Dos propuestas para agilitar el proceso de diálogo y negociación y, desde luego, la paz en Chiapas, han sido presentadas el lunes pasado en El Financiero por Raymundo Riva Palacio y por el embajador Hermilo López-Bassols en nota de Carlos Benavides. Ambas propuestas son atendibles y, por lo mismo, dignas de reflexión.

Riva Palacio parte de dos premisas significativas: 1) que la Secretaría de Gobernación no ha hecho nada por realmente negociar con el EZLN y que, por lo tanto, debería sacarse la negociación de esa Secretaría, máxime cuando su titular es precandidato a la Presidencia de la República, y 2) que el presidente Zedillo deberá luchar contra sí mismo y abrir sus alternativas, como por ejemplo comisionar como negociadores a miembros de la sociedad que pudieran ser aceptados por ambas partes. El embajador López-Bassols, por su parte, ha propuesto a Bernardo Sepúlveda, Víctor Flores Olea, Sergio González Gálvez y a sí mismo, argumentando que todos tienen experiencias en negociaciones semejantes a las que deben hacerse en Chiapas.

El secretario de Gobernación Patrocinio González Blanco fue sustituido, aparentemente, por no haber informado con oportunidad al presidente Salinas de lo que estaba ocurriendo en Chiapas y, probablemente, porque representaba una línea dura no ajena a intereses particulares en ese estado. El secretario Carpizo no intervino en las negociaciones con el EZLN dado que Manuel Camacho era el comisionado del mismo presidente Salinas. Jorge Madrazo, en sustitución de Camacho, no pudo hacer nada, pese a que su equipo se mantuvo en San Cristóbal por varias semanas intentando hacer contactos. Esteban Moctezuma fue rebasado por la estrategia militar y policiaca y la consecuente persecución de presuntos dirigentes del EZLN, hasta renunciar a Gobernación. Chuayffet, como supuesto jefe de la comisión gubernamental presidida por Marco Antonio Bernal siguió una política zigzagueante y de cambios de línea que concluyeron con la negativa del EZLN a continuar en la mesa de diálogo, sin que ello significara el rompimiento del mismo. Francisco Labastida comenzó mal al referirse al subcomandante Marcos por un nombre que éste no reconoce como propio (Rafael Sebastián Guillén); es decir, buscando un diálogo directo con alguien inexistente para fines prácticos. Por si no fuera suficiente, nombró a un coordinador que no coordina nada y que, en el mejor estilo del gobierno en su totalidad, contradice sus palabras al día siguiente de haberlas pronunciado.

Una conclusión simple sería que la Secretaría de Gobernación no es el canal adecuado para las negociaciones. Pero esta conclusión sería absurda, pues esta secretaría es la encargada de la política interior. Ergo, la conclusión es que el jefe del secretario de Gobernación, independientemente de quien sea, no ha sabido dar las órdenes y los lineamientos adecuados para llegar a acuerdos (y respetarlos) con el EZLN. Por lo tanto no se trata, en lo esencial, de cambiar de secretario de Gobernación sino de lineamientos y decisiones en la Presidencia de la República. Pues si Zedillo mantiene sus aleatorios puntos de vista sobre la perspectiva de solución para Chiapas, una comisión como la propuesta por López-Bassols también fracasaría o se vería obligada a renunciar a la primera contradicción en que cayera el doctor Zedillo, pues a nadie que se tome en serio le gusta sentirse en una licuadora cuyo control está en manos de una persona que dice una cosa y hace otra en sentido contrario a lo dicho.

La única posibilidad de que las negociaciones gobierno-EZLN tengan buen curso es que el gobierno actúe en una lógica unívoca y de buena voluntad, no con declaraciones sino con hechos. Resulta paradójico que algunos congresistas de Estados Unidos tengan más claridad que el presidente Zedillo para lograr una buena negociación en Chiapas. Estos congresistas estadunidenses están proponiendo medidas sencillas, viables y oportunas para destrabar el conflicto: desarmar a los grupos paramilitares, reducir significativamente la presencia militar en el estado, respetar los derechos humanos, solicitar la intermediación de la Organización de las Naciones Unidas y, aunque no lo dicen, respetar los acuerdos de San Andrés y, como bien propone Luis Villoro, aceptar que la unicidad del Estado y de nuestra Constitución deben cambiar a tono con la realidad plural que constituye la esencia del pueblo mexicano.