos'' porque, argumenta, funcionarios cuestionados en los medios se han metido en el mismo costal con otros ``consignados por la propia institución''.

-Plantea ``distinguir los casos''. ¿Significa que los medios no han escudriñado en otras partes?

-Hay un estándar que no parece ser equivalente a los escrutinios que se hacen a otras fuentes de origen de la actividad gubernamental. Es distinta a la del gobierno democrático de la ciudad.

-Quizá justamente porque es un gobierno del que se espera más.

-Sí, pero el señor Carrillo venía de la Procuraduría General de la República. Y el señor Carrola estaba en la Secretaría de Hacienda.

-¿Se reduce a que a ustedes se les mide con otra vara?

-Pues así parecería. Estamos conscientes que en el gobierno democrático tenemos una responsabilidad absoluta y creemos en la función de escrutar al gobierno, pero con los límites que marca la ley. Hay que distinguir entre el servicio público de informar y la violación de obligaciones legales. Cuando se difama, se calumnia, se incurre en los mismos tipos de conducta que se tienen que corregir. Los servidores públicos son tan dignos como los señores que trabajan en los medios, y tienen el mismo derecho a no ser difamados.

-¿Por qué no se ha procedido contra quienes difaman, entonces?

-Son decisiones que se toman individualmente. Se tiene que hacer una evaluación cuidadosa . Que por ningún motivo la protección de un derecho se pueda confundir con la represión de una libertad.

-¿Procederán contra quien difame?

-Se trata de cumplir la ley a secas. Tenemos varias denuncias de infamia, difamación y calumnias. Hay derecho a acciones civiles también. Hay casos de servidores públicos que fueron consignados, pero otros casos en que el servidor fue difamado.

-¿No será más leña a la hoguera de las tensiones entre la Procuraduría y los medios?

-Es muy positivo que haya un escrutinio público. El balance es positivo, pero el estado de derecho implica la igualdad ante la ley.

Los índices

-¿Al final de su gestión podrá decir que contribuyó a abatir los índices delictivos?

-La Procuraduría ha contribuido a la reducción de los índices delictivos de una manera significativa en lo que va de esta administración. Puedo dar las estadísticas. La comparación de abril de 1998 con abril de 1997 muestra una reducción de más de 12%. La de mayo de 1998 contra mayo de 1997 de más de 12 %. La de junio es de 8%.

-¿Fluyen los datos? Hubo una queja de la Asamblea de que no estaban llegando.

-Se dan mensualmente. Claro, aquí entra la mala fe, cuando buscan comparar un mes con otro. El PIB no se mide por cuánto creció de abril a mayo, sino frente al año anterior. Ha habido algunas deformaciones, debidas al proceso político interesado en deformar la función del actual gobierno.

La ``informática'' y otra vez los medios

-¿Cuántos dólares de los servicios de informática van a pasar al programa de moralización?

-Lo estamos viendo. Primero debemos determinar qué bienes y servicios van a servir de base para que la PGJ ejecute las notas de crédito con IBM. Cuántas computadoras, impresoras, servidores, vamos a necesitar. Nuestro objetivo es que durante el periodo de esta administración y entrada la otra queden plenamente cubiertos los servicios de informática. Si hay excedentes, los transferimos al gobierno de la ciudad. Y también podríamos apoyar al programa de moralización. También debo decir que hay una carencia y una urgencia enorme en modernizar las patrullas.

-¿IBM seguirá desarrollando sus sistemas de informática?

-De acuerdo con el convenio no desarrolló el sistema de software, sino que lo subcontrató. Tenemos que ver cuál es la mejor opción.

-¿ Se va a licitar?

-Bueno, el punto de partida es ver si la propia institución puede desarrollar su sistema, no tiene por qué ser un sistema mayormente complicado.

-Este convenio, y el pago de IBM, se lee como una victoria política para usted.

-Esta institución no es política. Tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. En todo caso, se cumplen las obligaciones que tiene la institución. Como en el caso del número de criminales que han sido consignados y están procesados; de la calidad de las investigaciones que han permitido desarticular bandas completas.

-De esos logros se sabe poco.

-Nosotros informamos. Y allí está la responsabilidad social de los medios de comunicación. Yo no puedo responder por cómo se difunde o no, eso corresponde a las redacciones. Si deciden dar ocho columnas al jefe de departamento que mencionaba, y la nota de los servicios de informática o de la captura de criminales peligrosos en una página de interiores, es su decisión.

-¿Pesan los medios?

-Es muy importante. En una sociedad democrática son fundamentales. El anticipo de la democratización de la sociedad fue la consagración de las garantías de libertad de expresión.

-¿Pero a la Procuraduría le pesan?

-La PGJ tiene un balance positivo. Los medios están reflejando las demandas sociales. Finalmente, la razón de ser de nosotros es el servicio que le debemos a la sociedad, y la sociedad tiene que recurrir a los medios para hacerse conocer.

