Será difícil saber si los organismos encargados de la seguridad del Estado efectivamente realizaron una investigación sobre los empresarios que, a principios de los años 90, mostraron interés en adquirir los 18 bancos que fueron privatizados por el gobierno.

¿Pero, cómo fue entonces que se creó la nueva clase empresarial mexicana? ¿Fue acaso con el apoyo del gobierno que esos buenos muchachos pudieron adquirir los bancos? Guillermo Ortiz, actual gobernador del Banco de México y ex presidente del Comité de Desincorporación Bancaria, ha aclarado en repetidas ocasiones en conversaciones informales con representantes de diversos medios de comunicación que, junto con otros miembros del comité, se opuso a que los bancos fueran entregados a los intermediarios bursátiles. Entonces, ¿qué pasó?

En plática informal, Ortiz Martínez dijo haber defendido el proceso de desincorporación bancaria, el cual, afirmó, fue realizado ``cuidando hasta los últimos detalles''. Fue más allá y aseguró a quien escribe que no hubo privilegios de ningún tipo; que el entonces jefe del Ejecutivo no recomendó a nadie.

¿Dónde estaban los organismos encargados de la seguridad nacional cuando todo esto ocurría? ¿Por qué no se elaboró un informe detallado sobre quiénes eran los nuevos compradores de la banca? ¿Cómo es que no se dieron cuenta de quiénes eran verdaderamente los llamados casabolseros que adquirieron la banca? ¿Quién ordenó que se excluyeran de este proceso a los verdaderos banqueros? Y es que, curiosamente, fue el mismo ex presidente Carlos Salinas de Gortari quien presentó en dos ocasiones a Carlos Cabal Peniche como el empresario del año. Lo hizo primero en Tabasco y luego durante una gira internacional en Japón; antes nada se sabía de él. El Divino, por lo menos en apariencia, no necesitaba mayor presentación pues pertenecía a una familia donde había dinero, pero al igual que el grueso de los nuevos banqueros, no tenía antecedentes de haber operado en la banca.

Pero hay más, mucho más, en esta cadena de complicidades que arrojará e implicará a muchas personalidades. La Ley de Instituciones de Crédito determina las condiciones de operación del Fobaproa, estableciendo que para que las instituciones de la banca múltiple puedan recibir apoyos preventivos deberá garantizarse el pago puntual y oportuno del apoyo, con acciones del capital de la propia institución, con valores gubernamentales o cualquier otro bien, que a juicio del fiduciario satisfaga la garantía requerida.

En ningún momento se establece que el Fobaproa pueda dar apoyos que no tengan una buena garantía de recuperación de los recursos otorgados: las decisiones de respaldar a los bancos, de acuerdo con la ley, son responsabilidad del Comité Técnico integrado por la Secretaría de Hacienda (Ortiz y Gurría), el Banco de México (Mancera y Ortiz) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Eduardo Fernández). El colmo está en que los apoyos en realidad no fueron dados a los bancos, sino a los banqueros, basándose en una modificación del contrato del Fobaproa.

En consecuencia, el gran desfalco que representa el Fobaproa es, según el Partido de la Revolución Democrática, responsabilidad directa de Ortiz, Gurría, Mancera y Fernández, hasta que demuestren lo contrario. Sus decisiones fuera del contexto de la ley pueden llevar a la administración pública federal a asumir el mayor pasivo de la historia, unos 600 mil millones de pesos (20 por ciento del PIB), que tan sólo en intereses tendrá un costo anual cercano a los 100 mil millones de pesos.

Melée

Para intentar salvar esta situación el Ejecutivo envió al Poder Legislativo un proyecto para convertir en pública la deuda del Fobaproa, con lo cual se viola la Constitución Mexicana en su artículo 73, fracción VII, que a la letra dice: ``Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos''. En consecuencia, no es posible limitar las penas por estas graves violaciones de la ley, a la mera destitución o la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, que resultaría del juicio político, pues lo que en honor a la verdad y haciendo valer la ley, el o los responsables de este fraude mayúsculo merecen es la cárcel y la reposición del daño, dado que actuaron fuera de la misma causando un nuevo y cuantioso daño a la nación.