En marzo el Ejecutivo presentó las dos iniciativas para reformar el sistema financiero, estimando que serían aprobadas con una discusión intensa, pero acotada siempre en los recintos legislativos. La negativa opositora a tratar estos temas en el periodo ordinario condujo a que la discusión saliera de San Lázaro y a que el propio Ejecutivo tuviera que ir aceptando abrir la caja de Pandora de los pasivos de Fobaproa.

Forzadas por la decisión del PRD y del PAN, las autoridades financieras han tenido que aceptar que el Legislativo puede --y debe-- conocer en detalle todo lo concerniente a la mecánica de operación del Fobaproa, así como las irregularidades con que funcionaron algunos bancos comerciales, sobre todo los recién privatizados, pero también los nuevos bancos.

Esta aceptación no se ha dado de una manera tersa, sino que ha estado acompañada de exabruptos y amenazas, así como de filtraciones de información que pretenden exonerar a algunos de los funcionarios involucrados. La última amenaza fue la expresada por el secretario de Hacienda, al exponer las seis debilidades de la economía que explican la persistencia de las crisis que nos han acompañado en los últimos 15 años. Como es típico en las explicaciones de los economistas oficiales, actualmente se han resuelto cinco gracias a las políticas aplicadas por ellos, y sólo persiste la debilidad del sistema financiero.

Gurría señaló que esta debilidad se resolverá con aceptar como deuda pública los pasivos del Fobaproa, por lo que el Congreso tiene en sus manos la estabilidad de la nación. Intentar evidenciar la poca seriedad de este argumento sería trivial; lo interesante es examinar lo que se derivaría del rechazo del Congreso a consolidar como deuda pública los ``pagarés Fobaproa''.

Estos pagarés fueron garantizados por el Ejecutivo, según se ha informado, con fundamento en el artículo cuarto, fracción quinta de la Ley General de Deuda Pública, que le permitió otorgar garantías con cargo al crédito nacional. Estos pagarés no son negociables y pagan una tasa de interés varios puntos superior a la de los Cetes, capitalizables cada tres meses.

Es evidente que si la decisión del Congreso de la Unión es rechazar la iniciativa presidencial, los balances de los bancos apoyados por el Fobaproa no resultarían perjudicados; el activo en poder de los bancos, el pagaré Fobaproa, seguiría siendo un activo productivo y, por tanto, el desastre anunciado no ocurriría: los bancos podrían seguir funcionando.

Tres ejemplos bastan para ilustrar esto: para Banamex, Bancomer y Bital, los pagarés del Fobaproa representan en promedio 12.8 por ciento de sus activos; para los bancos españoles, Santander y BBV, representan 38.5 por ciento, y para Serfin 32.8 por ciento. Este activo seguirá produciendo intereses sin riesgo alguno. No es negociable, es decir, no se puede vender y convertir en dinero, pero es productivo.

De esta manera, la debacle bancaria no es real, pero sí la de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.