Andrés Aubry y Angélica Inda
``No hay paramilitares en Chiapas''

Los suscritos hemos invadido esta columna ocho veces para tratar de describir y documentar a nuevos sujetos sociales preocupantes en Chiapas. Los nombramos ``paramilitares'', con un prudente entrecomillado al principio, y luego sin esta precaución después de Acteal. Posteriormente, el procurador Madrazo declaró que había detectado una docena de grupos de ellos. Finalmente, una publicación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Chiapas, la guerra en curso, los identificó.

Pero voceros oficiales -federales, estatales o militares- vuelven insistentemente a negar su existencia. Siendo respectivamente historiador y archivista, nuestro primer reflejo fue aquél de buscar las fuentes explicativas de la negativa. Entre ellas encontramos documentos de la Escuela de las Américas que capacita a los oficiales de la contrainsurgencia en el continente. Y también material redactado por la Defensa Nacional como instructivo para el trabajo de campo de los militares mexicanos asignados a esos menesteres; sus prólogos recomiendan a los lectores que propongan los cambios que estimen pertinentes. Otros los sugerirán, lo nuestro consta solamente de sintetizar y procesar la información.

La investigación permitió establecer el parentesco entre dos documentos relevantes: un voluminoso ladrillo intitulado Field Manual Psychological Operations (Washington DC, 1987) redactado para los instructores de Fort Bragg, y su adaptación mexicana en el delgado tomo II del Manual de la guerra irregular (Sedena, enero de 1995). Es tan evidente la relación entre los dos que el segundo es a veces la traducción literal en español de frases textuales del primero. Los principales tópicos de ambos son los operativos ``sociales y políticos'' de la guerra psicológica, cuyos blancos principales son ``la población civil'' y los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, videos, volantes).

Pero existen importantes diferencias entre los dos: ``Las metas políticas bien definidas'' del texto estadunidense apuntan a cambiar las dinámicas sociales que están a la raíz de la guerra, mientras que en México ``la finalidad'' de la guerra irregular de ``restauración del orden'' es el exterminio (Núm. 532) de su enemigo. Por lo tanto, si bien el US Army aconseja ``la distribución de armas a la población civil'', el manual mexicano matiza o pasa por alto las precauciones estadunidenses, que aconsejan la prudencia cuando se trata de las poblaciones indígenas, por el carácter explosivo de su cultura si es reprimida ``sin respeto a la justicia'', por ejemplo con una torpe manipulación de ``las interferencias étnicas''; así, ``el uso de artillería sobre la población civil'' (¿cómo en El Bosque?) puede tener ``un efecto psicológico negativo con pérdida de apoyo popular y desmoralización de fuerzas amigas?''. ¿Será el sentido del ambiguo pressing de la señora Albright, advirtiendo que la GBI no se gana sin tomar esas precauciones?

Otra diferencia: si bien, del otro lado del río Bravo, se habla de combatir la insurgencia, el manual de la Sedena recuerda, al contrario, que en México los insurgentes nos dieron libertad y patria: por tanto, para ``nuestro Ejército revolucionario'', quienes desestabilizan son viles ``transgresores de la ley'' y ``traidores a la patria'' (Núm. 542).

Y tampoco puede haber paramilitares en México. La opción nacional no es la de cambiar el agua de la población civil sino la de introducir en ella ``peces más bravos'' que el pez guerrillero ``para atacarlo'' (Núm. 547). ¿Cómo? Con ``unidades de personal civil o militarizado en terreno propio (o sea ``nativo de la región''), dirigido, asesorado y coordinado por el comandante militar del área''; es precisamente lo que distingue ``la guerra irregular'' de la operación militar clásica (Núm. 553) y le da su nombre, el que la Sedena prefiere al vocablo anglosajón de Conflicto de Baja Intensidad (LIC, por sus siglas en inglés).

Este personal-clave tiene la tarea de esparcir rumores (Núm. 567, 578), propagar noticias falsas (Núm. 580-581), ``dividir y desorganizar'' comunidades al ``inducir comportamientos para reducir (vocabulario socializado por el negociador Del Valle en San Andrés) o eliminar a los simpatizantes del enemigo'' (Núm. 608) y ``causar confusión con fuerte impacto psicológico'' (Núm. 654). ``Al inicio de las operaciones, las consideraciones políticas, económicas y sociológicas restringen el uso del poder de fuego; posteriormente, este poder puede ser empleado'' (Núm. 619). ¿El 10 de junio en El Bosque marcará el arranque de la fase definida por este `posteriormente'?

Por lo tanto, el entrenamiento previo de estos civiles (Núm. 594) es imprescindible por su apoyo militarizado en retaguardias (Núm. 618). Es más, deben ostentar sus ``armas y un uniforme o distintivo fijo'' (Núm. 537) -lo que ``es político, no legal'' (Núm. 826), conforme al calificativo ``irregular'' de este tipo de guerra- porque, así identificados, ``serán tratados conforme a los acuerdos internacionales como beligerantes''. En Chiapas, los intersecretariales Comités Municipales de Seguridad Pública, creados por la SEAPI en septiembre de 1997, se encargaron de recordar esta consigna con actas pueblerinas, las que los presos de Acteal enarbolan como su defensa, pues nada más obedecieron órdenes.

Entonces, no hay anarquía paramilitar en Chiapas porque los actores de esta clase de guerra ``social, política y psicológica'' son, en los textos oficiales, confiables civiles militarizados, subordinados a competentes posgraduados del Ejército. Sepan cuántos, decían los viejos manuscritos.