El gobierno de Zedillo indujo la recesión de 1995 para generar un superávit en la balanza comercial. La contracción brutal en la política monetaria y fiscal, el sobreajuste cambiario, y la desmedida restricción salarial provocaron la caída del PIB de 6 por ciento. El superávit comercial se logró durante 24 meses, y luego regresó el déficit externo a fines de 1997. La restricción monetaria disparó las tasas de interés y aceleró la crisis de pagos generalizada que desembocó en la quiebra del sistema bancario.

El gobierno acudió a proteger y ayudar a sus amigos neobanqueros salinistas. La ayuda se pudo canalizar por el Banco de México, aunque algunos piensan que el régimen de autonomía hacía más complicado este camino. Con el director Mancera al frente del banco central, eso no era un obstáculo insuperable. Pero había otra barrera. En 1995 estaba fresco el escándalo de los tesobonos, emitidos en connivencia de la SHCP y el Banxico en 1994. Esa deuda interna convertida en deuda externa de corto plazo hacía impensable recurrir abiertamente al Banco de México para sacar a flote a los banqueros en apuros.

Pero existía el Fondo Bancario de Protección al Ahorro establecido en el artículo 122 de la Ley de instituciones de crédito de 1990. Ese mecanismo es un fideicomiso para ``realizar operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros''. El gobierno, con la complicidad de funcionarios del Banco de México, recurrió al Fobaproa, para convertirlo en su caja chica para la ``emergencia económica'' que el mismo paquete de medidas de Zedillo estaba provocando.

El fideicomiso Fobaproa se alimenta con aportaciones de los bancos, fijadas por la SHCP a propuesta del Banco de México, que es el fiduciario o administrador. El comité técnico previsto en el acta constitutiva del fideicomiso incluye a representantes de la SHCP, el Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Y como los recursos del fideicomiso no alcanzaban para operar el rescate, a los miembros del comité técnico se les hizo fácil emitir pagarés. Esta es una de las más claras violaciones a la ley: se emitieron pagarés por encima de los recursos del fideicomiso.

Los pagarés fueron firmados por delegados fiduciarios, es decir, por los primeros encargados de hacer cumplir los objetivos del fideicomiso. Este es el caso del director técnico del Fobaproa, Arrigunaga. Además llevan la firma de funcionarios de la SHCP: se trata del gobierno federal que interviene como aval, pero sin sustento.

Todos los firmantes se excedieron en sus facultades al estampar su rúbrica en estos pagarés. Si los recursos necesarios para estas operaciones ya no alcanzaban, el director del fideicomiso lo debió hacer saber a los funcionarios del Banco de México y de la SHCP. Los funcionarios de la SHCP tampoco podían estampar su firma para asegurar el aval del gobierno federal pues el monto que el gobierno puede avalar depende de las autorizaciones expresas del Congreso. El Banco de México, como fiduciario, tenía la obligación de administrar los recursos del fideicomiso, publicando cada diciembre en el Diario Oficial el monto máximo de las operaciones del año siguiente. Estos funcionarios tenían que saber que los recursos eran insuficientes.

De cumplirse de manera rigurosa con el acta constitutiva del fideicomiso, el gobierno habría tenido que solicitar al Congreso recursos adicionales para las operaciones preventivas objeto del fideicomiso. Pero al gobierno, al Banco de México, y a los funcionarios de la CNBV, les resultó fácil utilizar el fideicomiso como fuente de recursos. Así, se evadía el control del Congreso y el gobierno pudo ocultar el verdadero costo de la recesión de 1995 y su apoyo a créditos fraudulentos de todo tipo perpetrados por los neobanqueros. De confirmarse las últimas informaciones, también pudo encubrir y ayudar a quienes habían hecho contribuciones ilegales para campañas electorales.

El Fobaproa fue distorsionado por sus propios directores, por su comité técnico y por el gobierno al convertirlo en caja chica. Ahora el gobierno pide pagar intereses por unos 10 mil millones de dólares anuales a los tenedores de los pagarés del Fobaproa para evitar un daño mayor al país. Con esos recursos en nueve años se pagaría la deuda pública externa de México. ¿En qué planeta vive el gobierno?