Al impulsar la reforma financiera, y sin habérselo propuesto, el Poder Ejecutivo ha propiciado una coyuntura tan crítica que requiere que cada partido político en México asuma posiciones más claras en términos de los intereses de grupo e inclusive de las clases sociales que pueda representar. En particular, el debate acerca del Fobaproa está empujando a los actores políticos a definir su postura e inclusive su identidad en función de una disyuntiva muy clara: o se colocan del lado de la élite financiera y de los bancos o, contrariamente, apoyan los reclamos de la gran masa de pequeños deudores y del universo de los contribuyentes mexicanos.

Este enfrentamiento no sólo va a intensificarse en el corto plazo, sino que además definirá, en buena medida, el debate sobre la política económica que desembocará en las elecciones del año 2000. Para los banqueros y grandes inversionistas la conversión de los pagarés de Fobaproa en deuda pública se ha convertido en el tema más importante para consolidar un sistema bancario debilitado y corroído por profundas grietas de corrupción. Por su parte, para los pequeños deudores esta misma medida podría representar un golpe mortal, en tanto que abriría las puertas a una secuela masiva de embargos que incluiría remates de propiedades de todo tipo. De allí que El Barzón --una originalísima creación mexicana y, hoy por hoy, quizá la mayor organización de deudores en cualquier país-- ha lanzado una campaña para buscar el concurso de la sociedad en contra de las pretensiones de los banqueros. En ello está teniendo un éxito considerable debido a las enormes irregularidades que se van descubriendo respecto al uso de Fobaproa para rescatar a grandes financieros e inversionistas en 1995 y 1996.

En términos de los partidos políticos, este magno conflicto que abarca al conjunto de la República tiene dos contendientes claramente opuestos. Por una parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se está colocando nítidamente del lado de los banqueros, los cuales sin duda ejercen una tremenda presión sobre sus viejos aliados y cómplices, en una larga hilera de aventuras financieras y políticas altamente rentables. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) alienta el movimiento de los pequeños deudores y, a todas luces, defiende los intereses de los contribuyentes al tratar de evitar que se duplique la deuda pública interna con objeto de evitar nuevas crisis financieras. Debe recordarse que el pago de los intereses sobre los pagarés del Fobaproa difícilmente puede suspenderse, pero no necesariamente representa una carga tan sostenida como el servicio de intereses (a tasas variables) sobre deuda pública consolidada. La disminución previsible de la cartera del Fobaproa (tras las auditorías y negociaciones) reducirá inevitablemente el monto de los intereses; en cambio, una conversión total de su cartera a deuda de gobierno no permitiría este ahorro sustancial.

El verdadero dilema político consiste en saber cuál será la postura del Partido Acción Nacional (PAN). Se encuentra entre dos fuegos cruzados: los banqueros, por una parte, y los sectores medios, deudores y contribuyentes por otro. Si el PAN se alía con el gobierno perderá credibilidad, lo cual resultaría muy peligroso para sus ambiciones rumbo al año 2000. Los banqueros harán todo lo posible para doblegarles y obligarles a pactar con el partido gobernante. Pero ello implicaría apostar por un porcentaje muy bajo de los electores, dada la tremenda desigualdad del ingreso en México. La búsqueda de un consenso es, por consiguiente, una tarea difícil que no podrá resolverse con base en un simple mayoriteo, como aparentemente desea el secretario de Gobernación, hombre fuerte del actual gabinete. En suma, en la actual coyuntura el pasado se enfrenta al futuro. ¿Cuál habrá de triunfar?