``Como sea tienen también una alta responsabilidad. Es inconcebible un proceso de gobierno democrático sin que los medios tengan una función primordial en su orientación.

``Nuestros votos es que cumplan con la misma responsabilidad con que se debe hacer cumplir el servicio público. Creo que tienen una gran responsabilidad de ética, de moral...''

Los recursos quedan pendientes pero, de todos modos, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) -al mando entonces de José Antonio González Fernández- se plantea la necesidad de sustituir la red informática que, con el índice delictivo en franco ascenso, resulta insuficiente.

Entre los funcionarios de la Procuraduría se baraja una pequeña lista de empresas que pueden realizar la colosal tarea. Finalmente, uno de ellos sugiere que sea Teléfonos de México la que diga cuáles tienen la capacidad técnica necesaria.

Así, la Procuraduría consulta a Hewlett Packard e IBM. Más adelante se incorpora Unysis.

A estas compañías la PGJDF les solicita una opinión técnica sobre el estado de su red informática, así como proyectos para integrar un nuevo sistema de cómputo.

La consulta, afirma un directivo que participó en el proceso, fue una farsa. ``Los visitamos una vez y ellos vinieron en otra ocasión, fue todo. Ya desde entonces sabíamos que iba a ganar IBM''.

Así fue.

El 16 de diciembre de 1996 el Comité de Adquisiciones de la PGJDF determina asignar directamente a IBM el contrato para instalar el sistema Averiguaciones Previas y Control de Procesos (APCOP).

Para empezar, IBM recibe un adelanto de 12 millones de dólares.

La empresa se compromete a instalar la red de cómputo en octubre de 1997, pero de acuerdo con el subprocurador C de Procedimientos Penales, Víctor Carrancá Bourget, ``al cumplirse el plazo la empresa manifiesta que el sistema presenta fallas y deciden cambiarlo por otro que fue desarrollado en Baja California''.

El entonces procurador, Lorenzo Thomas, accede a que el sistema termine de instalarse hasta enero de 1998. El nuevo plazo tampoco se cumple.

Para la procuraduría, esta es una de las claves de la investigación, pues en los archivos no se encontró peritaje alguno que avale el cambio de software; empero, el 21 de noviembre pasado -cuando faltaba un par de semanas para el cambio de gobierno-la Contraloría Interna del DDF emitió un dictamen en favor del procedimiento.

Para instalar este nuevo equipo la IBM subcontrató a la empresa Miatech, con sede en Mexicali, que había participado en la elaboración de la red informática de averiguaciones previas de la Procuraduría estatal de Baja California.

Pablo Santa Cruz, gerente de la compañía, reconoce que su participación en el negocio fue importante. ``Fuimos los proveedores que contrató IBM para desarrollar el programa'', comenta vía telefónica. ``Se le presentó a la gente de la Procuraduría (del DF) y ellos lo aceptaron; de hecho el sistema se hizo de acuerdo con sus necesidades''.

Con la intermediación de IBM, los técnicos de Miatech entablaron contacto con funcionarios de la PGJDF desde julio de 1997, es decir, tres meses antes que la transnacional anunciara su decisión de cambiar el contrato. ``Fueron varias presentaciones'', confirma Santa Cruz.

El producto que ofreció Miatech es similar al sistema que utiliza la Procuraduría bajacaliforniana, aunque el gerente dice que se trata de una versión distinta. ``La del DF es más robusta en su base de datos, es otro el lenguaje, otro software y otra plataforma''.

Reconoce, sin embargo, que las funciones son iguales. Y las personas que desarrollaron este programa son las mismas que lo instalaron en la entidad norteña.

En Baja California se logró desarrollar el año pasado la segunda etapa del sistema, es decir, un seguimiento puntual de los delincuentes una vez que son consignados ante el juez, o bien, reciben una sentencia condenatoria.

En el caso del Distrito Federal esta parte del programa quedó pendiente.

¿Cuánto cuesta un sistema informático así?

Según el procurador de Baja California, Marco Antonio de la Fuente Villarreal, a precios actuales la red de su dependencia cuesta 7 millones 988 mil 713 pesos.

Los investigadores de la Policía Judicial capitalina calculan que el software instalado en el DF vale aproximadamente 500 mil dólares, más otros 2 millones en equipo.

Pero la PGJDF pagó a IBM 25.9 millones de dólares.

Marca Patito

Mediodía del 18 de junio.

En el auditorio de la PGJDF se anuncia el inicio de una averiguación previa por el mal funcionamiento del sistema APCOP, suspendido un mes atrás.

Tres días antes la juez 40 del fuero común, Sara Patricia Orea Ochoa, recibe del Ministerio Público el pliego de consignación en contra de 22 personas, entre ellas tres directivos de IBM.

