Las elecciones que este domingo se celebran en Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz, constituyen un escalón más en el proceso de normalización democrática por el que atraviesa el país y fungirán, al igual que en los recientes comicios en Chihuahua, Zacatecas y Durango, como un importante termómetro de las inclinaciones, preferencias y actitudes de la ciudadanía ante la oferta de los partidos políticos, el desempeño de las autoridades y legisladores salientes y, en el ámbito federal, ante la forma en la que se han conducido y atendido las exigencias sociales y la problemática política y económica de la nación.

Junto con las circunstancias particulares de cada una de las entidades en las se llevan a cabo procesos electorales -una fuerte competencia entre PRI y PAN en Aguascalientes, y entre PRI y PRD en Oaxaca, además de una contienda equilibrada y no exenta de sorpresas entre esos tres institutos políticos en Veracruz- en el resultado de la votación de hoy bien podrían verse reflejadas la opinión y la posición de los electores en asuntos ajenos a lo estrictamente local, como el caso del Fobaproa, o la tensa situación que prevalece en Chiapas. En Aguascalientes y Veracruz, estados industriales y agrícolas en los que el problema de la cartera vencida es de una importancia crucial, y en Oaxaca, entidad en la que buena parte de los electores pertenecen a numerosos y organizados pueblos indígenas, no puede descartarse que la orientación del sufragio sea influida por consideraciones de carácter nacional. Además, en las elecciones veracruzanas, como sucedió en Zacatecas, las personalidades y los antecedentes de los candidatos podrían ser un factor de decisión tan importante -o más- que los programas y ofertas presentados a la ciudadanía por los partidos políticos.

Aunque cabe esperar que las elecciones de hoy se lleven a cabo de manera concurrida, transparente y pacífica, tanto los ciudadanos como las autoridades electorales deben mantenerse vigilantes ante intentos de manipulación y compra de votos como los que, según denuncias de candidatos y observadores, habrían tenido lugar en zonas rurales y barrios populares, principalmente en Veracruz. Aprovechar la pobreza y la falta de oportunidades que agobian a millones de mexicanos para dirigir artificialmente las intenciones de voto es una práctica ilegítima e inmoral, la cual va a contrapelo del evidente e irreversible tránsito hacia una democracia efectiva que, desde hace ya algunos años y con un vasto apoyo social, experimenta el país. La entrega de despensas, la retención de credenciales para votar, el acarreo de votantes o la intimidación de los ciudadanos, son prácticas regresivas e ilegales que no deben ser toleradas y ante las cuales la sociedad debe permanecer atenta, a fin de desactivarlas con oportunidad y preservar en todo momento la libertad del sufragio y la equidad electoral.

Cualquiera que sea el resultado y las reconfiguraciones políticas de los comicios de hoy, cabe exhortar a los candidatos, partidos y autoridades salientes a que se desenvuelvan con madurez y estricto apego a derecho y a la voluntad popular, y con ello contribuyan a dar un nuevo paso hacia la cabal consolidación de la democracia en el país.