Reporta el Centro Pro 97 casos de desapariciones forzadas en 2 años

Matilde Pérez U. Ť En los últimos dos años, las desapariciones forzadas o involuntarias en México han llegado a un índice similar al de la década de los 70 -cuando se documentaron 50 casos anuales-, y en la mayoría de esos hechos están involucrados integrantes del Ejército Mexicano, Seguridad Pública estatal y cuerpos paramilitares, señalaron Edgar Cortez y Rafael Alvarez, director y primer visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, respectivamente.

Al presentar el informe Desapariciones forzadas o involuntarias en México, 1996-1998, dijeron que la mayoría de los casos acontecieron en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Chihua-hua, Sinaloa y Baja California, aunque también hay registros en Puebla, Morelos, Veracruz y DF. En el periodo analizado hubo 97 personas desaparecidas, la mayoría de ellas entre septiembre de 1996 y agosto de 1997.

Por la agudización del número de casos documentados en el informe -en cuya elaboración participaron 10 organismos más y el PRD-, el Centro Pro pidió al gobierno federal ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que entró en vigor el 2 de marzo de 1996, y legislar para darle fin a la impunidad y la corrupción, pues ese acto no está tipificado como delito.

Tras mencionar que en el país no se conoce con exactitud el número de desaparecidos, Alvarez y Cortez externaron su preocupación porque la frecuencia de los casos de desaparición forzada o involuntaria evidencia la falta de voluntad política del gobierno para poner en práctica su compromiso público de mejorar la condición de los derechos humanos. ``Las autoridades mexicanas encuadran esas violaciones en términos de operaciones contrainsurgentes o de guerra contra el narcotráfico en conjunto, con la militarización de la región. Es una evolución perniciosa, porque implica a personas que no están involucradas en ninguno de los dos contextos''.

En los estados del sur, líderes regionales de comunidades, miembros de partidos políticos y de organizaciones políticas de oposición son objeto de desaparición forzada; mientras que en las entidades del norte del país los desaparecidos están vinculados con el narcotráfico, lo cual impide que las propias víctimas, sus familiares o defensores de derechos humanos denuncien los hechos. La mayoría de los desaparecidos fueron llevados a cárceles clandestinas en campos militares o casas de seguridad, de acuerdo con los datos proporcionados por ellos mismos.

Durante la conferencia de prensa, el director del Pro Juárez insistió en la necesidad de que el Congreso de Estados Unidos controle la ayuda militar que da su gobierno a México para el combate al narcotráfico, y que no sea utilizada contra los mexicanos ni en la lucha contrainsurgente. ``Eso no es una injerencia, sino una corresponsabilidad'', consideró, y dijo que por ser un asunto muy delicado tiene que ventilarse abierta y públicamente.

Entre las 14 recomendaciones que el centro de derechos humanos expuso al gobierno federal están: garantizar una investigación a fondo, imparcial, pronta y eficaz de cada denuncia o sospecha de desaparición forzada; limitar el ámbito de acción del Ejército, como lo establece el artículo 129 de la Constitución; asegurar que el personal de las cárceles, así como las autoridades policiacas y judiciales, sean capacitados adecuadamente en materia de derechos humanos, y garantizar la protección contra intimidación o represalias a familiares, testigos, víctimas, abogados y demás personas relacionadas con la desaparición.