Veinticuatro horas después obsequia las órdenes de aprehensión, a pesar de que el expediente consta de más de mil hojas.

Entre los consignados se encuentran incluso personas que no tuvieron nada que ver con el asunto, como Bruno López, quien no asistió a la sesión del Comité de Adquisiciones en que se adjudicó el contrato.

Para ese entonces, la red informática tiene un mes fuera de servicio, después que concluyó una evaluación interna de su funcionamiento.

``Hicimos una encuesta a los encargados de unidades administrativas'', comenta Carrancá Bourget. ``Todos opinaron que era mejor regresar al sistema informático anterior''.

Y es que, según los encuestados, el sistema ``se caía'' con demasiada frecuencia, y echarlo a andar de nuevo implicaba invertir hasta seis horas. En ese lapso, ninguna averiguación previa podía iniciarse, pues todas debían registrarse en el APCOP.

También se gastaba demasiado papel, porque las hojas resultaban mal enumeradas y por lo mismo las actuaciones debían imprimirse más de una vez.

Aunque las fallas se detectaron desde que tomó posesión el nuevo gobierno, el 18 de enero se pagaron 5 millones de dólares a la transnacional. Los funcionarios actuales de la Procuraduría argumentan que era un pago ya presupuestado.

El 6 de marzo, recuerda Carrancá, IBM anuncia que se va, que su tarea ha terminado.

-¿Y no se habían quejado?

-Sí. Les dijimos que la decisión era unilateral y que tomaríamos las acciones que más convinieran a la Procuraduría.

A partir de este anuncio hubo tres pláticas más, en las cuales la transnacional reclamó el pago de su contrato y la PGJDF condicionó la entrega del dinero a que el sistema APCOP funcionara.

La conciliación fue imposible. Según la IBM el problema no eran las computadoras sino las personas que las utilizaban. Y para la dependencia las fallas eran estructurales, es decir, ``se derivaban del sistema mismo''.

El siguiente paso fue iniciar la averiguación previa.

Sin embargo, lo cierto es que las fallas del sistema constituyen un ingrediente extra en la denuncia penal. El verdadero delito, explica el subprocurador, es la adjudicación directa del contrato.

``Si hubiera funcionado bien, de todos modos habría responsabilidades penales'', aclara.

El 21 de julio, un mes después que se libraron las órdenes de aprehensión, se pactó la paz. La transnacional accedió a pagar 37.5 millones de dólares, dos de los cuales se entregaron de inmediato a la Tesorería del gobierno capitalino.

Para el procurador Samuel del Villar, cuya gestión ha sido cuestionada una y otra vez sobre todo por los antecedentes de algunos de sus colaboradores, el convenio fue un éxito político.

Al interior del nuevo gobierno la lectura se matiza, porque se trata sólo de una parte de la lucha contra la corrupción que anunció Cuauhtémoc Cárdenas desde su campaña, quien incluso llegó a decir que el Distrito Federal se administraba ``como si fuera una mafia''.

Nada con Latinoamérica

¿Por qué IBM prefirió un mal arreglo a un buen pleito?

Quizá porque ya no quería echarle más leña al fuego.

A finales de abril se descubrió en Argentina que directivos de la empresa sobornaron a funcionarios de ese país para obtener la adjudicación de un contrato por 250 millones de dólares, para la instalación de un sistema informático en el Banco Nación.

Y el 18 de julio la transnacional fue involucrada en un caso de estafa al gobierno peruano, debido a las irregularidades detectadas en la elaboración del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. A IBM se le adjudicó directamente el contrato para instalar un sistema de captura de información ciudadana.

Para la Procuraduría capitalina, el caso peruano permitió destrabar las negociaciones con la transnacional, empantanadas porque los directivos insistían en que el arreglo se hiciera en privado.

``Les dijimos que los recursos involucrados son públicos, y que el gobierno democrático tiene que responder por ellos'', cuenta un alto funcionario que participó en el jaloneo. ``Les dejamos claro que estamos bajo lupa, y tenemos que hacer todo muy transparente''.

El mismo funcionario recuerda los días posteriores a la presentación de la denuncia penal. ``Se tocaron intereses muy fuertes, incluso hubo empresarios que amenazaron con salirse de México, dijeron que no había seguridad para sus inversiones''.

Al final las aguas se calmaron. ``Para IBM la publicidad negativa le estaba saliendo muy caro. Cualquier arreglo era mejor a seguir perdiendo contratos''.

Con la firma del convenio la Procuraduría recibió 2 millones de dólares en efectivo y una línea de crédito por 25 millones de dólares para comprar mercancía hasta el año 2000, así como 11 millones más como reparación del daño. El dinero se pagará en plazos: cada mes entregará un abono de 400 mil dólares, hasta que concluya la actual administración.

