La Iglesia católica ha dado en días recientes una demostración cabal de su fuerza pero también de intolerancia.
Estimulados por unas (¿imprudentes, temerarias?) declaraciones del secretario de Salud pidiendo que el tema de la despenalización del aborto se abra al debate público, los más altos representantes de la jerarquía católica cerraron filas desafiando al gobierno, a buena parte de la sociedad civil y, en general, a quienes con variados argumentos se atreven a disentir de la pretensión de que el punto de vista de la Iglesia se convierta en dogma obligatorio para la nación en su conjunto.
El espinoso asunto del aborto se colocó así en el puesto central que la jerarquía le atribuye en su reconquista espiritual de la conciencia mexicana. Los argumentos empleados no son nuevos, ni mucho menos. Repiten la misma cantinela que en todo el mundo propagan los grupos religiosos conservadores. La novedad, si es que hay alguna, consiste en la forma virulenta, desnudamente política, que adoptaron los mensajes eclesiásticos -tal vez reactivados por la proximidad de la nueva visita papal- en respuesta a los inconsistentes llamados del secretario De la Fuente que no tardó ni una semana en rectificar.
Es un hecho que la Iglesia está dispuesta a cerrar filas ante el gravísimo problema de salud que representa en nuestro país la práctica clandestina del aborto, sin importarle los costos que miles de mujeres deban pagar por esa conducta, a cambio de mantener intacta la ilusión sobre su misión trascendente.
Negarse a debatir un tema que afecta la vida de miles de mujeres es una regresión inaceptable en una sociedad secularizada que aspira a vivir democráticamente. La Iglesia no desea reconocer que en México no hay, y lo subrayo, no hay prácticamente ninguna institución pública o privada que defienda el aborto como tal.
Al poner en boca de los grupos feministas las tesis abortistas, como supuesta expresión del libre albedrío de la mujer, la Iglesia reduce al absurdo cualquier propuesta racional de reforma. Pero esas son, sencillamente, falsificaciones destinadas a confundir a sus propios feligreses.
La ley debe definir con rigor cuáles son las condiciones que justifiquen el aborto, de modo que se pongan a salvo tanto la salud como los derechos humanos esenciales de la persona. Pero en estos momentos la ley no cumple su cometido: ni persigue a quienes lo practican en la clandestinidad, ni impide la muerte de un número altísimo de mujeres. Urge, pues, despenalizar el aborto.
PD a Nudo gordiano:
Pepe Blanco corrige mis apreciaciones sobre la diferencia entre ``mediación'' e ``intervención''. No se trata, por supuesto, de un asunto semántico, pero no entro ahora en esos detalles. La mediación que se reclama para Chiapas -si es que debe haber alguna- no puede ser la que eventualmente solicitara el gobierno, ni a la ONU ni a nadie, mexicano o extranjero. Tampoco la que se les ocurra a los zapatistas. Sólo una cosa está clara: ninguna mediación política es viable sin la confianza de los actores en pugna, esa es su esencia. La mediación es necesaria aquí y ahora justo porque la situación empeora, pero no es inevitable, es cierto. El gobierno, por ejemplo, cree, así lo ha dicho, en el diálogo directo, sin mediaciones. Repito: la mediación sirve si allana al diálogo y, al mismo tiempo, da garantías para que los acuerdos se cumplan. No obstante, puede ser que no se produzca el diálogo, pero entonces se abrirán las puertas a la descomposición y la violencia mucho antes del fin de siglo. No me hago ilusiones en cuanto al futuro, pero sigo creyendo, por eso mismo, que el Congreso, la sociedad civil, y los partidos, deben -y pueden-, ayudar a construir la alternativa política de solución que hoy no existe. Eso es lo que la sociedad les exige. Nada asegura, por otra parte, que tengan éxito, pero esa es su obligación, aunque el cálculo político, el 2000 y otras historias se crucen en el camino. Si alguien cree a estas alturas que puede subordinar el nudo chiapaneco a sus intereses particulares debería pensarlo dos veces. Pero esa es harina de otro costal.