Convocan por edictos a Carrillo Olea para el juicio político

Francisco Guerrero Garro, corresponsal, Cuernavaca, Mor., 27 de julio Ť Ante la imposibilidad de localizar al gobernador con licencia Jorge Carrillo Olea en su domicilio oficial para hacerle notificaciones, el Congreso determinó la publicación de edictos consecutivos -tres en igual número de días- para informarle que debe comparecer ante el pleno legislativo por el juicio político en su contra.

El primero, publicado este lunes en tres diarios de circulación estatal, hace del conocimiento de Carrillo Olea que dentro del término improrrogable de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la última publicación de los edictos, deberá comparecer ``ante la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso, para ser oído en defensa por sí o por conducto de su defensor, en la inteligencia de que de no comparecer ante la comisión instructora en el plazo señalado, se continuará el procedimiento en su rebeldía''.

El edicto publicado bajo la rúbrica de la secretaria técnica de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso, Magdalena López Ortiz, establece que lo anterior se encuentra fundamentado en lo dispuesto del artículo 134, fracción II del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al procedimiento de juicio político.

Asimismo, reitera que ante el Poder Legislativo fue presentada la demanda de juicio político, promovida por dirigentes de partidos políticos y líderes sociales, de la que se dictaminó su procedencia por la Comisión de Régimen Interno y Concertación, y fue aprobada por el pleno del Congreso.

Entrevistado, el oficial mayor del Congreso local, Antolín Escobar Cervantes, expresó que en cinco ocasiones acudió al domicilio del gobernador con licencia Jorge Carrillo Olea, ubicado en el fraccionamiento Los Limoneros, sin que se le pudiera localizar, por lo que no se pudo hacer la notificación ``personal o por correspondencia''.

Por ello, dijo, se determinó hacerle llegar el aviso por medio de los edictos, ya que la continuidad del juicio político por responsabilidades se vio frenada ante la imposibilidad de localizarlo.