En realidad, la transnacional cumplirá las cláusulas de penalidad establecidas en el contrato: pagar .01 % de interés diario sobre el monto total de la operación.

La línea de crédito también está disponible para el resto de las entidades del gobierno capitalino, aunque dependerá de las necesidades de la PGJDF.

Por lo pronto, los primeros 2 millones de dólares servirán para echar a andar el programa de Moralización y Profesionalización de la Procuraduría, cuyo arranque se había pospuesto por el recorte presupuestal.

IBM parece haber aprendido la lección.

Según un cable de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), fechado el 3 de julio -a la mitad del pleito con la PGJDF-, la empresa estadunidense anunció su decisión ``de retirarse del negocio de las contrataciones directas de servicios informáticos con Estados latinoamericanos''.

Continuará

Junto con el convenio, IBM y la Procuraduría acordaron el cese de hostilidades. Por lo menos, en cuanto a declaraciones se refiere.

Los tres directivos de IBM, Roberto Hiriart Torruco, Edgardo Cantú Saldaña y Joaquín Saldaña Otero, fueron exonerados el jueves pasado de la acusación de fraude en su contra, aunque se mantiene el proceso contra los 19 ex funcionarios.

El juicio -con la causa 104/98- se encuentra en el periodo de instrucción de pruebas, e incluso hay audiencias programadas durante este mes y el siguiente.

Como parte de su defensa, los inculpados presentaron copias simples de los proyectos que aparentemente elaboraron Unysis y Hewlett Packard, e incluso se pretende solicitar la comparecencia de algunos empleados de esas empresas que participaron en este proceso.

Con estos documentos pretenden probar que la adjudicación directa del contrato no surgió de improviso, sino que fue resultado de un largo estudio. Parte de la estrategia incluye demostrar que la consignación penal fue incorrecta pues se trataría de un litigio de carácter civil.

El mundo de los proveedores de servicios informáticos en México es chiquito, a pesar de los millones de dólares que representa.

Todos conocen de todos.

Por eso, entre las lujosas oficinas que albergan a las empresas de computación, la quiniela consiste en atinarle a los protagonistas del siguiente escándalo que destapará la Procuraduría.

Un dato seguro: por lo menos son dos las empresas sujetas a investigación.

Concretamente, en el área de telecomunicaciones.

El sistema Averiguaciones Previas y Control de Procesos (APCOP) es, en síntesis, un sistema informático que funciona en una red de computadoras conectadas a un archivo central, donde se almacenan los datos de todas las averiguaciones previas. El programa permite hacer cruzamientos de información, de tal manera que, por ejemplo, a partir de una declaración se pueden ubicar otros delitos cometidos con las mismas características, y los probables responsables.

Uno de los aspectos fundamentales -o al menos así se ofreció a la PGJDF- es la seguridad. Unicamente las personas autorizadas pueden acceder a la red y todas las consultas quedan debidamente registradas. Quien trate de cambiar declaraciones de testigos, modificar las averiguaciones previas o desaparecer las denuncias de hechos (como ocurre normalmente en las agencias del Ministerio Público), es identificado de inmediato.

Javier Ponce de León, ex oficial mayor.

José Socorro Velázquez Hernández. Ex oficial mayor.

José Ramón González Chávez, ex director de Tecnología y Sistemas.

Arturo Aquino Meza, ex director jurídico y consultivo.

Gustavo Adolfo Parra, ex director de Servicios Generales y Obras Públicas.

José Luis Cabrera Alarcón,ex subdirector de Informática.

Heladio Elías, ex secretario de la oficina del procurador.

Bruno López, representante de la Subprocuraduría C.

Juana Jáuregui, coordinadora administrativa de la Subprocuraduría A.

Octavio Aguilar Quintana, ex coordinador administrativo de esa Subprocuraduría.

Carlos Martínez Porte Petit, ex director de Recursos Materiales.

Jaime Olivares Pedro, ex coordinador del oficial mayor.

Pablo Emiliano Vera, ex contralor.

René Alfonso Solersa, ex director de Organización.

Oscar Vázquez Soberanes, ex director de Programación.

Gonzalo Gavira, ex coordinador de asesores del subprocurador C.

Ricardo Ramírez Ortiz, ex director general de Recursos Materiales.

Alfredo Elías Juárez, ex director jurídico consultivo.

Roberto Rodríguez Pérez, ex director general jurídico consultivo.

Por el lado de IBM la denuncia penal se presentó en contra de:

Roberto Hiriart Torruco, director ejecutivo de Operaciones.

Edgardo Cantú Saldaña, gerente de ventas de Soluciones para Gobierno.

Joaquín Saldaña Otero, gerente de proyecto y quien estableció el contacto con Miatech para la compra del software instalado en la PGJDF.

Los tres fueron exonerados de la acusación de fraude.