Prácticamente todos los días, al leer o escuchar las noticias, se percata uno casi irremediablemente de los constantes agravios a las leyes y a la sociedad en general. En lugar de escuchar como noticia insólita en nuestra ciudad o país que alguien participó en un fraude o acto ilícito, esto es más bien parte de la cotidianidad, y lo que es insólito es que alguien haga un acto honesto o que los agentes de seguridad en alguna de las múltiples corporaciones policiacas privadas o públicas sorprendentemente hagan su trabajo como debe ser. Realmente, la corrupción ha invadido nuestra sociedad a un grado tal que, como las metástasis que ocurren a partir de un tumor primario, ha devastado y descompuesto el tejido social que requiere el país para salir adelante.

Por qué ha ocurrido esta descomposición social que padecemos los mexicanos es una pregunta que merece ser analizada, y desde luego corregida, aunque es evidente que todo problema social, sobre todo de la magnitud que tiene el asunto de la corrupción en nuestro país, es complejamente multicausal.

Yo veo dos que, en mi opinión, saltan a la vista. La primera se refiere al hecho de que la impunidad ante los ilícitos (chicos, medianos o grandes) es la característica esencial que rige la impartición de la justicia. Desde los ciudadanos que nos estacionamos donde se nos pega la gana y en cualquier hora del día nos pasamos los altos y no cumplimos con las mínimas reglas de urbanidad y civilidad, hasta los que cometen asaltos, crímenes y desfalcan bancos o gobierno, somos totalmente impunes, pues las autoridades correspondientes o no cumplen con su función primordial que es la de hacer ejercer las reglas y leyes que rigen a la sociedad o que se dejan corromper para no ejercerlas.

Desde la mordidita hasta la mordidota todo está diseñado para que las leyes no se cumplan. Pero, además, las leyes no sólo no se cumplen, sino que muchas de ellas requieren revisión y de ahí el segundo problema que afecta nuestra sociedad. Es necesario que los legisladores se dediquen a actualizar las leyes que rigen al país. Los tiempos han cambiado, así como el entorno en el que nos movemos hoy en día, y las leyes tienen que ajustarse a las necesidades presentes.

En lugar de sostener rígidas posiciones partidistas y dedicarse a despotricar contra quien no está a favor de sus intereses, los legisladores deberían ver qué es lo que conviene a la sociedad y de qué manera se puede beneficiar a quien paga sus sueldos. Sin embargo, lo que observa y sufre el ciudadano común es que desde la cloaca del PRI, hasta los advenedizos de los otros partidos, el interés ciudadano no prevalece. Desde luego el problema no se arregla sólo elaborando nuevas leyes, sino haciendo que éstas se cumplan cabalmente, acabando con la impunidad que prevalece, pero por otro lado se requiere que la sociedad en su conjunto tenga mayor conciencia cívica, pues debe darse cuenta de que los actos en contra de la sociedad, desde los más pequeños y aislados hasta los más agresivos y colectivos, tienen el efecto bumerang. No cabe duda que la anarquía y la irresponsabilidad tienen cierto sabor a libertad, pero el círculo entre falta de autoridad y abuso de autoridad convierte todo en libertinaje y no hay peor daño a la sociedad que el que todos participemos en él. A final de cuentas, el problema es que en nuestro país no se ejerce la autoridad en forma apropiada.