La Secretaría de Gobernación parece haber rectificado el espinoso camino que, por su conducto, el gobierno había emprendido días atrás. El leguleyo rechazo a proporcionar información sobre el Fobaproa y la insistencia en un diálogo directo e instantáneo a pesar de las pésimas condiciones existentes, la belicosa actitud y los ninguneos a Marcos, se erguían como dos torpes botones de muestra que apoyaban la sensación de ruptura.

La reunión con los coordinadores parlamentarios hace girar la tendencia hacia una confrontación entre poderes, con la sociedad y los partidos de la que nadie hubiera salido bien librado. Enhorabuena por tal inicio de corrección. Quedan sin embargo por diluir las respuestas dadas por el señor Labastida a lo que los zapatistas plantean en sus últimos comunicados.

El subcomandante Marcos no es, y menos desde la palabra oficial, el tal Sebastián Guillén que algunos funcionarios se empeñan en nombrar para disminuir. Se tienen que dar cuenta que es un intento fútil de achicar a un actor que ya tiene en su haber reconocimientos bien cimentados, aun a escala mundial.

El oficialismo no cuenta con ninguna figura de esa estatura ni les va bien tal desenfado reduccionista a riesgo de pasar por envidiosos. Y esto por varias razones. En primer lugar porque los comunicados de referencia han penetrado en el ámbito público con mucho mayor eficacia que las versiones que dimanan desde las esferas burocráticas. Además, porque tienen una variable triple si se atiende a su contenido de análisis (se esté o no de acuerdo con él), a la calidad en la redacción o como uso de un medio idóneo para expresar posturas y reivindicaciones específicas. Otras razones más se pueden encontrar en la estrategia que revelan esos comunicados, sobre todo si los ensartamos con las acciones paralelas que los zapatistas y sus simpatizantes han emprendido en la práctica.

La comparación de todo ello con la deshilvanada y poco estructurada postura oficial, da como resultado la imagen de una carencia lamentable de discurso, esquema y guías en el Ejecutivo federal. A más de una semana de aparecidos los famosos comunicados con los que Marcos rompió el molesto silencio, las afirmaciones del señor Labastida apuntan hacia una incompleta o inexistente capacidad de articulación alrededor de una idea y voluntad básica (estrategia) que reemplace y supere a la anterior. Es sabido que el oficialismo intenta hacer pasar la versión de un triunfo rotundo de sus posturas. Alegan que obligaron, a Marcos o al zapatismo, a retomar el camino de la negociación.

El movimiento iniciado por el Senado americano para que el gobierno mexicano allane la ruta hacia la paz en Chiapas, es uno de los múltiples síntomas de que la vía empleada no va de acuerdo con esa otra realidad que ven distintos actores. Actores que, como el arriba señalado, no ha sido invitado ex profeso pero, ellos, por su propio peso específico, se van introduciendo a la mesa anquilosada de negociaciones ante la terquedad y equívocos de una de las partes principalmente: la gubernamental.

En lo tocante al Fobaproa, la andanada para hacer prevalecer la versión original de aprobar al vapor sus pasivos (los 550 mil millones de pesos) y convertirlos en deuda interna sin molestas averiguaciones, ha fracasado. Mientras continúen las tácticas dilatorias de los financieros públicos (y también privados) que pretenden restringir la circulación de datos duros, mayores serán las suspicacias ciudadanas y aumentará el desgaste que va puliendo el costo político que hay que pagar. No se podrá escamotear la rendición de cuentas respectivas y pormenorizadas. Ha llegado el momento de hacer efectivas las atribuciones indagatorias de los diputados.

A lo que ahora puede aspirar la tecnocracia y su coalición de apoyo, es a una rápida discusión informada para que, al menos en el tiempo, se llegue a una solución que no detenga o traumatice más a la sociedad y la economía.

Mientras tanto, las disputas desatadas por el Fobaproa van derrotando al rampante autoritarismo y la displicente impunidad oficial. Ambos fenómenos serán remplazados por la activa y creciente participación de sectores sociales hasta ahora excluidos de la toma de decisiones y por una exigente cultura de la responsabilidad, y el castigo electoral como derivada siempre factible.